El Gobierno ordena intervenir residencias de ancianos que no cumplan y mueve fondos para Madrid

El Gobierno reconoce su alarma ante la situación detectada por efectivos de la UME en algunas residencias de ancianos, en las que detectaron que cadáveres de fallecidos por el coronavirus seguían en sus camas compartiendo espacio con los vivos. En vista de esta situación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dictado este martes una orden para intervenir aquellas residencias en las que no se cumplan las condiciones de aislamiento, limpieza y atención de los profesionales a los que se obligaba en una orden previa del 19 de marzo para todas estas instalaciones, que dependen de las comunidades autónomas.

“Esta nueva orden, más estricta aún que la anterior, establece medidas de intervención en aquellas residencias que no cumplan los requisitos, y somete a todas las residencias a la autoridad pública de cada comunidad autónoma”, ha señalado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para después añadir que también establece unas medidas estrictas de inspección sanitaria y mecanismos de información puntual para el Gobierno. Illa ha apuntado que la primera orden se dictó el 19 de marzo, pero que en vista de la evolución de la epidemia, se ha dictado una nueva orden este martes, a propuesta del vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

El Gobierno ha anunciado la creación de un grupo especial de seguimiento sobre la situación de las residencias y centros de mayores en el marco de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y después de que las Fuerzas Armadas hayan detectado algunas personas fallecidas conviviendo con residentes de varios centros. El grupo especial estará integrado por representantes de la Vicepresidencia de Asuntos Sociales y Agenda 2020, el Ministerio de Sanidad, y el de Defensa, que lidera Margarita Robles. Illa, que ha reiterado que los mayores son un colectivo de “especial atención” por tratarse de población especialmente vulnerable ante los ataques del coronavirus, ha recordado que el 5 de marzo se acordó un protocolo de actuación consensuado con las comunidades autónomas, después del que se han dictado las dos órdenes del Ejecutivo.

El Gobierno, por otra parte, ha aprobado el primer tramo de avales públicos por 20.000 millones de euros para garantizar que las entidades financieras otorguen la liquidez necesaria a empresas y a autónomos que se hayan visto afectados por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por la expansión del coronavirus Covid-19.

Este primer tramo de avales, que forma parte de una línea con un importe total de 100.000 millones de euros que será gestionada por el Instituto Oficial de Crédito (ICO), cubrirá el 80% de nuevos préstamos y renovaciones para autónomos y pymes; el 70% de nuevos préstamos para el resto de compañías y el 60% en las renovaciones que realicen estas últimas. “Damos así cumplimiento al compromiso que tenemos con las empresas, los trabajadores autónomos y las pymes, poniendo en marcha un sistema de liquidez que preserve la actividad productiva y el empleo”, ha indicado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que ha comparecido con Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esta medida tendrá carácter retroactivo desde el pasado 18 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, de forma que se garantizará la concesión de nuevos préstamos y todas las renovaciones con una vigencia igual al plazo concedido por la entidad financiera y un máximo de 5 años. Montero ha explicado que esta línea de liquidez servirá para que las empresarios atiendan sus necesidades de financiación como los pagos de salarios, de facturas, necesidades circulantes, u otras como los vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

Montero ha recordado que ya se trasladó la posibilidad del aplazamiento de deudas y obligaciones tributarias a pymes y autónomos, incluyendo IRPF e IVA, por lo que no tendrán que proceder a devolver los montantes hasta dentro de seis meses. “Es un aplazamiento importante durante el periodo de crisis”, ha subrayado y ha explicado que durante los tres primeros meses se contempla una moratoria con tipo de interés cero y gratis para las empresas, de manera que “en los próximos días muchas pequeñas y medianas empresas harán uso ya y aplazarán sus compromisos fiscales” para que cuando concluya la crisis sanitaria, sean capaces de “recuperar normalidad y atender fielmente” a sus obligaciones tributarias.

Preguntada por las peticiones de las organizaciones de autónomos del aplazamiento de las cuotas en marzo y abril, Montero ha defendido que el Gobierno ha puesto “especial interés” en este colectivo para otorgarle “estabilidad” ante la crisis sanitaria y que pueda recuperar la normalidad en el menor plazo de tiempo posible. En este sentido, ha reiterado que se podrá aplazar el pago e impuestos durante seis meses y se ha aprobado también la exención de cuotas para los autónomos que cesan actividad o sufren una caída de facturación del 75%, además de una prestación. A su vez, los autónomos con empleados a su cargo que se vean obligados a realizar un ERTE no tendrán que pagar la cuota a la Seguridad Social de sus trabajadores y se complementa con las medidas de liquidez a través de los avales públicos. “No van a tener ningún problema en recibir el crédito por parte de las entidades”, ha garantizado.

El Consejo de Ministros, además, ha aprobado la ampliación del estado de alarma hasta el 11 de abril, en las mismas condiciones que rige actualmente. El acuerdo del texto que enviará al Congreso en las próximas horas es un paso indispensable para que la Cámara lo debata y vote este miércoles la autorización o no del estado de alarma, tal y como establecen la Constitución y el reglamento del propio Congreso. Hasta las 00.00 horas del 11 de abril durará la prórroga por la que aboga el Gobierno, de acuerdo con las recomendaciones y el criterio de las autoridades sanitarias y de los expertos, ha señalado Montero.

Las condiciones del estado de alarma ya declarado por el Gobierno, mediante decreto ley aprobado el pasado 14 de marzo, serán las mismas mientras dure la prórroga, ha puntualizado. La ministra de Hacienda ha reconocido la “dureza” de una medida ante la que “el Gobierno espera contar con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias”, en palabras de Montero, quien ha subrayado que “la sociedad quiere que el conjunto de los responsables políticos” muestren unidad. Si es avalada la prórroga por la Cámara, el Gobierno volverá a reunir al Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria, el viernes que viene para decretar su entrada en vigor. La portavoz del Gobierno ha añadido: “Somos conscientes de las inquietudes y desazón que genera el confinamiento para las familias, pero las autoridades sanitarias y los expertos coinciden en que es una medida efectiva” para alcanzar el primer objetivo: aplanar la curva de contagios y que luego vaya descendiendo.

Además de detallar las medidas para evitar que se reproduzcan las situaciones que la UME se ha encontrado en algunas residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid y que ha confirmado el JEMAD, Miguel Ángel Villarroya, en una rueda de prensa previa -“algunas unidades se han encontrado con personas fallecidas, hecho que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía”, ha dicho- Illa ha defendido la compra centralizada de material sanitario que ha realizado el Gobierno, especialmente en el mercado chino, y ha negado que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez haya puesto impedimentos a las comunidades autónomas para la compra de estos productos.

El ministro de Sanidad ha recordado que las circunstancias “excepcionales” que ha provocado la pandemia por el coronavirus, han propiciado que el Gobierno pusiera “todo el peso” y la capacidad de España para hacer una compra centralizada de materiales, en un mercado “muy difícil” en el que “todo el mundo” está intentando adquirir los mismos materiales. “Nunca ha habido ningún impedimento para que las comunidades autónomas siguieran abasteciéndose de los productos que necesitan para la atención sanitaria, nunca lo hemos impedido. Las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, con un mercado desabastecido y con todo el mundo compitiendo para comprar material ha hecho necesario poner todo el peso y la capacidad del Gobierno para adquirir estos productos”, ha comentado Illa.

En este sentido, el ministro de Sanidad ha informado de que España ha participado en los procedimientos de compra conjunta de materiales de China y de la Unión Europea, y ha asegurado que se van a tomar “todas las precauciones” para asegurar que los materiales ofertados no provienen de movimientos especulativos.

El titular de Sanidad ha insistido en que esta semana será “muy dura”, aunque se espera que se llegue al pico máximo de incidencia lo que marcará un punto de inflexión, y ha pedido solidaridad con la Comunidad de Madrid por ser la región con más casos detectados del nuevo coronavirus. Ha reconocido la dureza que supone mantener las “drásticas” medidas implantadas por el Gobierno para contener la pandemia del nuevo coronavirus, si bien ha reconocido el labor “ejemplar” que están realizando todos los colectivos y los ciudadanos a la hora de cumplirlas.

Dicho esto, el ministro ha recordado que en algunos lugares del Sistema Nacional de Salud (SNS) se están produciendo algunas “tensiones” en la asistencia sanitaria, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se han mandado recursos necesarios de otras partes de España donde no son tan necesarias, y se ha realizado una compra de los materiales que más se necesitan, como por ejemplo los aparatos de respiración asistida. “Es el momento de la solidaridad con Madrid. Hay que velar por la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud y la mayor tensión, en estos momentos, se concentra en Madrid, región que nos llama a un movimiento de solidaridad”, ha apostillado el ministro de Sanidad.

Montero, ha asegurado que el Ejecutivo “no se ha planteado en ningún momento ninguna medida de rebaja salarial” a los empleados públicos. “(No nos lo planteamos) para nada. Esta noticia que hemos conocido en las últimas horas, al igual que otras muchas, forma parte de esa estrategia de confusión, de bulo, de mentira, que en nada beneficia a la situación en la que nos encontramos”, ha subrayado la portavoz. De hecho, ha indicado que justo en estos momentos lo que cabe es mostrar “todo el agradecimiento” del Gobierno a los servidores públicos, porque, según ha resaltado, mantienen servicios esenciales “absolutamente imprescindibles” y ha nombrado, entre otros, a los profesionales sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército, los profesores, trabajadores sociales y personal de ventanilla y atención telefónica.

Este mismo mensaje es el que ha trasladado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a los sindicatos CSIF, UGT y CCOO esta misma mañana, con quienes ha contactado para asegurarles que no se bajará el sueldo de los empleados públicos. En un comunicado, CSIF ha recordado que los trabajadores de todos los rincones de la administración están garantizando el funcionamiento del Estado. “Los trabajadores se están dejando literalmente la salud estos días para atender a la población y España es el país que peor protege a sus sanitarios”, ha subrayado el sindicato de Miguel Borra.

Fuentes de UGT han indicado que este es “el peor momento” para añadir preocupación y crear “alarmas infundadas” en uno de los colectivos “más involucrados” en lograr parar la pandemia del coronavirus. El Área Pública de CCOO, por su parte, ha pedido tranquilidad para los más de tres millones de empleados públicos, “que tienen garantizados sus empleos, sus condiciones de trabajo y sus salarios”. El sindicato ha agradecido el esfuerzo que están haciendo los funcionarios para garantizar y velar por la salud de los ciudadanos en todos los estamentos de la sociedad.

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