El Gobierno transferirá Prisiones a Euskadi este año y la gestión de la Seguridad Social en 2021

Euskadi verá satisfecha a finales del próximo año una de sus reclamaciones históricas: la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, se ha reunido en Vitoria con el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, para concretar el calendario de transferencias pendientes en el que destaca la relativa a la Seguridad Social. Los estudios para llevarla a cabo se iniciarán en junio de 2021 y se concretará entre ese mes y diciembre. Erkoreka ha calificado de "histórico" que se haya plasmado en un documento el compromiso sobre una materia tan sensible y que siempre ha sido objeto de debate. Por otro lado, la cesión de la gestión de Prisiones, otra transferencia polémica, se acelera y podría producirse este mismo año, tras las elecciones vascas, aunque en cualquier caso la política penitenciaria seguiría dependiendo del Ejecutivo central.

Lo que se ha acordado este jueves es un cronograma para culminar el desarrollo del Estatuto de autonomía. Darias ha defendido que se trata de “un calendario realista”, a ejecutar durante este año 2020 y el próximo y que arrancará con el trabajo en torno a la gestión de los centros penitenciarios a partir del mes de junio, tras haberse celebrado ya las elecciones autonómicas vascas del 5 de abril y con la constitución del nuevo Gobierno. La última transferencia, de la treintena a traspasar, sería la de la gestión Económica de la Seguridad Social porque, según ha explicado Darias, “es una materia tremendamente compleja” y porque sería bueno que el análisis se realice “una vez estén los acuerdos del Pacto de Toledo avanzados y engranados”.

La complejidad de este asunto provocó que Pedro Sánchez no lo incluyera en el primer paquete de transferencias que pactó la entonces ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, con el Gobierno vasco. Ahora, no ha tenido más remedio que hacerlo después de que el PNV apoyara con sus seis votos la investidura del líder socialista. Erkoreka, sin embargo, ha tratado de desligar el compromiso alcanzado con Darias del sí a Sánchez. En una comparecencia posterior al encuentro que se ha celebrado en Vitoria, el consejero ha dejado claro que en ningún caso se plantea “la ruptura de la caja única de la Seguridad Social”, como ha denunciado el PP, sino que se trata de “cumplir estrictamente” lo que recoge el Estatuto de Gernika.

El PP ha llegado a decir que el acuerdo supone “la desaparición del Estado” en el País Vasco y el líder de los populares en esa comunidad, Alfonso Alonso, ha considerado que es “una irresponsabilidad jugar” con esto porque puede ser “el principio de la ruptura” del sistema y del principal instrumento de solidaridad. El propio líder nacional del partido, Pablo Casado, ha reaccionado en un tuit reprochando a Sánchez que “sigue pagando el precio de su investidura a costa de la igualdad de los españoles”. Y añade que “transferir la gestión de la Seguridad Social al País Vasco es el avance para romper la caja única y compromete el futuro de las pensiones”.

Lo cierto es que no parece que el Gobierno pretenda ‘saltarse’ al Tribunal Constitucional, que tiene numerosas sentencias que avalan la transferencia pero con un límite muy claro: que no se comprometa la unidad del sistema ni se cuestione la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social. Según detalló este miércoles la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, se trataría de transferir a Euskadi “medios materiales y humanos: funcionarios y edificios”. “Lo que no se rompe es la caja única. Las pensiones las va a seguir pagando y garantizando el Gobierno de España”, aseguró.

Lo que ha establecido el Tribunal Constitucional de forma particularmente clara en tres de sus sentencias relativas a este asunto (1989, 1996 y 2013), es que el sistema español de Seguridad Social es de caja única, lo que significa las cotizaciones de trabajadores y empresarios van a parar a un fondo común que, posteriormente, se reparte con un doble criterio: respetando una cierta proporcionalidad entre lo cotizado y lo percibido, y dejando un margen para que cada Gobierno tome sus propias decisiones en el marco de las políticas públicas que considere oportunas.

La sentencia de 1989 afirma que “el principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social significa la unidad de titularidad (…) puesto que, si faltara un único titular de los recursos financieros del sistema público de aseguramiento social, tanto para operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, no podría preservarse la vigencia efectiva de los principios de caja única y de solidaridad financiera, ni, consecuentemente, la unidad del sistema”.

Lo que es inviable tanto desde el punto de vista político como económico es la territorialización de las pensiones, lo que se explica en base a una casuística relativamente común: un ciudadano español puede percibir su pensión en una determinada comunidad después de haber cotizado en otra durante la mayor parte de su vida laboral. Lo que tampoco sería aceptable es que se produjeran diferencias en las prestaciones que perciben los pensionistas en razón de la comunidad que las abone, es decir, que los pensionistas vascos pueden percibir más que los de otros territorios por el simple hecho de residir y cobrar en Euskadi.

La reunión de este jueves se cerró el pasado 5 de febrero en un encuentro previo entre Darias y Erkoreka que se celebró en Madrid y al que el Ejecutivo autonómico llevó su reivindicación de traspaso a Euskadi de una treintena de competencias recogidas en el Estatuto de Gernika que aún no son gestionadas por las instituciones autonómicas.

Otra de las más relevantes es la de Prisiones. Según dijo Erkoreka, no hay motivos para no hacer efectivo este traspaso porque “no plantea problemas técnicos, ni jurídicos” y ni tan siquiera “políticos” desde la desaparición de ETA. En este sentido, rechazó que se “intente mezclar este anuncio” con factores como el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas a sus lugares de origen, tal y como reclama el gabinete de Iñigo Urkullu. “Quienes lo mezclan todo solo quieren inocular miedo”, advirtió.

De esta forma, todo parece indicar que la transferencia de la gestión de los de centros penitenciarios se hará este mismo año, aunque la política penitenciaria, que incluye las decisiones sobre acercar a presos de ETA a Euskadi, seguirá en manos de Interior. Sin embargo, el Ejecutivo vasco sí podrá aplicar a los presos que están en su territorio beneficios penitenciarios en sus condenas, que podrían ser más flexibles, como ya sucede en Cataluña.

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