El Gobierno deroga el despido por acumulación de bajas y aplaza a diciembre el cobro de la ‘tasa Google’

El Consejo de Ministros aprobará este martes a través de un Real Decreto-ley la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite a los empresarios el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas justificadas. La derogación de este artículo fue anunciada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al poco de llegar al cargo, con el consiguiente disgusto de la patronal. El Gobierno también tiene previsto aprobar la tasa digital, más conocida como 'tasa Google', cuyo cobro sin embargo no se empezará a producir hasta diciembre, siguiendo el ejemplo de Francia, para evitar las represalias de Estados Unidos.

Así lo anunció este lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, en Bruselas: “Nosotros tendremos y preveremos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional”.

La vicepresidenta tercera subrayó que en Francia no se ha suspendido el impuesto, sino que simplemente se han suspendido los pagos a cuenta de modo que la liquidación del mismo se produzca a finales de año. El planteamiento francés aplaza hasta diciembre los pagos correspondientes a abril y noviembre. En caso de no llegar a un acuerdo en el seno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se procedería a su recaudación en diciembre, y de alcanzar un pacto internacional pasaría a aplicarse la nueva normativa. El Ejecutivo galo tomó esta decisión en enero en el marco de sus negociaciones con Estados Unidos, después de que la Administración Trump amenazase con imponer aranceles a los vinos franceses en respuesta a una tasa que, a su juicio, perjudica a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Pese al precedente francés, Calviño afirmó este lunes que “no tiene por qué haber ningún tipo de reacción negativa” a la introducción de la tasa a determinados servicios digitales en España. “Estamos absolutamente alineados con las acciones que se han ido desarrollando en el ámbito comunitario, estamos siguiendo de cerca los debates internacionales. Todos estamos comprometidos con el desarrollo de un marco normativo adecuado para estos servicios digitales en los próximos meses y no tiene por qué haber ningún tipo de reacción negativa”, argumentó.

Lo que está previsto es que el impuesto sobre determinados servicios digitales grave con un 3 % los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. Solo afectará a las multinacionales tecnológicas con unos ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y 3 millones en España y con él se esperan recaudar 1.200 millones de euros.

El Gobierno también quiere dar luz verde a la ‘tasa Tobin’ o impuesto sobre las transacciones financieras con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros y que gravará con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. El impuesto será liquidado por el intermediario financiero y no afectará a las salidas a bolsa, reestructuraciones empresariales, operaciones entre sociedades del mismo grupo ni cesiones de carácter temporal.

Supresión del despido por acumulación de bajas con el disgusto empresarial

En cuanto al desmontaje de la reforma laboral que arranca este martes con la derogación del despido por acumulación de bajas médicas, hay que recordar que se contempla en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que fue modificado con la reforma laboral de 2012 y que establece que un contrato de trabajo puede extinguirse por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.

La supresión del 52.d se produce después de que el Tribunal Constitucional, en una sentencia conocida a finales de octubre, avalara la extinción del contrato laboral por causas objetivas si hay faltas de asistencia justificadas aunque intermitentes. Lo que se aprueba hoy es la derogación del artículo, no su modificación ni su sustitución por otro texto. De esta forma, el despido por acumulación de bajas médicas justificadas dejará de ser una causa objetiva para el despido de un trabajador. Esto no significa que un empresario no pueda despedir a alguien de su plantilla por faltas de asistencia o impuntualidad, pues podría argumentar esta razón para realizar lo que se conoce como despido disciplinario.

La ministra de Trabajo ha destacado en varias ocasiones que la derogación del artículo 52.d va a ser “una gran noticia” para que se dejen de vivir situaciones degradantes en España y evitar así que un trabajador pueda perder su puesto de trabajo estando en una situación vulnerable. La derogación de este artículo no ha formado parte del diálogo social, aunque la ministra sí informó a sindicatos y empresarios de su aprobación.

Mientras que CCOO y UGT han celebrado que vaya a aprobarse este Real Decreto-ley, en algunos sectores de la CEOE no se ve con buenos ojos. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, no se ha opuesto frontalmente a la derogación de este artículo, aunque ha planteado que los primeros siete días de baja, sobre todo en el caso de las pymes, “los pague la Administración”. En su opinión, habría que profundizar mucho más en el tema del absentismo “porque el absentismo profesional es una realidad en España”. Por su parte, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball y vicepresidente de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, ha mostrado su oposición a la derogación de este artículo.

La ministra de Trabajo cree que el rechazo empresarial a esta medida es minoritario y ha dejado claro que el Gobierno tiene la obligación de legislar “para corregir lo que ya es fuente del derecho europeo”.

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