Borràs planta al Supremo y obliga a solicitar el suplicatorio por la adjudicación irregular de contratos

La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, ha rechazado ir a declarar voluntariamente este viernes ante Tribunal Supremo (TS) por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) a un amigo cuando ella estaba al frente. El Supremo abrió en diciembre pasado una causa a Borràs porque cree que existen indicios de que cometió cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad. El alto tribunal hizo suyo el criterio de la Fiscalía, para quien hay indicios de que, durante la etapa en la que la hoy diputada estaba al frente de la ILC, un organismo público dependiente de la Generalitat, hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados por esta institución a favor de Isaías Herrero, amigo y excolaborador de Borrás.

En varios apuntes de Twitter, Borrás aseguró anoche que ir a declarar “implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año” que está criticando en una causa que, según ha dicho, ha vulnerado sus derechos. Además, se declara víctima de una persecución política al vincular la acción de la justicia con su ideología. “Hay que recordar que esta causa no habría existido nunca si yo no fuera ‘una conocida independentista”, ha señalado, y ha afirmado que está orgullosa del trabajo realizado con los contratos que son objeto de investigación.

Borrás ha manifestado que “el mismo fiscal que vio una rebelión inexistente el 1-O” ahora la acusa de una corrupción que ha asegurado que es inexistente. Y también ha defendido que los trabajos ahorraron dinero al ILC y ha constatado: “En todo este tiempo ni jueces ni fiscales se han molestado en comprobar la calidad y la veracidad de este trabajo”.

El TS le ofreció declarar voluntariamente pero, si no comparece este viernes, el magistrado instructor puede proponer a la Sala de lo Penal la tramitación de un suplicatorio para obtener permiso para interrogarla como investigada.

El alto tribunal abrió en diciembre la investigación tras recibir una exposición razonada del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, que comenzó a investigar los hechos por presuntos delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La exposición razonada de la juez de Barcelona, así como el informe favorable de la Fiscalía, destacaban que la diputada de JxCat presuntamente actuó de común acuerdo con I.H. -también investigado por el juzgado barcelonés- “para defraudar” a la ILC mediante el fraccionamiento de contratos relacionados con la programación informática.

Borràs ha lamentado este jueves que la “investigación ilegal” ha implicado el cierre de páginas web bajo sospecha, y ha indicado que supone un perjuicio para los ciudadanos.

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