Sánchez cita a Casado el lunes con Cataluña, el PGE, la crisis y la renovación del Poder Judicial de fondo

Pedro Sánchez y Pablo Casado mantendrán una reunión el próximo lunes en el Palacio de la Moncloa. La cita surge a iniciativa del presidente, que es quien ha convocado al líder de la oposición, en un momento de máxima incertidumbre por el impacto que pueda tener la próxima campaña electoral en Cataluña -se espera que Torra convoque las elecciones, como muy tarde, para otoño- en la ‘resolución del conflicto’ y en la aprobación de los Presupuestos. Para ambas tareas sigue siendo indispensable contar con ERC, pero eso podría cambiar si otro partido nacional no bloqueara las cuentas del Estado lo que, de paso, dejaría al independentismo sin elementos de presión para hallar una salida a la cuestión catalana.

Este miércoles, en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez tendió la mano a Casado para llegar a acuerdos, pese a que unos instantes antes el líder del PP le había lanzado duras acusaciones. Sánchez pidió a Casado que haga “una oposición de Estado” y “útil” a los españoles, de forma que sea “el eco y la voz de los millones de españoles que votaron una opción moderada en el PP, y no el “eco de la ultraderecha”. “La pregunta que tendrá que responder en estos cuatro años de legislatura es dónde se va a situar el PP, en la confrontación y la crispación, o en el diálogo y el acuerdo”, le dijo para añadir que si Casado quiere ser “valiente” y “encontrarse” con el Gobierno para resolver problemas, el Gobierno le “tiende la mano” en esta legislatura.

El más, el jefe del Ejecutivo consideró que podrían llegar a acuerdos en cuestiones como el Pacto de Toledo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) o la financiación autonómica, entre otros asuntos de Estado. La invitación no pudo ser más explícita, sobre todo después de que Sánchez respondiera de forma mucho más abrupta al líder de Vox, Santiago Abascal. El presidente se refirió a esa formación como “ultraderecha”, acusándola de “hacerse pasar por amiga” de Venezuela mientras en España “estigmatiza a los inmigrantes”. “Les importa tanto Venezuela como España, nada; solo la utilizan para hacer lo único que saben, ruido”, añadió.

Que Sánchez quiera restablecer el diálogo y la colaboración institucional teniendo por delante retos de envergadura como Cataluña y el bache económico que asoma con la desaceleración y la rebaja del crecimiento, responde a una lógica política irreprochable. Tanto es así que fuentes del PP han considerado que se enmarca dentro del “respeto institucional” por lo que Casado acudirá como ha hecho siempre que el presidente le ha invitado a participar en este tipo de encuentros. Pero ahí se acaba la cordialidad.

Esas mismas fuentes aseguran que Casado, que ha llegado a ofrecer a Sánchez hasta once pactos de Estado, acudirá a Moncloa con la intención de que el Gobierno vuelva a posiciones de “moderación y centralidad” de las que cree que se ha alejado tras su pacto “con Podemos, ERC y Bildu”. Esto, traducido al lenguaje de la actual dirección del PP, significa rectificar, es decir, renegar de pacto para gobernar en coalición con Podemos, de las políticas progresistas y del diálogo con el independentismo catalán, aunque sea a costa de recurrir de nuevo al artículo 155 para frenarlo, y renunciar a Navarra, donde los socialistas gobiernan gracias a la abstención de los abertzales.

Según Génova, Casado, que el miércoles aseguró que Sánchez no respeta el Estado de Derecho, quiere mostrarle cuando se vean su preocupación por “la degradación institucional” en este mes del Gobierno de coalición y por Cataluña, así como trasladarle “la preocupación de los españoles por la actual situación de frenazo económico y deterioro del empleo que se vive en España”.

Desde el Gobierno destacan que el diálogo con la oposición “es muy importante” y que lo que se busca es “engrasar” la relación institucional “necesaria” con la oposición, además de pedir a Casado que haga “oposición de Estado” y se avenga a hablar con el Ejecutivo de los grandes pactos a los que hay que llegar. Lo importante en cualquier caso, añade Moncloa, es que se celebre la reunión en sí, que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se vean, trabajen e incluso “sumen”.

El ‘no’ de Casado tras el 10-N y los grandes asuntos pendientes de pacto

La última vez que Sánchez y Casado se reunieron fue el 16 de diciembre, cuando el líder socialista buscaba apoyos para su investidura tras las elecciones del 10-N. Entonces, el ganador de los comicios le pidió la abstención al líder popular para no tener que recurrir a los independentistas de ERC y la respuesta que obtuvo fue un rotundo no. “Sánchez ha intentado que el PP sea una coartada” y “el PP no puede ser un partido que blanquee ese pacto con Podemos”, dijo Casado en alusión al acuerdo con Pablo Iglesias que el líder socialista anunció inmediatamente después de las elecciones. “Nadie de España entendería que el PP facilitase un gobierno con Podemos”, porque “Sánchez sólo está esperando un certificado de la cárcel que le sirva para lacrar un acuerdo que ha dejado fuera libremente al PP”, añadió refiriéndose al apoyo de ERC y al visto bueno de Oriol Junqueras que esperaba la formación para dar vía libre a la investidura.

Además de la renovación del Poder Judicial que mencionó Sánchez en el pleno del miércoles, el Gobierno y el PP tienen pendiente negociar la renovación del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo, nombramientos para los que necesitan los votos de los tres quintos Congreso, 210. Entre las dos formaciones suman 209 con lo que, en el hipotético caso de que se pusieran de acuerdo, solo necesitarían un voto más. Desde Génova se han quejado reiteradamente de no haber recibido ninguna llamada para iniciar las conversaciones previas a la renovación de todos esos órganos. En cualquier caso, hay proyectos del Gobierno que, tal y como están planteados, pueden constituir un serio obstáculo para que prosperen. La reforma del Código Penal para rebajar la pena por sedición ocupa sin duda un lugar destacado. Otro es la revisión de la prisión permanente revisable. Y, sumado a todo ello pero no menos importante, la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Por lo que se refiere al órgano de Gobierno de los jueces, de mayoría conservadora, está pendiente de renovación desde diciembre de 2018 y al Gobierno le urge acometerla después de haber protagonizado algún que otro encontronazo como el que tuvo lugar cuando Pablo Iglesias, siendo ya vicepresidente, lamentó en una entrevista que la justicia española hubiera sido “humillada” por la europea. El CGPJ no tardó en reaccionar demandando al Gobierno “responsabilidad institucional”.

Hace un año, Casado había aceptado un pacto de renovación que incluía que Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y hombre clave del juicio del procés, sería el nuevo presidente del Poder Judicial y a cambio los progresistas tendrían la mayoría de control. El pacto saltó por los aires cuando el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, cuestionó la imparcialidad de Marchena, quien a raíz de aquello se apartó y declinó ser promovido para el cargo. Ahora, el PP tiene muchas más reservas para llegar a un acuerdo con el PSOE ya que su representación parlamentaria no es la que era tras haberse desplomado en las urnas. No obstante, antes o después habrá que renovar un mandato que va camino de dos años de prórroga.

Con todo esto encima de la mesa, habrá que ver si el lunes se produce algún síntoma de deshielo, cinco días después de que el portavoz adjunto en materia sanitaria del Grupo Popular, José Ignacio Echániz, dijera que detrás de la Ley de eutanasia que promueven los socialistas, está la “filosofía” de “evitar el coste social” que supone el envejecimiento en España y, por tanto, de “ahorrar” en materia de ayudas sociales, pensiones y dependencia de las personas mayores.

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