Estrasburgo avala las ‘devoluciones en caliente’ en Ceuta y Melilla porque no vulneran los DDHH

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado este jueves las devoluciones sumarias de migrantes en la frontera de Melilla y considera que son legales y no contrarias a los derechos humanos.

La decisión de los 17 magistrados que conforman la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo se ha conocido este jueves en una vista pública. El pronunciamiento de la Gran Sala del TEDH es opuesta a la sentencia emitida este mismo tribunal en octubre de 2017, cuando condenó a España por devolver a Marruecos a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014.

Las conocidas como ‘devoluciones en caliente’ fueron regularizadas en el 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la figura del ‘rechazo frontera’, que fue incluida en una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana. El PSOE, a su llegada a La Moncloa, continuó realizando este tipo de devoluciones de migrantes a Marruecos, alegando que se hace “en cumplimiento de la legislación vigente”.

Sin embargo, el tribunal europeo en el año 2017 condenó a España por expulsar de forma inmediata a un ciudadano de Mali y otro de Costa de Marfil (N.D. y N.T) a Marruecos, tras encaramarse a la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014.

El tribunal consideró entonces que se produjo una expulsión colectiva contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Por ello, condenó al Estado a indemnizar con 5.000 euros a cada demandante, representados por dos abogados colaboradores del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Gonzalo Boyé y Carsten Gericke.

Pero esta condena del TEDH fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo argumentario consistió en hablar de ‘rechazos en frontera’ porque los migrantes que saltan la valla hispano-marroquí no pisan suelo español hasta que no sobrepasen a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que la custodian.

A su llegada al Gobierno en 2018, el PSOE decidió mantener el recurso interpuesto por el anterior Ejecutivo del PP, a pesar de que los socialistas se comprometieron a paralizar las devoluciones sumarias.

Es más, en 2015 los socialistas presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Seguridad Ciudadana –conocida como Ley Mordaza–, al igual que hicieron otros grupos de la oposición. El Tribunal de Garantías todavía no se ha pronunciado al respecto.

Entre los preceptos de la ley impugnados por el PSOE está la disposición final primera que establece lo siguiente: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

Pese a esa postura inicial de los socialistas, el PSOE, al llegar al Gobierno en 2018, defendió la necesidad de esperar al pronunciamiento definitivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de suprimir esta práctica que, además, el Ministerio del Interior con Fernando ha admitido haber realizado con Fernando Grande-Marlaska al frente, alegando que se hacían “en cumplimiento a la legislación vigente”.

Contra el fallo de este jueves no cabe recurso, por lo que España no tendrá que indemnizar con 5.000 euros a cada uno de los demandantes. El TEDH tiene pendientes dos demandas similares contra España, presentadas en 2015 y 2017 por tres subsaharianos, que alegan expulsión colectiva “con malos tratos” y sin posibilidad de recurso en Melilla y Ceuta.

Reacciones al fallo

El Gobierno ha asegurado que “respeta y acata”, como hace con todas las resoluciones judiciales, la decisión del TEDH. Así lo han transmitido a Efe fuentes del Ministerio del Interior nada más conocerse el fallo de la Gran Sala del TEDH, que revoca la condena que impuso a España en 2017 por la expulsión de N.D y N.T que, dice ahora, “decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español”.

El PP y Vox han celebrado este jueves la sentencia mientras que IU cree que esta decisión supone un “precedente peligroso”, mientras que ERC la ha calificado de “salvajada”.

La portavoz adjunta de la dirección del PP y portavoz de Ciudadanía y Libertades, Pilar Marcos, ha recordado que esta medida se puso en marcha durante un Gobierno ‘popular’, presidido por Rajoy. De ahí, que ahora destaque esta decisión como “una buena noticia”, señalando, además, que se ha tomado “por unanimidad”. A su juicio, esta sentencia tiene “un añadido” y es que el PSOE en la oposición “la criticó mucho”, hasta que llegó a la Moncloa tras la moción de censura. Según ha explicado, el escrito de los socialistas al TEDH sobre este tema “fue el mismo” que el que en su día envió el PP. “Ahora nos ha dado la razón”, ha declarado.

Mientras, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha apuntado que se trata de “una victoria para España” y para “el Estado de Derecho”. “Es la constatación de que una nación tiene derecho a defender sus fronteras y cuando uno se dedica a perforarlas o romperlas, tiene derecho a devolver a su lugar de origen lo más rápido posible”, ha señalado.

Su compañero de formación, el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, considera que “no está de más para el mundo progre” que Estrasburgo avale ahora esta práctica sobre “los inmigrantes que entran en Ceuta y Melilla ilegalmente con intensa violencia“. A su juicio, “los que saltan la valla se colocan voluntaria, deliberada, conscientemente en situación de ser retenidos y devueltos al origen”.

Estas opiniones son completamente contrarias a las manifestadas por IU. Su diputado y responsable federal de Interior y Justicia, Enrique Santiago, cree que esta sentencia reafirma “la necesidad de establecer vías legales y seguras de entrada al territorio, entre ellas la concesión de visados o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados”. Santiago, que ha calificado este jueves como un “día triste”, ha indicado que su formación seguirá “exigiendo un compromiso para que se acabe con esta práctica” en las fronteras españoles, tanto terrestres como marítimas. “La ‘ilegalidad’ del modo de entrada en el país de la que habla el fallo no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales de las personas. Esta sentencia sienta un peligroso precedente para quienes estén tentados de amparar cualquier tipo de violación de derechos”, ha declarado.

También el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Grabriel Rufían, ha mostrado su contrariedad por esta decisión. “Es una salvajada”, ha respondido al ser preguntado por los medios en los pasillos del Congreso.

Por su parte, Más País ha declarado a Europa Press que “nunca” podrá asumir “como normal” que “se trate de manera inhumana a personas que huyen de una realidad desesperada” y considera que la postura del Tribunal es “inmoral” e “intolerable”. La formación que lidera Íñigo Errejón dice, además, que le preocupa el cambio de criterio de Estrasburgo, que en una sentencia anterior sí había rechazado esta práctica. “Sienta un precedente peligroso, legitima la vulneración de derechos humanos que incentiva la dejadez a la hora de buscar vías seguras y asienta el modelo de Europa fortaleza que se cobra vidas en el Mediterráneo, una decisión que seguro que Salvino y VOX aplauden”, han denunciado.

Finalmente, fuentes de Ciudadanos han declarado a Europa Press que la formación es “favorable a cumplir escrupulosamente la legalidad y a acatar las resoluciones judiciales, sean tribunales nacionales o el de Estrasburgo”. Del mismo modo, han mostrado su apoyo y agradecimiento a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y su labor en las vallas fronterizas de Ceuta.

También la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha reaccionado inmediatamente al fallo, que en su opinión, debe implicar un cambio en la legislación en materia migratoria que clarifique “el protocolo de actuación de los agentes” frente a la entrada irregular de personas a España. De esta forma, opina que hay que dotar de mayor garantía jurídica al trabajo de los guardias civiles, proteger las fronteras “eficazmente” garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de los inmigrantes.

El Tribunal Constitucional esperaba esta sentencia para pronunciarse sobre el recurso que el PSOE y otros grupos interpusieron contra la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que regulaba las devoluciones en caliente a través de una disposición adicional.