El Gobierno respeta y acata el fallo de Estrasburgo que avala las ‘devoluciones en caliente’

El Gobierno "respeta y acata", como hace con todas las resoluciones judiciales, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de avalar las devoluciones en caliente a Marruecos de dos inmigrantes que saltaron la valla de Melilla porque, según el fallo hecho público este jueves, "se pusieron en situación de ilegalidad" recurriendo "a la fuerza".

Así lo han transmitido a Efe fuentes del Ministerio del Interior nada más conocerse el fallo de la Gran Sala del TEDH, que revoca la condena que impuso a España en 2017 por la expulsión de N.D y N.T que, dice ahora, “decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español”.

El PP y Vox han celebrado este jueves la sentencia mientras que IU cree que esta decisión supone un “precedente peligroso”, mientras que ERC la ha calificado de “salvajada”.

La portavoz adjunta de la dirección del PP y portavoz de Ciudadanía y Libertades, Pilar Marcos, ha recordado que esta medida se puso en marcha durante un Gobierno ‘popular’, presidido por Rajoy. De ahí, que ahora destaque esta decisión como “una buena noticia”, señalando, además, que se ha tomado “por unanimidad”. A su juicio, esta sentencia tiene “un añadido” y es que el PSOE en la oposición “la criticó mucho”, hasta que llegó a la Moncloa tras la moción de censura. Según ha explicado, el escrito de los socialistas al TEDH sobre este tema “fue el mismo” que el que en su día envió el PP. “Ahora nos ha dado la razón”, ha declarado.

Mientras, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha apuntado que se trata de “una victoria para España” y para “el Estado de Derecho”. “Es la constatación de que una nación tiene derecho a defender sus fronteras y cuando uno se dedica a perforarlas o romperlas, tiene derecho a devolver a su lugar de origen lo más rápido posible”, ha señalado.

Su compañero de formación, el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, considera que “no está de más para el mundo progre” que Estrasburgo avale ahora esta práctica sobre “los inmigrantes que entran en Ceuta y Melilla ilegalmente con intensa violencia“. A su juicio, “los que saltan la valla se colocan voluntaria, deliberada, conscientemente en situación de ser retenidos y devueltos al origen”.

Estas opiniones son completamente contrarias a las manifestadas por IU. Su diputado y responsable federal de Interior y Justicia, Enrique Santiago, cree que esta sentencia reafirma “la necesidad de establecer vías legales y seguras de entrada al territorio, entre ellas la concesión de visados o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados”. Santiago, que ha calificado este jueves como un “día triste”, ha indicado que su formación seguirá “exigiendo un compromiso para que se acabe con esta práctica” en las fronteras españoles, tanto terrestres como marítimas. “La ‘ilegalidad’ del modo de entrada en el país de la que habla el fallo no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales de las personas. Esta sentencia sienta un peligroso precedente para quienes estén tentados de amparar cualquier tipo de violación de derechos”, ha declarado.

También el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Grabriel Rufían, ha mostrado su contrariedad por esta decisión. “Es una salvajada”, ha respondido al ser preguntado por los medios en los pasillos del Congreso.

Por su parte, Más País ha declarado a Europa Press que “nunca” podrá asumir “como normal” que “se trate de manera inhumana a personas que huyen de una realidad desesperada” y considera que la postura del Tribunal es “inmoral” e “intolerable”. La formación que lidera Íñigo Errejón dice, además, que le preocupa el cambio de criterio de Estrasburgo, que en una sentencia anterior sí había rechazado esta práctica. “Sienta un precedente peligroso, legitima la vulneración de derechos humanos que incentiva la dejadez a la hora de buscar vías seguras y asienta el modelo de Europa fortaleza que se cobra vidas en el Mediterráneo, una decisión que seguro que Salvino y VOX aplauden”, han denunciado.

Finalmente, fuentes de Ciudadanos han declarado a Europa Press que la formación es “favorable a cumplir escrupulosamente la legalidad y a acatar las resoluciones judiciales, sean tribunales nacionales o el de Estrasburgo”. Del mismo modo, han mostrado su apoyo y agradecimiento a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y su labor en las vallas fronterizas de Ceuta.

También la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha reaccionado al fallo, que en su opinión, debe implicar un cambio en la legislación en materia migratoria que clarifique “el protocolo de actuación de los agentes” frente a la entrada irregular de personas a España.

De esta forma, opina que hay que dotar de mayor garantía jurídica al trabajo de los guardias civiles, proteger las fronteras “eficazmente” garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de los inmigrantes.

Según la sentencia dictada por unanimidad de 17 jueces de la corte europea, España no vulneró el artículo 13 (Derecho a un recurso efectivo) ni el artículo 4 del Protocolo 4 (Prohibición de expulsiones colectivas) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El fallo, contra el que no cabe recurso y que esperaban con atención los gobiernos europeos, dice que Estrasburgo “no puede hacer responsable al Estado de la ausencia en Melilla de una vía de recurso legal que les hubiera permitido recurrir la expulsión”.

Los demandantes, N.D., de Mali, y N.T., de Costa de Marfil, llegaron a Marruecos entre finales de 2012 y comienzos de 2013 y acamparon varios meses en el campamento improvisado del monte Gurugú hasta saltar la valla el 13 de agosto de 2014, junto a casi un centenar de subsaharianos.

Una vez expulsados, repitieron el intento en octubre y diciembre de 2014. El primero fue reenviado a Mali y el segundo se encuentra en algún lugar de España.

El Tribunal Constitucional esperaba esta sentencia para pronunciarse sobre el recurso que el PSOE y otros grupos interpusieron contra la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que regulaba las devoluciones en caliente a través de una disposición adicional.