El Supremo deja a Torra sin escaño pero él no acata su inhabilitación: ‘Soy diputado y president’

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión de la defensa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, -respaldada por la Fiscalía- de suspender la ejecución de la resolución de la Junta Electoral Central del pasado 3 de enero, que retiró al mandatario catalán su credencial de diputado en el Parlament. Es decir, el alto tribunal deja a Torra sin escaño incluso antes de que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre el recurso del 'president' contra la condena por desobediencia por parte del TSJC que le inhabilita para ejercer un cargo público durante 18 meses. La decisión tiene dos derivadas: la política -Torra no acata e insiste en que sigue siendo diputado- y la jurídica ya que el auto del TS no deja de ser un varapalo para la Fiscalía.

La Junta Electoral se acogió al artículo 6.2.b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que establece que son “inelegibles” los “condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos (…) contra la Administración Pública (…) cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”. Frente a la pretensión de la defensa de Torra de que se plantee la inconstitucionalidad de ese artículo y del 6.4 de esa misma norma –“las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad”-, el auto del Supremo establece que “la Sala no alberga dudas en este momento sobre la regularidad constitucional de los preceptos que se mencionan”.

Por otra parte, el Supremo rechaza entrar en el fondo del asunto, una pretensión que según dice en su auto parte del recurrente y de la Fiscalía y que “no cabe prejuzgar en este juicio preliminar”. “Es obvio decir que desde su entrada en vigor la LOREG se aplica con pleno respeto al principio de igualdad del artículo 14 CE, como exige el artículo 8.1 de la misma. Debemos reiterar lo que ya dijimos en el Auto dictado en esta pieza el 10 de enero de 2020: los preceptos de la LOREG en cuestión se encuentran dentro del margen de maniobra que el Protocolo 1 del CEDH (Convenio Europeo de Derechos Humanos) concede a los Estados (por todas, sentencia Tatjana Ždanoka c. Letonia (Gran Sala), de 16 de marzo de 2006 § 115). Por otra parte, no entendemos en qué medida se han podido ver afectadas las libertades ideológicas, de expresión y reunión del recurrente y tampoco se razona en su escrito al respecto”, añade.

Sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales que se alega y que, según el tribunal, se enumeran “de forma imprecisa” -el derecho a la legalidad penal, al juez ordinario predeterminado por la ley, a la presunción de inocencia o a la doble instancia penal- el auto considera que “los aspectos penales del caso quedan fuera del ámbito de este recurso por lo que debemos desestimar, en el estado actual del debate, la petición que también se nos hace de plantear una cuestión prejudicial al TJUE y, por inconsistencia, la vulneración de todos los derechos fundamentales que se aducen con esa vertiente, de los que debe gozar sin duda el recurrente en el orden jurisdiccional correspondiente”.

El Supremo tacha igualmente de “inconsistentes” las quejas “reiterativas” sobre “una supuesta actuación intempestiva, sesgada, indebida o parcial que se formulan contra la Junta Electoral Central”. Recuerda, al hilo de esta cuestión, que “la Administración electoral es uno de los ejes sobre los que se articula el sistema electoral y tiene la finalidad de garantizar un régimen de elecciones libres, consustancial a nuestro Estado social y democrático de Derecho, en el que los poderes emanan del pueblo español en quien reside la soberanía nacional”.

Defensa de la JEC frente a los ataques de Torra y la Fiscalía

Tampoco acoge el tribunal “los extensos esfuerzos argumentales que se emplean para justificar una supuesta incompetencia de la JEC y de la Junta Provincial de Barcelona”. Además de tratarse de otra cuestión que afecta al fondo del recurso sobre el que no toca decidir en una cautelar, el Supremo afirma que “en este momento procesal la JEC se nos presenta como el órgano ‘ad hoc’ que ostentaba competencia para actuar, y debía hacerlo además funcionalmente como consecuencia del recurso interpuesto ante ella contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona”.

Sobre el ‘periculum in mora’ que también alega el recurrente al alertar sobre los efectos irreversibles que podría tener su inhabilitación cautelar si luego el Supremo falla a favor de su recurso y en contra de la sentencia del TSJC, el Supremo objeta que en esa hipótesis “podría añadirse un pronunciamiento de anulación de la expedición de la credencial expedida por la Junta Electoral Central al sustituto del señor Torra”. Una “aplicación automática de protección cautelar de todas las pretensiones que se formulen desde el punto de vista de la insuficiencia de una estimación tardía” tendría como consecuencia, según el auto y según razona el Letrado de la Junta Electoral Central, “la inaplicación práctica de las causas de inelegibilidad previstas en los apartados a) y b) del artículo 6.2 LOREG, ya que, una vez concedida la protección cautelar, bastaría dilatar la tramitación del recurso hasta la finalización de la legislatura”.

El Supremo no solo frustra las expectativas de la defensa sino que corrige a la Fiscalía con tanta rotundidad que su auto podría considerarse un varapalo al Ministerio Público. En el escrito que presentó la semana pasada, la Fiscalía aseguraba que “en orden a la prudente y equilibrada preservación” de los intereses en conflicto, la petición de Torra hasta que la Sala de lo contencioso-administrativo del TS resuelva si la decisión de la JEC es conforme o no a derecho debería aceptarse. Se refería así a que la propia Sala de lo Contencioso tiene todavía pendiente entrar en el fondo del del asunto para decidir si Torra debe ser apartado o no, ya que lo que ha acordado este jueves es solo una medida cautelar.

En su informe, el Ministerio Público iba más allá y reconocía la existencia de dudas jurídicas sobre la competencia del órgano electoral para retirar la credencial de diputado a Torra, señalando como “asumibles” los argumentos de la defensa cuando asegura que dichas atribuciones las tiene únicamente el Parlament de Cataluña. El documento, firmado por el fiscal jefe de lo Contencioso en el alto tribunal, Pedro Crespo, expresaba sus dudas al entender que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) “no atribuye ni reconoce en ningún momento a la Junta Electoral Central facultades o competencia alguna para: anular por su propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato y declarar vacantes sus escaños”.

Dudas sobre la reunión con Sánchez y el futuro político de Torra

Cuando la Fiscalía publicó su escrito hubo quien pensó que estaba haciendo un guiño al independentismo ante la propuesta de que Dolores Delgado sea la próxima fiscal general del Estado. Lo cierto es que la decisión del Supremo, aunque Torra siga ejerciendo como presidente autonómico, podría complicar su reunión con Pedro Sánchez prevista, en principio, para la primera semana de febrero. Fuentes del propio tribunal consideran que la decisión de la Sala de lo Contencioso debería de provocar la retirada inmediata del acta de diputado de Torra y que su puesto fuera ocupado por el siguiente de la lista de Junts en Barcelona, Ferrán Mascarell, tal y como ya resolvió la Junta Electoral de Barcelona, al interpretar el polémico acuerdo de la JEC. Pero es el Parlament el que debe dar el paso y hasta ahora se ha resistido a hacerlo. De hecho, la mayoría independentista junto con el PSC impidió el pasado 4 de enero que se retirara el acta a Torra, una decisión inédita que ya estudia la propia Junta Electoral para decidir si actúa contra la cámara autonómica.

Esto ha llevado a Torra a hacer este jueves esta declaración de intenciones: “Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y porque así lo votó el Parlament, primero en la investidura y ratificándolo después el 4 de enero”. En una comparecencia en Girona, donde visita los estragos de la borrasca Gloria, el presidente de la Generalitat ha dejado claro que no acata la decisión del Supremo. Además, ha destacado que la Mesa que preside Roger Torrent ratificó la decisión del pleno de no aceptar la inhabilitación de la JEC, por lo que ha remachado: “Nada ha cambiado y no daremos marcha atrás”.

La Mesa del Parlament tiene hasta el lunes para decidir si cumple la orden de la Junta Electoral y retira el acta de diputado a Torra, o si por el contrario le permite votar en la sesión prevista para ese día. Lo previsible es que los letrados mantengan el criterio de no retirar el acta porque no consideran que la JEC sea competente, lo que convierte en “política” la decisión de dejar o no que Torra vote. Los socialistas quieren que los letrados de la Cámara se pronuncien de nuevo para saber si la situación de Torra ha cambiado o no. Otros grupos consideran, sin embargo, que las circunstancias siguen siendo las mismas por lo que no cabe una respuesta distinta a la que ya se ha dado.

En el supuesto de que se retirara el acta a Torra, se abre otro debate: ¿Debe renunciar o no al cargo de presidente de la Genealitat? Sobre esto también hay opiniones distintas. Es condición ‘sine qua non’ ser parlamentario catalán para optar a ser elegido ‘president’ pero ya han surgido voces que sostienen que no hay ningún precepto que establezca que haya que ser diputado para mantenerse en ese cargo. La interpretación mayoritaria parece ser que debe ser el Parlament el que decida si la retirada del acta lleva aparejada la inhabilitación para ejercer la jefatura del Govern.

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