El Gobierno pacta con la patronal y los sindicatos subir hasta los 950 euros el salario mínimo este año

El Gobierno subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros este año, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos y la patronal, un 5,5% más que en 2019, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo elevó un 22,3%, hasta los 900 euros. Así lo han anunciado este miércoles la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva. Aunque iba ser una primera toma de contacto, se esperaba que hubiera noticia en lo relativo al salario mínimo tras haberlo anunciado horas antes el vicepresidente Pablo Iglesias y la vicepresidenta Carmen Calvo.

El nuevo Ejecutivo de coalición se ha marcado como objetivo, tal y como se recoge en el acuerdo programático suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, situar el salario mínimo en el 60% del salario medio a final de legislatura, lo que equivaldría a unos 1.200 euros, como recomienda la Carta Social Europea.

La ministra ha confirmado que la subida tendrá carácter retroactivo a 1 de enero de 2020, aunque “por prudencia” no ha confirmado si se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes o en el siguiente. El alza se aprueba por real decreto, figura legislativa que no requiere de convalidación parlamentaria, ya que es potestad del Ejecutivo.

“Hoy es un día muy feliz para la democracia y para el conjunto de los trabajadores”, ha afirmado la ministra, que ha recordado que aunque el alza impacta directamente sobre un colectivo de alrededor de 2 millones de trabajadores las subidas del salario mínimo tienden a arrastrar este aumento al conjunto de las remuneraciones. Además, ha negado categóricamente que la subida del SMI tenga un impacto negativo sobre la creación de empleo y ha asegurado que las dificultades de las que se quejan los empresarios agrícolas, por ejemplo, se deben a “factores estructurales graves” que no tienen que ver con los costes laborales sino con la estructura de precios del sector.

Díaz ha querido ceder el protagonismo a los agentes sociales, de quienes ha alabado su flexibilidad para una negociación en la que “todos han cedido”. “A nosotros nos hubiera gustado que fuera algo menos (de 950 euros) porque el impacto de la subida de 2019 ha sido muy importante, (…) pero nos preocupaba más llegar a 1.000 euros, porque no era la cantidad adecuada”, ha dicho el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Ha reconocido que lo mejor es negociar y ha mostrado su voluntad de mantenerse en la mesa de diálogo social para todas las medidas que el Gobierno quiere llevar a cabo.

“950 euros no es bueno, pero menos malo que subir a 1.000 euros”, ha asegurado el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que ha pedido al Ministerio de Trabajo que tenga en cuenta a las empresas a la hora de hacer política.

Un SMI de 1.000 euros era a lo que aspiraban los sindicatos, si bien se han felicitado por haber conseguido un pacto en el marco del diálogo social que abre la puerta a futuros acuerdos. “Este acuerdo posibilita que el acuerdo para la negociación colectiva (AENC) firmado con CEOE pueda desarrollarse (…) No hay excusas para que el 1 de enero de 2021 todos los salarios en convenio sean como mínimo de 1.000 euros”, ha afirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, la subida del SMI es “una buena noticia económica para España”, ya que “no está demostrado que subir el SMI afecte al empleo, sino todo lo contrario” porque activa el consumo y la economía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, han celebrado la subida a 950 euros del SMI en su perfil de Twitter y han destacado que el Ejecutivo de coalición seguirá avanzando en “derechos laborales desde el diálogo social”.

Una noticia ya adelantada por Calvo e Iglesias

Horas antes, Calvo había defendido en una entrevista en la Cadena SER que el incremento tenía que ser progresivo y asumible, de forma que “no provoque grandes problemas en pequeñas y medianas empresas”. “De una vez, no”, ha contestado cuando le han preguntado directamente si se iba a llegar a los 1.000 euros este mismo año desde los 900 euros actuales. La vicepresidenta defendió que la subida del salario mínimo “no destroza empleo”, conviene al fortalecimiento económico del país y se hará sin causar “daños colaterales” que puedan poner en riesgo el crecimiento del empleo. Además, subrayó que el “deseo” del Gobierno es subir el salario mínimo, que es una obligación de la Carta Social europea, pero reclamó equilibrio y corresponsabilidad para que pueda ser asumida sin riesgos.

Después, unas horas antes del encuentro de la titular de Trabajo con los agentes sociales, Iglesias se colgaba la medalla asegurando que había hablado con Garamendi y con Sordo y Álvarez. Contaba que había recibido “muy buena voluntad”, que se traduciría “muy pronto” en una “buena noticia” para los trabajadores. Así lo aseguraba durante su intervención en el acto de toma de posesión de los miembros de su equipo en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Asimismo, señaló que el Gobierno “ha empezado a andar con buen pie”, ya que “en solo dos semanas de acción”, y “con muy pocos nombramientos”, ya se ha llevado a cabo la subida de las pensiones al IPC, el sueldo de los trabajadores públicos, se ha declarado la emergencia climática y se va a iniciar el diálogo social.

Derogación del despido por encadenar bajas médicas

La ministra de Trabajo ha anunciado además que el Gobierno va a aprobar “en breve” un decreto ley para derogar el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo, aunque esté justificado. Esta medida se enmarca en el compromiso del Gobierno de coalición de abordar con carácter urgente la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral del PP de 2012.

Díaz ha explicado que el decreto ley está “redactado y listo”, pero que aún queda por recabar la opinión de los propios agentes sociales y de todos los partidos políticos, dado que se trata de una figura legislativa que requiere de la convalidación parlamentaria.

Respecto a la derogación de la reforma laboral, la ministra ha dejado claro que se va a hacer en dos fases y que se va a cumplir con lo firmado. “Vamos a cumplir con el texto programático que hemos acordado”, ha apostillado. En la primera fase, que se va a hacer rápidamente, se abordarán cuestiones como la derogación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, la ultraactividad o la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, en línea con las peticiones recurrentes de los sindicatos. Por otro lado, en una fase posterior se abordarán elementos “más complejos”, entre los que se encuentra la contratación. No obstante, ha dejado claro que le gustaría que todo contase con el visto bueno de los agentes sociales.

“Soy consciente de que hay partes que van a defender sus posturas y que a veces tendremos acuerdo y otras no”, ha afirmado, tras resaltar también que hay que seguir trabajando intensamente para conseguir esto.

Desde su punto de vista, también es un “enorme reto” el hecho de abordar la creación de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que dé respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.

“Arranca el diálogo social y vamos a trabajar sin parar”, ha insistido, tras asegurar que “está muy contenta” y afirmar que la semana próxima ya se trabajará en esta primera parte de la derogación de la reforma laboral.

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