Sánchez planea rebajar el delito de sedición y el PP ve un ‘indulto oculto’ para los presos del ‘procés’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió anoche la puerta a revisar el delito de sedición en el Código Penal, amparándose en que los sucesos vividos en los últimos años demuestran que nuestra norma penal en estos tipos delictivos están desactualizados. Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha confirmado la reforma en el marco de una mucho más amplia en la que se replantee todo el Código Penal. En ese contexto se plantearía la ilegalización de la convocatoria de referéndums ilegales que Sánchez prometió en campaña electoral. En cualquier caso, parece que este asunto es menos apremiante que el primero. El PP ya se ha apresurado a considerar que tras la reforma de la sedición hay “un indulto oculto” para los políticos independentistas.

Montero ha informado de que se va a abrir en el Congreso “un periodo de revisión y reforma del Código Penal, y esa reforma va a abarcar diferentes materias previstas en el hoja de ruta de este Gobierno”, como “el consentimiento de las mujeres, agresiones medioambientales y los acontecimientos ocurridos en Cataluña”. “Tedremos que conformar una mayoría suficiente”, ha admitido Montero, que es consciente de que no tienen mayoría absoluta y necesitarán “llegar a acuerdos”.

La declaración de la portavoz está en línea con la que hizo el presidente en la entevista en TVE, donde pidió ir “paso a paso” y trasladó parte de la responsabilidad al debate que se suscite en el Congreso. Según Sánchez, ha quedado demostrado que el Código Penal español no se corresponde “con la época que ha tocado vivir a España y que no tiene delitos homologables” a lo que ocurre en otros países europeos. Aludía el presidente al fracaso de las euroórdenes dictadas contra Carles Puigdemont y los exconsejeros fugados que fueron rechazadas porque los delitos de los que se les acusa no tienen un equivalente en los ordenamientos jurídicos de los países a los que han sido dirigidas, Alemania y Bélgica.

Por otra parte, cuando a Montero se le ha preguntado por la ilegalización del referéndum ilegal prometida en campaña, la ministra ha empezado recordando que “en el acuerdo de progreso (el firmado por el PSOE y Unidas Podemos para el Gobierno de coalición) no hay ninguna referencia a esta cuestión”, lo que ha motivado otra pregunta sobre si el Ejecutivo prefiere ahora aparcar esta cuestión, tras el apoyo de ERC a la investidura de Sánchez y ante la próxima tramitación de los Presupuestos para la que también se requiere el apoyo del grupo republicano.

La portavoz ha negado el descarte de la iniciativa. De hecho, tampoco la reforma del delito de sedición figura en el acuerdo. El Ejecutivo remite ambas medidas a ese “debate abierto sobre la reforma del Código Penal” toda vez que el Gobierno carece de la mayoría absoluta que le permitiría sacar adelante sus iniciativas sin contar con otras formaciones. “Desde esa amplitud de miras para tratar de concitar consenso es como acudimos”, ha dicho y ha puntualizado que el hecho de que el asunto del referéndum no esté en el acuerdo, “no significa que el presidente renuncie a lo que prometió en campaña electoral”. Montero ha subrayado que “son medidas que van a tener que ver con el sentir global del Congreso de los Diputados” porque “no podemos tener una legislación penal que pueda variar en función de la fuerza política que esté gobernando”.

“Lo que el presidente transmitió (en la entrevista de TVE) fue que es evidente que tiene que haber actitud de escucha. Nuestro afán es intentar concitar el máximo acuerdo y estaremos abiertos a sugerencias”, ha subrayado Montero y ha añadido: “No hemos afinado las propuestas que irán a la reforma del Código Penal”.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo condenó a los líderes del procés por sedición que, según el artículo 544 del Código Penal, es un tipo aplicable a “los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Las penas de prisión van de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. En la ley penal rige el principio de retroactividad siempre y cuando sea favorable al preso, lo que signfica que si se rebajan las penas en una eventual reforma, los exlíderes del ‘procés’ que cumplen condena se verían beneficiados.

Lo dice el artículo 2.2 del Código Penal: “Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario”. En caso de duda, se prevé escuchar al reo y al Ministerio Fiscal, como responsable de velar por el interés público.

Mano tendida a todos los partidos y rechazo de plano del PP

Lo previsible es que el Gobierno quiera contar con el apoyo del PNV y de los partidos independentistas para impulsar la reforma, por lo que difícilmente esta podría redundar en un endurecimiento de las penas por rebelión y sedición en lugar de una rebaja. No obstante, desde el Gobierno se adelanta que se tenderá la mano al PP para intentar sumarlo al acuerdo porque se trata de una revisión de tal calado que sería bueno que contara con el consenso de un partido de gobierno como es el liderado por Pablo Casado para garantizar el mantenimiento en el tiempo de esa reforma.

Ese apoyo parece poco probable a la vista de la reacción del portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien ha advertido ya de que hay un “indulto oculto” a los políticos independentistas en los planes de Sánchez. En la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Maroto ha salido al paso del anuncio realizado por Sánchez la noche del lunes, antes de que la portavoz compareciera en rueda de prensa. Desde el PSOE, su portavoz en el Senado, Ander Gil, ha replicado a estas acusaciones recordando que el PP habla desde “hace meses” de un indulto que “no se ha producido, y nadie lo ha pedido” por lo que ha enmarcado las afirmaciones de Maroto en otro “falso problema” inventado por el PP dentro de su “juego perverso” de la política. Gil ha pedido a los dirigentes del PP y en concreto a su líder, Pablo Casado, que “empiecen a hacer política de verdad y se dejen de jugar”.

La ministra portavoz no ha podido concretar el día exacto en que se entrevistará Sánchez con el president de la Generalitat, Quim Torra, que el propio jefe del Ejecutivo ha situado en la primera semana de febrero. Montero ha descrito esa futura conversación como una primera toma de contacto. Ha reconocido que las posiciones que defienden ambas partes respecto de la solución para Cataluña están “en las antípodas”, pero precisamente por eso ha reivindicado la necesidad de que se inicie un diálogo que permita alguna aproximación que vaya encaminada a una mejora del autogobierno catalán, que es la tesis que defiende el Gobierno. Ha recordado, además, tal y como dijo el presidente en la entrevista en TVE, que Sánchez se reunirá con todos los presidentes de las Comunidades Autónomas. Se intentará respetar el orden habitual (de antigüedad de los respectivos Estatutos) pero en cualquier caso las entrevistas se irán encajando en función de las agendas.

Por su parte, Maroto ha considerado que la reunión del presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para la primera semana de febrero, no va a servir para “desinflamar” el conflicto catalán, sino solo rebajar “la situación que angustia que tiene Sánchez para aprobar los presupuestos”. Y, por lo tanto, Sánchez va a Barcelona a reunirse con Torra para “dejar claro de manera manifiesta” a Torra y al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras que lo que exigió ERC en el debate de investidura sobre independencia y amnistía “se va a hacer realidad”, según Maroto.

Por cierto que la portavoz del Govern y ‘consellera’ de Presidencia, Meritxell Budó ha abierto este martes la puerta a entrar en una negociación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la reforma de los delitos de sedición y rebelión lo que, según ha dicho, se encuadraría en “el fin de la represión” que reclama el independentismo. “En estos momentos no me consta que se haya profundizado tanto”, ha asegurado Budó, que sin embargo ha subrayado que “cuando se trabaje y aborde la cuestión, quizás una de las partes sea la modificación del Código Penal y del delito de sedición”.

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