El Gobierno sube un 2% a los funcionarios y desbloquea 103.000 millones para las autonomías

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes por decreto ley la subida del 2% del salario de los empleados públicos para 2020 que se aplicará con efectos del 1 de enero. "Cumplimos nuestro compromiso con los empleados públicos, una prioridad porque son la base de nuestro Estado del bienestar y quienes contribuyen con su esfuerzo al sostenimiento de lo que más iguala, los servicios públicos", ha dicho la ministra portavoz, María Jesus Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo. El departamento que dirige Montero, por otra parte, prevé abonar este año a las comunidades autónomas 103.000 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación, así como otros 10.955 millones de euros correspondientes al cierre del ejercicio de 2018.

La titular de Hacienda ha explicado que se va a comunicar a cada gobierno autonómico el ingreso que le corresponde para que conozcan las cantidades mensuales con las que van a contar. Pero las cifras no son definitivas y se actualizarán con los Presupuestos del Estado para 2020. Además, Hacienda ha dado a conocer el cierre del ejercicio de 2018, por el que las comunidades recibirán otros 10.955 millones de euros, 4.833 millones más que el año anterior. Después, un comunicado del Ministerio de Hacienda ha precisado que la cantidad facilitada este martes, 103.001 millones de euros, llegará a los 113.020. La cifra, que los territorios comenzarán a percibir en los próximos días, será actualizada cuando se conozca la previsión de los ingresos de este ejercicio, al elaborar los presupuestos. Cataluña, con 21.295 millones de euros, y Andalucía, con 20.386, serán las comunidades autónomas que más perciban de los fondos de la financiación autonómica en 2020.

Por cierto que Montero ha apelado a la Comisión Europea para que permita flexibilizar el objetivo de déficit público para que no ponga “en cuestión la creación de empleo y el crecimiento”. La ministra afirma que la senda de reducción del déficit público actualmente vigente, aprobada por el Gobierno del PP en 2018, está “totalmente desacompasada con la realidad”, por lo que es necesario contar con una nueva, lo que no significa que no haya que seguir apostando por la estabilidad:  “No hay duda de que tiene que haber una pendiente de reducción de déficit y deuda, pero la inclinación de esa pendiente puede poner en cuestión la creación de empleo y el crecimiento de nuestro país”. La negociación del objetivo de déficit con Bruselas constituye uno de los “hitos” que tiene que afrontar el futuro proyecto presupuestario de 2020, que la ministra espera que esté definitivamente aprobado “en el entorno del verano” como apuntó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Frente a un posible apoyo de ERC a los Presupuestos, Montero ha señalado que “más allá de sus pretensiones sobre Cataluña”, siendo un partido “de progreso” debería compartir unas medidas presupuestarias que favorecen a toda España y también a los catalanes, como la subida de las pensiones o del salario mínimo. “Un proyecto de presupuestos de un Gobierno progresista no puede dejar indiferente a una formación política que se autodefine como progresista”, ha puntualizado, al tiempo que ha recordado que la intención de ERC es ver cómo avanzan las reuniones y la mesa de diálogo para finalmente definir su voto a los Presupuestos.

En cuanto a la subida dfel 2% para los funcionarios, estaba pactada en el acuerdo a tres años firmado en marzo de 2018 por el Gobierno del PP con los sindicatos mayoritarios del sector público (CCOO, UGT y CSIF) y al que ha tenido que ir dando cumplimiento el Gobierno socialista al llegar al poder en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha explicado que el decreto ley aprobado este martes solo recoge el incremento fijo del 2 % previsto en dicho acuerdo para 2020, aunque ha recordado que el pacto incluye también una subida variable vinculada al crecimiento económico. El acuerdo establecía una subida del 0,20 % adicional si la economía crece el 2,1 % en 2019, que puede llegar hasta el 1 % si el PIB avanza el 2,5 %. La previsión de crecimiento del Gobierno para 2019 es del 2,1 %, aunque algunos organismos y servicios de estudios calculan que ha quedado entre el 1,9 y el 2 %. Asimismo, el acuerdo contemplaba un alza adicional del 0,30 % condicionada a productividad y otros aspectos, así como un 0,55 % sujeto al cumplimiento del objetivo de déficit público.

La subida se recogerá, con efectos retroactivos, en las nóminas de febrero porque ya no da tiempo a incluirla en el mes de enero. El coste del incremento salarial será de 3.212 millones de euros. Darias ha asegurado que la subida salarial de los empleados públicos era un tema “absolutamente prioritario para el Gobierno” y uno de los primeros compromisos que quería cumplir el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una vez que el Gobierno estuviera en plenas funciones. “Somos un Gobierno que cumple con los compromisos”, ha defendido la ministra, que ha recordado que esta subida salarial afectará a 2,5 millones de empleados públicos de todos los ámbitos de la administración.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que los empleados públicos son una “prioridad” porque son “la base del Estado de Bienestar y contribuyen con su esfuerzo personal a la defensa y sostenimiento de los servicios públicos”.

La ministra Darias ha añadido que la subida fija del 2 % beneficiará a alrededor de 2,5 millones de empleados públicos, a los que se actualizará el salario con carácter inmediato. De acuerdo con el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de enero de 2019, en España hay 2.578.388 empleados públicos, de los que más de la mitad, 1,3 millones, corresponden a la administración de las comunidades autónomas, la mayoría circunscritos a la educación (553.014) y la sanidad (510.224). El resto se reparte entre la administración del Estado (507.830), la administración local (575.405) y las universidades (156.042).