El Gobierno aprueba la subida del 2% para los funcionarios y prevé tener Presupuestos en verano

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes por decreto ley la subida del 2 % del salario de los empleados públicos para 2020 que se aplicará con efectos del 1 de enero, según ha informado la ministra portavoz María Jesús Montero. "Cumplimos nuestro compromiso con los empleados públicos, una prioridad porque son la base de nuestro Estado del bienestar", ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo, que también ha aprobado la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España. En cuanto al gran asunto pendiente, la aprobación de unos nuevos Presupuestos, el presidente, Pedro Sánchez, ha dicho que prevé tenerlos aprobados antes de que finalice el verano, es decir, en septiembre.

En una entrevista en RTVE, Sánchez ha recalcado que su Gobierno pretende derogar los aspectos “más lesivos” de la reforma laboral al tiempo que ha abogado por acabar la legislatura con una cuantía del salario mínimo equivalente al 60 por ciento del sueldo medio, si bien deberán ser los agentes sociales los que marquen los ritmos. Para todo ello, es esencial que haya nuevos presupuestos públicos porque las cuentas, todavía en vigor, fueron aprobadas por Cristóbal Montoro para el ejercicio de 2018. “Los necesitamos”, ha enfatizado Sánchez antes de pedir a la oposición que no bloquee el funcionamiento del Estado democrático.

Para aprobar las cuentas del Estado es clave la abstención de ERC y de ahí que el calendario que maneja el jefe del Ejecutivo sea más bien flexible. Aunque su deseo sería tener unos nuevos Presupuestos en junio, como hizo Mariano Rajoy en 2018. Sánchez ha marcado una horquilla temporal más amplia. “Antes de que termine el verano”, ha dicho en la entrevista, lo que supone dejarlos para septiembre.

El presidente del Gobierno, además, ha abogado por la actualización del Pacto de Toledo sobre el futuro de las pensiones. “Vamos a pedir el apoyo de todas las fuerzas”, ha asegurado. Sobre la subida de salario de los funcionarios, que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, Sánchez ha subrayado que este incremento es “de justicia” porque los empleados públicos vieron recortados sus salarios durante la crisis. La intención del Ejecutivo es que esa subida salarial tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, con lo que ya se percibiría en la nómina de este mes.

El jefe de Gabinete del Gobierno, Iván Redondo, se comprometió recientemente a sacar esta medida adelante “cuanto antes” en una carta remitida a CSIF, tal y como venían reclamando las centrales sindicales.

La subida salarial se deriva del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de función pública (CSIF, CC.OO. Y UGT) en 2018, y contempla un nivel mínimo de alza del 2,3% (incremento del 2% más un 0,3% de fondos adicionales). Junto a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la medida tendrá un coste de 3.264 millones de euros. El acuerdo contemplaba un incremento del salario de funcionarios del 1,7% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a lo que se podía añadir más aumento en función del crecimiento y fondos adicionales.

En 2019 la subida fue finalmente del 2,5% por la suma adicional de un 0,25%, debido a que el PIB registró un incremento igual o superior al 2%, y para este año, el Ejecutivo ya asume que la subida de funcionarios será del 2,3% (subida fija del 2% más 0,3% de fondos adicionales). Desde los sindicatos, CCOO, UGT y CSIF han reclamado en distintas reuniones al Ejecutivo la aprobación de la subida salarial desde el 1 de enero. De hecho, han llegado a celebrar movilizaciones y CSIF entregó en La Moncloa un informe jurídico para poder aplicarla desde enero.

La senda para luchar contra la crisis climática

En cuanto a la declaración de emergencia climática, tiene mucho de declaración de intenciones política, ya que en España no existe dicha figura jurídica. No obstante, el Gobierno no será la primera institución nacional o internacional que la apruebe ya que el Ayuntamiento de Barcelona la puso en marcha este enero, el pleno del Ayuntamiento de Madrid la aprobó en septiembre (con votos en contra Vox) y en noviembre lo hizo el Parlamento Europeo.

En esa declaración se debería fijar el camino que debe seguir España hacia la descarbonización y la reducción de emisiones. En el pacto de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, se habla de fijar “objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero” con unas metas: que en 2040 entre el 85% y el 95% de la energía que se consuma sea renovable y en 2050 el 100%. España se ha comprometido ante organismos internacionales a ser un país sin emisiones justo a mitad de siglo.

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