El PP plantea una reforma legal para que ningún político pueda ser nombrado fiscal general

El PP ha presentado una reforma legal con el objetivo de impedir a los políticos que hayan ejercido cargos públicos o de partido ocupen el cargo de fiscal general del Estado y evitar así que vuelvan a repetirse casos como el de la exministra de Justicia Dolores Delgado.

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha anunciado la presentación de una proposición de ley en el Congreso para modificar la ley en este sentido, de manera que se prohíba a cualquier cargo “político o electo” ser designado fiscal general, al menos sin que haya transcurrido un tiempo prudencial desde su salida de la política, que podría situarse en cuatro años.

El “espíritu” de esta reforma, ha remarcado Egea en rueda de prensa en la sede de su partido, es que “ningún cargo público” pueda ser elegido fiscal general “porque proviene de representar a un partido”.

Con estas limitaciones se conseguiría que “nunca nadie vuelva cuestionar la parcialidad” de la Fiscalía General del Estado, como, según ha recalcado, ha sucedido tras la propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal general hecha por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ha explicado que el PP se ha visto obligado a promover esta iniciativa por lo ocurrido con Delgado, ya que “jamás pensamos que el Gobierno de España podía llegar tan lejos”.

Según ha recordado, la exministra de Justicia concurrió a las últimas elecciones como número cinco en la lista del PSOE por Madrid y renunció al escaño de diputada pocas horas antes de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciara sobre su idoneidad.

Y al hacerlo no solo sus doce vocales “evitaron” decir que es idónea, ha enfatizado, sino que siete dijeron “claramente” que “no es idónea para el cargo”, por lo que el dirigente del PP ha emplazado a la exministra a “renunciar por su falta de imparcialidad, que no solo compromete al Gobierno” sino “al sistema judicial”.

Ha añadido Teodoro García Egea que el nombramiento de Delgado “es un regalo para los independentistas” porque la hasta ahora diputada “va a imponer su criterio” de sesgo político en la Fiscalía y ha alertado de que esa “parcialidad” será utilizada contra España” por los separatistas para “debilitar el sistema judicial”.

Dentro de su ofensiva parlamentaria, el ‘número dos’ del PP ha señalado además -como anunció Pablo Casado el lunes ante la Junta Directiva Nacional– que ya han registrado la proposición de ley para que “sean declarados inelegibles” los “fugados de la Justicia”, como es el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Nunca más un declarado rebelde podrá presentarse a las elecciones por representar a los españoles. El que huye de la Justicia no puede representar a los españoles, ni cobrar del Parlamento europeo ni alzar la voz en nombre de millones de españoles en ninguna institución”, ha afirmado, para recalcar que van a “quitarle el acta de eurodiputado” tanto a Puigdemont como a Toni Comín porque los que huyen de la Justicia “no merecen representar a los españoles” en ninguna parte.

García Egea también ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para que explique qué ha motivado “el cambio de criterio para reabrir tres oficinas de promoción de Cataluña en el extranjero”. “El PP no va a tolerar que éste sea un pago de Sánchez a los independentistas por su investidura“, ha avisado.