El Gobierno minimiza la bronca con el Poder Judicial y tiende la mano al PP para renovar el CGPJ y el TC

En su estreno como portavoz, la ministra María Jesús Montero ha transmitido varios mensajes del Gobierno de forma clara y contundente. Para empezar, ha desinflamado las turbulencias que han rodeado a la propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. “El Consejo General del Poder Judicial ha avalado que la señora Delgado cumple con todos los requisitos legales”, se ha limitado a constatar y cuando una periodista le ha planteado si no estaba minimizando el encontronazo entre el Ejecutivo y el Judicial, ha apelado al “absoluto respeto a la separación de poderes”. Montero ha anunciado además que el ministro de Justicia llamará al PP para negociar la renovación del CGPJ y el Tribunal Constitucional, asunto al que de entrada cierra la puerta el principal partido de la oposición.

“Seguimos tendiendo la mano para esos acuerdos de Estado”, ha dicho pese a todo la portavoz y ha reprochado a Pablo Casado que afirme “sin pudor” que va a ejercer su mayoría para bloquear la renovación de todas las instituciones entre las que ha incluido al CGPJ, el TC y el Defensor del Pueblo. “El respeto a las instituciones nos compete a todos no sólo al Gobierno de España”, ha recordado Montero que se ha referido en concreto a dos actuaciones del líder del PP dignas, a su juicio, de reproche: la que hizo el jueves por la mañana dictándole al Poder Judicial lo que tenía que acordar en su reunión de la tarde, la no idoneidad de Delgado para dirigir la Fiscalía, y sus afirmaciones de que acudirá a todas aquellas reuniones a las que sea convocado advirtiendo al mismo tiempo de que nadie espere que suscriba acuerdos con este Gobierno.

Sobre si está previsto que se produzca alguna reunión entre el presidente del Gobierno y el líder del PP para intentar el desbloqueo, la ministra no lo ha descartado aunque, por ahora, no hay nada previsto. Será el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el encargado de iniciar los contactos. “Esperemos que el PP deje de decir que va a ir a las reuniones pero que no tiene la intención de llegar a ningún acuerdo. Esperemos que vaya con actitud constructiva”, ha insistido la portavoz.

El propio Consejo General del Poder Judicial, que ha evidenciado su fractura al evaluar la idoneidad de la exministra de Justicia para saltar a la cúspide de la Fiscalía -el aval fue respaldado por 12 vocales frente a 7 que votaron en contra- ha llamado a los partido a consensuar su renovación con una inusual medida: paralizará los nombramientos judiciales a la espera de que lleguen a un acuerdo. “Ninguna fuerza política puede intentar bloquear primero al Ejecutivo y posteriormente a órganos tan importantes para el funcionamiento de la democracia”, ha dicho Montero y ha avisado de que el Gobierno no va a incrementar con sus acciones el grado de crispación, “mucho menos cuando concierne a otros poderes del Estado”.

Preguntada por las manifestaciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las que habló de la “humillación” de los tribunales españoles ante la justicia europea en la causa del “procés”, ha señalado que el Gobierno ya contestó con absoluta claridad y señaló que existe la libertad de expresión y de crítica. Eso sí, ha subrayado que “los tribunales de justicia europeo forman parte del ordenamiento jurídico español”.

Pero, sobre todo, Montero ha querido dejar claro que el Gobierno no va a pronunciarse sobre debates que se producen en otras instituciones. Ha sido su respuesta respecto al que se vivió en el CGPJ en torno al informe sobre la candidatura de Dolores Delgado a fiscal general. “Es una persona que cumple con lo que la ley marca para poder desempeñar un puesto de esta responsabilidad”, ha destacado remitiéndose exclusivamente a la conclusión del cónclave judicial. Además, ha echado mano del “escrupuloso respeto” de Delgado hacia la Fiscalía durante su etapa como ministra de Justicia. Aunque no lo ha mencionado, es posible que la portavoz estuviera pensando en la acusación de rebelión contra los exlíderes del ‘procés’ que el Ministerio Público mantuvo hasta el final, en contraste con la de sedición que defendió la Abogacía del Estado, que depende directamente del Gobierno, y que tantas críticas le depararon a la futura fiscal general. “Los hechos avalan que va a seguir teniendo ese mismo concepto”, ha dicho Montero, tras recordar que durante el mandato de la exministra se ha actuado en función de los criterios de cada fiscal en las distintas causas que han llevado.

Montero cree que hay quien ‘saca tajada” y el PP presenta una reforma legal

Pese a la insistencia de los periodistas, no ha querido entrar a opinar sobre las discusiones que tiene lugar dentro del CGPJ y se ha limitado a asegurar que el Consejo ha cumplido con la tarea que le marca la ley. “Cualquier otra consideración, el Gobierno no va a entrar. La propuesta de nombramiento sigue su curso”, ha zanjado y ha pedido que no se abunde en cuestiones de las que los partidos de la oposición “quieren sacar tajada” haciendo un “flaco favor” a la Justicia y a todos los poderes institucionales democráticos.

Sobre el ‘caso Delgado’, por cierto, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado la presentación de una proposición de ley en el Congreso para modificar la ley de manera que se prohíba a cualquier cargo “político o electo” ser designado fiscal general, al menos sin que haya transcurrido un tiempo prudencial desde su salida de la política, que podría situarse en cuatro años. El “espíritu” de esta reforma, ha remarcado Egea en rueda de prensa en la sede de su partido, es que “ningún cargo público” pueda ser elegido fiscal general “porque proviene de representar a un partido”.

Al hilo del pin parental que el Gobierno pide a Murcia que retire bajo amenaza de llevarlo a los tribunales, la portavoz ha respondido a otra pregunta sobre la aparente contradicción entre ese aviso y la ‘desjudicialización’ de la política que el Ejecutivo se ha empeñado en llevar a cabo. Montero ha distinguido entre los asuntos que son susceptibles de una actuación judicial porque vulneran la legalidad -el pin parental atenta contra la Constitución, la propia Ley de Educación, la Ley de Violencia de Género y  los convenios internacionales suscritos por España, según ha recordado la ministra del ramo, Isabel Celaá- y aquellos que solo son objeto de controversia política. “Si me permiten el tono coloquial, la política no se puede esconder detrás de las togas”, ha exclamado, antes de advertir de que lo único que se logra con eso es complicar la resolución de conflictos y hacer que el poder judicial se vea inmerso en cuestiones que tienen difícil encauzamiento a través de esa vía.

Sobre si el Gobierno piensa impugnar o no la última resolución aprobada por el Parlamento catalán el 26 de noviembre pasado que atribuía a esa Cámara la capacidad de reivindicar todas las veces que considerase necesario el derecho de autodeterminación, Montero ha argumentado que el Gobierno tiene un plazo máximo de dos meses y que no se ha tomado aún una decisión porque “hace falta completar el expediente administrativo”. Ha asegurado, no obstante, que el Ejecutivo “no va a permitir que ninguna administración se salte ninguna norma, se salte ninguna ley o la incumpla”. En cualquier caso, ha situado la eventual impugnación de la resolución del Parlament y la decisión contra el PIN parental en “planos distintos”, en tanto en cuanto el Gobierno entiende que en el primer caso el pronunciamiento de la Cámara autonómica, al no ser vinculante sino una toma de posición política, no tiene efecto directo sobre terceros, como sí ocurre en el caso del PIN parental.

La de este viernes ha sido una rueda de prensa muy especial por ser el estreno de Montero como portavoz y porque ha escenificado el clima de concordia que a día de hoy están exhibiendo los dos partidos que han formado el Gobierno de coalición. Además de las titulares de Hacienda y Educación, ambas socialistas, en la mesa se ha sentado la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos. Cuando le han planteado si eso va a ser lo habitual a partir de ahora para mantener el equilibrio entre las dos formaciones, Montero (PSOE) ha asegurado que en el gabinete no hay “ni ministros de Podemos ni ministros socialistas”. Hay un Gobierno de coalición en el que cada uno de sus miembros desempeña una tarea por la que tiene que rendir cuentas al Consejo de ministros con independencia de su “procedencia previa”, ha dicho. También ha dejado claro que ella es “la voz del Consejo”, aunque ha precisado que se requerirá la presencia de otro miembro del Ejecutivo cuando se trate de una materia que justifique una explicación más profunda.

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