Un Poder Judicial dividido avala a Delgado como fiscal general con 12 votos a favor y 7 en contra

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves dar el visto bueno a la propuesta del Consejo de Ministros para nombrar a la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. La decisión se ha tomado por 12 votos a favor y 7 en contra. El órgano de gobierno de los jueces se ha pronunciado sobre la propuesta de informe preceptivo, aunque no vinculante, que ha presentado el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que ha evitado pronunciarse expresamente sobre la idoneidad de la candidata propuesta por el Gobierno, limitándose a validar que cumple los requisitos formales para su designación.

Es la solución que ha intentado Lesmes ‘in extremis’ en busca del consenso ante el intenso debate que se esperaba y el riesgo de fractura, ya que varios vocales tenían previsto no sólo cuestionar la propuesta del Ejecutivo mediante votos particulares, sino votar directamente en contra de la misma como finalmente ha sucedido. De hecho, tras poco más de una hora de reunión, el pleno se ha limitado a constatar en su informe que Delgado cumple los requisitos que exige la ley para el cargo -15 años de ejercicio profesional como jurista de prestigio-, sin mencionar palabras habituales en estos dictámenes, como méritos ni idoneidad del candidato.

No es lo habitual que la propuesta del presidente del Poder Judicial suprima la alusión expresa a la “idoneidad” del candidato que sí aparecía en las propuestas anteriores realizadas por Lesmes respecto de los nombramientos de José Luis Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra. En todos estos casos, se repasaba la trayectoria de los candidatos y se añadía esté párrafo: “La verificación del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesto”. En cambio, el texto que Lesmes ha enviado a los vocales para el pleno de este jueves solo dice que “a la vista de la documentación referida, cabe concluir que se cumplen en la candidata los requisitos exigidos por la legislación invocada”.

Habrá un voto particular discrepante, que probablemente se conocerá este miércoles y al que se adherirán los siete vocales que han votado en contra, pero también votos concurrentes que redactará otro grupo de vocales pertenecientes al sector conservador que han votado a favor de la propuesta de Lesmes pero que expresarán por escrito los motivos por los que ponen reparos a la idoneidad de Delgado para asumir la gobernanza de la Fiscalía Geneal del Estado. Al parecer, el tono de la deliberación no ha sido demasiado agrio, pero sí ha evidenciado que los vocales conservadores, pese a votar unos a favor y otros en contra, mantienen una postura muy crítica con la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apostar por la exministra de Justicia.

La polémica en torno a Delgado se ha suscitado porque pese a reunir todos los requisitos legales exigidos, la candidata arrastra la ‘mochila’ de haber saltado directamente del Consejo de Ministros para aspirar a la cúspide de la Fiscalía después de algunas actuaciones muy cuestionadas por la derecha y los sectores más conservadores de la judicatura. Se trata, sobre todo, de las instrucciones a la Abogacía del Estado para que acusara a los exlíderes independentistas de sedición y no de rebelión y de su papel en la demanda de Puigdemont contra el instructor de esa causa, Pablo Llarena. En un primer momento, Justicia no aceptó hacerse cargo de los honorarios de la defensa de Llarena, aunque finalmente, por las presiones y las críticas recibidas, cambió de criterio.

A todo ello se suma que Delgado ha sido vinculada a la causa abierta por presunta corrupción policial que investiga la Audiencia Nacional en relación con el excomisario Villarejo y que hasta la mañana de este jueves ha mantenido su condición de diputada del PSOE, partido para el que hizo campaña política hace apenas unas semanas. Ello, según los vocales más críticos con la propuesta de Pedro Sánchez, determina la falta de la idoneidad de la candidata ya que pone en cuestión su imagen de imparcialidad respecto a determinadas causas jurídicas de trascendencia mediática y política.

A la reunión del CGPJ no han asistido los vocales Wencesalo Francisco Olea y Vicente Guilarte, pertenecientes al sector conservador. La vocal Pilar Sepúlveda, elegida a propuesta del PSOE y cuya presencia no estaba prevista por razones de salud, finalmente ha intervenido por videoconferencia. El CGPJ está compuesto por 20 vocales, al margen del presidente, de los que actualmente 9 se adscriben al bloque progresista o han sido propuestos por los partidos nacionalistas. La mayoría es, pues, conservadora. Los 12 votos a favor de la candidata propuesta por el Gobierno son de los vocales nombrados a propuesta del PSOE, de IU y del PNV, así como del presidente del Consejo.

El de Dolores Delgado ha sido el primer informe del CGPJ con el nuevo Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez y ha visto la luz en un clima de gran tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El miércoles, tan solo dos días después de la toma de posesión de los nuevos ministros, la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces aprobó ya una declaración institucional crítica con unas afirmaciones que el vicepresidente Pablo Iglesias había hecho un día antes en Antena 3 criticando la “humillación” a la que, según él, se han visto sometidos los jueces españoles por la justicia europea en lo que respecta al ‘procés’.

El CGPJ apeló a la “mesura y a la responsabilidad institucional” para evitar la utilización política de la justicia y el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces. Poco después, la Moncloa difundía un comunicado en el que apelaba al debido respeto “a la libertad de expresión” y al “derecho de crítica” y recordaba que es “tiempo de dialogar” y de llegar a acuerdos para reforzar las instituciones, contexto en el que enmarca la necesidad de abordar la pendiente renovación del CGPJ.

Precedentes de informes polémicos sobre candidatos a la Fiscalía

En cuanto a los precedentes, las misas fuentes apuntan al caso de Javier Moscoso, designado fiscal general en 1986, nada más concluir la legislatura en la que fue ministro de la Presidencia, cuya validación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un trámite que en la práctica totalidad de ocasiones es automático, originó un agrio debate en el órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ se dividió respaldando al candidato por 13 votos frente a 6 y uno en blanco.

En el caso de Jesús Cardenal, propuesto en 1997 por José María Aznar como fiscal general, los vocales apoyaron unánimemente su idoneidad, pero, tras cinco horas de reunión, mostraron su preocupación por “manifestaciones” del candidato no acordes con la Constitución. Se referían a la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del año 94, donde Cardenal había hablado de la “mediocridad ética” de la sociedad al reflexionar sobre los planes de facilitar los divorcios, o reconocer a las parejas homosexuales.

También hubo discrepancias en el CGPJ con Leopoldo Torres, que en 1990 dejó la militancia socialista para suceder a Moscoso al frente de la Fiscalía -le apoyaron 14 de 20 vocales-, y más controvertida fue la elección en 1992 de Eligio Hernández, con once votos a favor de un total 18. Tras dos años de un mandato muy cuestionado por su actuación ante los casos de corrupción que afectaban al PSOE, dejó el cargo unos días antes de que el Supremo declarara ilegal su nombramiento por no alcanzar los quince años de ejercicio efectivo como jurista.

En cuanto a los más recientes, tanto la designación como fiscales generales del fallecido José Manuel Maza como la de su sucesor, Julián Sánchez Melgar, ambos magistrados de lo Penal del Supremo cuando accedieron al cargo, mereció el voto discrepante de la vocal designada por IU, Concepción Sáez, que argumentó que el consejo no debía limitarse a la comprobación de los requisitos formales y debía emitir una opinión acerca de los méritos y capacidad de la persona propuesta. En el caso de Segarra, esta vocal votó a favor del nombramietno por considerarla idónea, y es previsible que este jueves haga lo mismo con Delgado.

En las primeras dos ocasiones, durante el debate de este asunto se le replicó por la mayoría del Pleno diciendo que un dictamen más allá del aval de los requisitos formales implicaba una valoración “política” que excedía de las competencias del CGPJ. Esta tarde dichas valoraciones políticas podrían, previsiblemente, producirse por una mayoría.

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