El Gobierno aprobará "en semanas" la nueva ley educativa que deja la Religión en segundo plano

La LOMLOE deroga la LOMCE del PP y, entre otras cosas, impide la segregación por sexos en los centros sostenidos con fondos públicos

El proyecto de ley de Educación pasará por el Consejo de Ministros "en semanas", según informa este jueves la Cadena Ser citando fuentes del Gobierno. El proyecto se aprobó en la pasada legislatura, pero quedó paralizado, sin llegar al Congreso, por el adelanto electoral. La ministra Isabel Celaá, en base a estas informaciones, llevará el mismo texto que aprobó el Gobierno hace casi un año, el 15 de febrero de 2019. Es decir, no habrá cambios para evitar una tediosa tramitación que provocaría que el texto pasase de nuevo por el Consejo Escolar o el del Estado. Así, en caso de haber modificaciones, éstas se producirán durante la tramitación parlamentaria.

La aprobación de la nueva ley de Educación, también denominada ley Celaá provocará la definitiva derogación de la Lomce del PP, la ley Wert (por el exministro José Ignacio Wert) y es el mayor reto de la ministra en su segunda etapa al frente del ministerio de Educación y Formación Profesional, al que ahora se dedicará a tiempo completo al no tener que ejercer la función de portavoz del Gobierno.

La Lomloe o Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación Loe de 2006 -que a su vez acaba con la Lomce de 2013- , también denominada Ley Celaá, fue definida por su promotora como un "texto progresista para una educación del siglo XXI" y recibió el visto bueno del Gobierno en el mismo Consejo de Ministros en el que se decretó el adelanto electoral del pasado febrero.

Ahí terminó el recorrido de una Ley que divide a la comunidad educativa y que será la octava norma de la democracia si consigue ver la luz en esta legislatura como es la intención del Gobierno, según anunció el presidente Pedro Sánchez en su discurso de investidura. Dijo Sánchez que la Ley incorporará los acuerdos alcanzados por parte de la comunidad educativa y servirá para blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo.

El caso es que su texto coincide con muchas de las propuestas del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos como apostar por la educación integral, impedir la segregación por sexos en los centros sostenidos con fondos públicos o eliminar la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y que la calificación de esta materia puntúe, no teniéndola en cuenta para la nota media de acceso a la universidad o para becas. Medidas por las que ha tenido y seguirá teniendo enfrente a las escuelas concertadas y católicas así como a la mayoría de los centros de educación especial.

El proyecto de ley apuesta en concreto por la educación de 0 a 3 años, ya que se regularán los requisitos de titulación de sus profesionales y los de los centros que impartan este ciclo.

Además de los cambios en Religión, la ley también introduce una materia obligatoria de Educación en valores cívicos y éticos para todos los estudiantes de Primaria y ESO.

Elimina definitivamente las pruebas de final de etapa de la Lomce, pero incorpora evaluaciones de diagnóstico para cuarto de Primaria y segundo de la ESO, aunque prohíbe que estos resultados se utilicen para hacer clasificaciones de centros.

Título en Bachillerato "por compensación"

Con la Lomloe desaparecerán los itinerarios de cuarto de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en Secundaria y prevé la posibilidad de que en Bachillerato se pueda obtener el título "por compensación" en caso de superar todas las materias salvo una y se recupera la anterior Prueba de Acceso a la Universidad.

En el caso de los alumnos que superen un ciclo formativo de Formación Profesional de grado básico, podrán recibir el título de graduado en ESO, lo que les permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria.

Para obtener y mantener unidades concertadas se priorizará a los que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por género u orientación sexual.

El texto demanda a las comunidades autónomas que garanticen el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.

En cuanto al contenido curricular, fija que un 55% sea competencia del Estado en las comunidades con dos lenguas oficiales y un 65% en las que solo tengan una lengua oficial.

La ley contempla un plan de incremento del gasto público educativo hasta un mínimo del 5% del PIB; y quiere también garantizar la atención a los alumnos de la escuela rural e insular.

Aparte de todos los cambios con la ley, Celaá se ha mostrado como una defensora de la "educación como ascensor social", para lo que pretende que ninguna familia en situación de vulnerabilidad vea truncada la carrera educativa de sus hijos. Sin olvidar la lucha contra el fracaso y el abandono escolar, cometido para el que el sindicato CSIF reclama un Plan que "huya de iniciativas propagandísticas que no mejoran la educación".

Además, tendrá que solventar "la masificación de las aulas, la falta de profesorado o el estado de muchas infraestructuras" de la escuela pública como demanda la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa).

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