El Gobierno se estrena con subida de las pensiones y bronca política por la nueva fiscal general

El Consejo de Ministros aprobará hoy previsiblemente la subida de pensiones del 0,9% para este año, subida que se quedó en el aire en el último Consejo de Ministros de 2019 a la espera de que se formase Gobierno. Se trata de un tema capital para los millones de pensionistas que aguardan la revalorización de sus prestaciones desde finales del pasado año. Pero casi todas las miradas estarán puestas en la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer al término de la reunión el presidente, Pedro Sánchez, en la que entre otras cosas tendrá que salir al paso del chorreo de críticas, políticas y del mundo de la justicia, por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado que también se hará efectivo este martes.

Al frente de la Fiscalía, Delgado deberá tomar decisiones que estarán bajo permanente escrutinio, sobre todo en la causa del «procés», en un momento en el que algunos presos ya podrán pedir permisos penitenciarios y cuando las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín están congeladas a la espera de que el Parlamento Europeo decida si levanta su inmunidad. Delgado deberá actuar, según marca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con «plena objetividad e independencia», algo de lo que recelan la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales y los grupos de la oposición, que ven en su mudanza un intento de injerencia del Gobierno en la Justicia.

Para la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, que ve en el nombramiento «una declaración de intenciones» del poder político para «meter las zarpas en la Fiscalía», todavía resuena una entrevista en la que Pedro Sánchez sugirió que el Ministerio Público dependía del Gobierno, palabras que matizó poco después. También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la mayoría de asociaciones judiciales han recibido con preocupación el anuncio, que afecta, a su juicio, a la credibilidad y a la imagen de independencia de la Fiscalía. Las buenas palabras solo han llegado de la mano de las asociaciones progresistas: Juezas y Jueces para la Democracia ha destacado su experiencia como fiscal, y la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció Delgado, ha asegurado que confía en su independencia y ha subrayado la defensa que hizo de la autonomía de la Fiscalía como ministra.

En el plano político, las reacciones no se han hecho esperar, y desde el Gobierno la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha querido dejar claro que el Ejecutivo no pretende «en ningún momento» controlar la Fiscalía con la propuesta de Delgado. No se lo cree el presidente del PP, Pablo Casado, que se ha referido a Delgado como la «ministra número 23» del nuevo gabinete y ha anunciado que acudirá a los tribunales para recurrir un nombramiento con el que considera que Sánchez ha perdido «definitivamente las formas y el pudor», porque «ataca la separación de poderes y el Estado de derecho».

En esa línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, considera que la propuesta es una «prueba más» del «golpe institucional» del presidente para que el PSOE «se apodere del Estado», mientras que Ciudadanos ve una maniobra «para politizar la justicia», dando satisfacción a ERC y a los populistas.

Entre las fuerzas independentistas ha predominado en las primeras horas la cautela ante la propuesta. «Lo importantes son los hechos», ha señalado el presidente del Parlament, Roger Torrent, desde Estrasburgo, donde ha arropado a Puigdemont y Comín en su estreno como eurodiputados.

Quien no se ha pronunciado por el momento ha sido el socio de Gobierno de Sánchez, Podemos, si bien su abogado en el caso Villarejo, Alejandro Gámez, ha cargado en Twitter contra Delgado por «mentir» sobre su relación con el excomisario y ha recordado su amistad con el exjuez Baltasar Garzón, que defiende a ex altos mandos policiales imputados: «No se me ocurre peor elección para torpedear o reconducir este caso».

El Consejo General del Poder Judicial se reunirá previsiblemente este jueves de forma extraordinaria para informar sobre la idoneidad de la candidatura. Con ese informe, el Consejo de Ministros del viernes podría ya remitirla al Congreso para que comparezca ante la Comisión de Justicia, órgano que no se ha constituido en esta legislatura y que es difícil que esté formado antes de febrero.

Pensiones: un gran reto para el nuevo Gobierno y el ministro Escrivá

En cuanto a las pesniones, en diciembre, el Gobierno en funciones aprobó un Real Decreto que recogía medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social, entre las que se encontraba la suspensión del Índice de Revalorización de las pensiones, que limita la subida de las mismas a un 0,25% cuando el sistema tiene déficit, como ahora. La ministra portavoz por entonces, Isabel Celaá, recordó que las pensiones estaban recuperando poder adquisitivo gracias a la subida del 1,6% que se aprobó en 2019, pactada por Mariano Rajoy con el PNV, y dejó claro que la subida del 0,9% tendría carácter retroactivo al 1 de enero de 2020 una vez se apruebe. También señaló que únicamente se haría una única revalorización del 0,9% «en el momento preciso» y no dos, una del 0,25% en diciembre, y otra con el 0,65% restante, por el gasto que suponía, no sólo de coste, sino de infraestructura logística. Por esta razón, se decidió que la subida fuera del 0,9% con efectos retroactivos.

Las pensiones son uno de los principales retos del nuevo Gobierno. Así lo ha dejado claro el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante el traspaso de carteras ayer lunes, donde ha afirmado que se va a garantizar la actualización de pensiones con el IPC. Asimismo, ha resaltado que también se van a tomar soluciones «justas y equitativas» para afrontar el reto del envejecimiento demográfico y ha dejado claro que quiere cerrar de forma «rápida y efectiva» el déficit de la Seguridad Social.

Para ello, el nuevo ministro ha afirmado que el instrumento para abordar los retos debe ser el consenso entre las fuerzas políticas y los agentes sociales para llevar a cabo una reforma del sistema de las pensiones. Entre los retos también mencionó la solvencia del sistema de pensiones. «Perseguiremos tener una visión de todo el conjunto del sistema de pensiones, porque nuestro objetivo es reforzar la solvencia y suficiencia del mercado de pensiones y dar certidumbre a los pensionistas a corto, medio y largo plazo», ha remarcado Escrivá, que ha añadido que su Ministerio asumirá las pensiones de clases pasivas (funcionarios jubilados antes de 2011) y hará una «reflexión» sobre el sistema de previsión social complementaria.

El punto de partida, según Escrivá, será retomar los trabajos en el Pacto de Toledo que estuvieron a punto de culminar con un acuerdo hace un año. «Mi mayor empeño va a ser dar pasos fortaleciendo la transparencia y apostando por el diálogo permanente con agentes sociales y fuerzas políticas», ha apostillado.

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