Llarena mantiene la euroorden contra Puigdemont y pide a la Eurocámara retirar su inmunidad

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado revocar las euroórdenes contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, si bien ha pedido al Parlamento Europeo que suspenda su inmunidad como eurodiputados para poder proceder a su entrega.

Mientras no conceda ese suplicatorio, las euroórdenes quedan de facto congeladas, ya que no podrán aplicarse fuera de España, por lo que ambos europarlamentarios podrán acudir a Estrasburgo el próximo lunes para ejercer sus funciones en el pleno de la Eurocámara, indican fuentes jurídicas.

No ocurre lo mismo en territorio español, donde según aclara Llarena, no les protege la inmunidad parlamentaria; sus órdenes siguen operativas en España y podrían ser detenidos sin necesidad de suplicatorio porque cuando fueron elegidos ya estaban procesados en la causa del “procés”.

El magistrado, que ha dictado dos autos este viernes, también ha comunicado formalmente al juez belga encargado de sus euroórdenes que paralice la tramitación de las euroórdenes hasta que el Parlamento Europeo se pronuncie.

A la luz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Llarena reconoce que Puigdemont y Comín, fugados desde 2017, están protegidos frente a “toda medida de detención” y “actuación judicial fuera de España”.

En el auto en el que pide el suplicatorio, Llarena hace un extenso recorrido por el proceso soberanista catalán de 2017 en el que resalta la gravedad de los hechos que se les imputan y precisa que éstos no guardan relación con su condición de eurodiputados, pues se remontan a antes de que fuesen elegidos.

Subraya el deber recíproco de cooperación y asegura también que “el procedimiento judicial no responde a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo”.

El magistrado -que remite a la Cámara el auto de procesamiento y la sentencia a los otros acusados del “procés”- recuerda que los hechos que se les imputan pueden constituir sendos delitos de sedición y de malversación, que no habrían prescrito al concluir la legislatura, lo que evidencia -dice- que su petición no busca dañar la actividad política de un diputado o del Parlamento Europeo.

Alerta también de que la inmunidad podría ser instrumentalizada por Puigdemont y Comín para eludir eventuales responsabilidades penales, y alude a la situación de Oriol Junqueras, que no evitó la acción de la Justicia, fue también elegido eurodiputado y no ha podido ejercer después de que ayer el Supremo le negase la inmunidad al estar condenado en firme a pena de prisión.

Llarena aclara que el escenario es diferente en España, donde a los eurodiputados se les reconocen los mismos privilegios que a los miembros del Parlamento nacional y no es obligatoria la autorización de la Eurocámara cuando se ha accedido al cargo después de ser procesado, en base a la interpretación que ha hecho ya el Supremo de la Constitución y los reglamentos del Congreso y el Senado.

Interpretar la inmunidad de manera más amplia, según el juez, “implicaría olvidar que ésta protege frente a la apertura de procesos concebidos para alterar y perturbar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en el que el diputado o senador electo ha sido ya procesado”.

El magistrado rechaza de plano apartarse de la causa, como pedían Puigdemont y Comín, y se opone a los argumentos con los que ambos negaban haber delinquido y achacaban su causa a motivos políticos. Alegaciones que, para Llarena, no tienen nada que ver con la sentencia del TJUE y solo buscan reforzar “extemporáneamente” la improcedencia, a su juicio, de las euroórdenes.

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