Sánchez y Torra acuerdan verse tras la formación del Gobierno para intentar 'arreglar el conflicto político'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, han conversado por teléfono esta mañana y han acordado mantener una reunión tras la formación de Gobierno, aunque no han concretado si tendrá lugar en Madrid o en Barcelona. El contacto telefónico se retoma apenas un mes después de que Sánchez reactivara la interlocución con la Generalitat -en una ronda con todos los presidentes autonómicos- que, sin embargo, se entendió como un gesto a ERC en su negociación. En cualquier caso, fue la primera vez que el jefe del Ejecutivo descolgó el teléfono para hablar con el de la Generalitat desde antes del 10-N, cuando la campaña electoral interrumpió todo contacto.

Siete minutos han charlado Sánchez y Torra desde las nueve y media de la mañana en una conversación telefónica que, según fuentes de Moncloa, ha sido cordial en todo momento y en la que ambos dirigentes han abordado la situación política actual. La reunión entre ambos tendrá lugar una vez se haya formado el gabinete de coalición que está diseñando Sánchez y que, previsiblemente, no se conocerá hasta la próxima semana. Sánchez ha trasladado a Torra que quiere recomenzar y retomar el diálogo y también su "voluntad sincera" de intentar arreglar el conflicto político en Cataluña.

El comunicado de Presidencia de la Generalitat es prácticamente idéntico al de Moncloa, aunque se puntualiza que la próxima reunión debería servir para "encarrilar la mesa de negociación" pactada entre el PSOE y ERC y que habrá de constituirse en un plazo de 15 días desde la formación del Gobierno de Sánchez, según el acuerdo alcanzado para la investidura del presidente. Torra, que tanto ha criticado esa negociación y el acuerdo finalmente cerrado por socialistas y republicanos, se pone al frente de la mesa.

La primera reacción de Torra fue la de cuestionar que surgiera de un consenso entre partidos, con su formación, Junts per Catalunya, excluida. También echaba en falta que no recogiera la figura del relator, que el PSOE sí aceptó tras el encuentro de Sánchez y Torra en Pedralbes en diciembre de 2018. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, dijo el miércoles que por parte del Ejecutivo catalán la voluntad es que todos los actores del independentismo puedan formar parte de este acuerdo", adelantó. El Govern considera que conseguir primero ese acuerdo entre los actores independentistas que espera que se reúnan en los próximos días, "facilitaría y daría mucha fuerza al Govern, encabezado por Quim Torra, para afrontar las negociaciones con el Estado".

Entretanto, el Tribunal Supremo estudiará la aplicación de la inmunidad como eurodiputado al líder de ERC en prisión, Oriol Junqueras. Serán dos las salas que deliberen sobre la situación de Junqueras: la de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Penal. La primera, con cinco magistrados, estudiará si avala o no la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de no otorgarle la credencial para acceder a la Eurocámara, mientras que el tribunal penal de siete miembros que le juzgó discutirá cómo aplica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció su inmunidad desde el pasado 13 de junio, cuando fue proclamado como electo.

En cuanto al tribunal Contencioso, al haber solicitado Junqueras la suspensión del acuerdo de la JEC como medida cautelarísima --es decir, sin tener que pedir antes su opinión al resto de partes en este litigio--, la Sala tiene un plazo de 48 horas para dar una respuesta que vence mañana mismo. La Sala de lo Penal, por su parte, comenzará a debatir cómo aplica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la inmunidad como miembro de la eurocámara del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña condenado por sedición. Para resolver esta cuestión no hay un plazo establecido aunque parece que la intención es que la decisión se conozca antes de que termine la semana. Este segundo debate es el esencial, pues resuelve sobre el fondo y es del que depende una eventual excarcelación del líder independentista.

Los siete magistrados que juzgaron a Junqueras tienen sobre la mesa dos peticiones muy diferentes. Por un lado la de la Fiscalía, que defiende que ya no cabe aplicar la inmunidad en el caso de Junqueras porque ya no es un preso preventivo, sino un condenado en firme que debe ser por ello inhabilitado para ejercer en la Eurocámara; y por otro la de la Abogacía del Estado, a favor de que pueda acudir a Bruselas a obtener su acta en tanto se solicita al Parlamento Europeo que se suspenda su inmunidad. De importancia más relativa es la resolución que adopte Sala Tercera (de lo Contencioso) del Supremo en relación con la medida cautelarísima solicitada por la defensa del líder independentista, quien considera que si el acuerdo de la JEC del pasado viernes no queda en suspenso se provocarían a su representado "daños irreparables e irreversibles" al poder ser sustituido en la Eurocámara por el siguiente miembro de la lista de ERC.

La misma Sala también tiene pendiente el recurso muy similar al de Junqueras que este miércoles ha presentado la defensa del actual president, Quim Torra, ante la decisión de la JEC que le declaró también el pasado viernes inelegible de forma sobrevenida en cumplimiento de la condena por desobediencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en diciembre, por no retirar los lazos amarillos de la sede de Generalitat en periodo electoral. La decisión también podría posponerse hasta el viernes.

Al mismo tiempo, el juez Llarena tiene que resolver sobre la petición de la Abogacía del Estado de suspender las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra Carles Puigdemont y Toni Comín, que también resultaron electos como europarlamentarios. La postura de la Abogacía, que también ha pedido que se solicite "a la mayor brevedad" el suplicatorio al Parlamento Europeo para que levante sus inmunidades, es en parte contraria a la Fiscalía, que pide al juez instructor de la causa del 'procés' que mantenga las órdenes nacionales e internacionales de detención y la declaración de rebeldía del expresidente catalán y el exconsejero. El Ministerio Público también exige al magistrado que pida la retirada de la inmunidad.

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