La Abogacía del Estado retrasa el 'gesto' que exige ERC y el Gobierno pide ahora 'no meter prisa'

La ministra de Defensa y Asuntos Exteriores en funciones, Margarita Robles, ha recordado que hasta el 2 de enero no termina el plazo para que la Abogacía del Estado presente su escrito sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que avala la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha reconocido que no entiende por qué "a todo el mundo le han entrado unas prisas tremendas". Las prisas, en honor a la verdad, eran las que tenían el Gobierno y Unidas Podemos ante la evidencia de que cuánto más tarden en cerrar los apoyos para la investidura de Pedro Sánchez, más duras serán las presiones de la derecha y más injustificables las opiniones del independentismo al que tanto necesitan.

Lo cierto es que ahora, una vez superado el primer round navideño y cuando ya ha quedado descartado que el debate de investidura pueda celebrarse antes de que acabe el año, empieza a barajarse la fecha del 7 de enero para el arranque del debate. Eso evitaría hacer coincidir la elección del presidente con la noche de Reyes y el último tramo del debate con un domingo que además coincide con las vacaciones de muchos ciudadanos, con la dosis de ocultación que ello conlleva. De convocarse el debate para ese día, la primera votación se celebraría el miércoles 8 de enero. Sería fallida porque para superarla se requiere mayoría absoluta. La segunda votación tendría lugar 48 horas después, el viernes 10, y Sánchez sí recibiría el aval parlamentario con la mayoría simple de la Cámara.

Aunque la Abogacía del Estado no tiene por qué apurar el plazo del que dispone hasta el día 2, si presentara antes su escrito tendría que hacerlo el lunes 30 o, ya ‘in extremis’, la mañana del 31, lo que no dejaría tiempo al PSOE y ERC para rematar el acuerdo que están negociando. Pero, además, haría inviable la presentación a bombo y platillo del pacto entre los socialistas y Unidas Podemos, un acto que desean celebrar ambas partes para solemnizar los compromisos a los que han llegado pero que, sobre todo, es fundamental para responder a las pretensiones de otras fuerzas políticas, especialmente las regionalistas, cuyos votos también son necesarios y que han insistido en que no darán su apoyo si no se atienden sus reivindicaciones. De ahí que se esté pensando ya en fechas posteriores a la Navidad.

A todo lo anterior hay que añadir que la Abogacía del Estado no tiene una tarea fácil para conciliar la postura que ya defendió en su día, la de que Junqueras debería haber sido autorizado a acreditarse como eurodiputado cuando estaba en prisión provisional, con la actual situación procesal del líder de ERC que es bien distinta -Junqueras cumple ya la condena a 13 años de prisión que le fue impuesta por sentencia firme del Tribunal Supremo- y con el escrupuloso respeto a las normas y trámites judiciales que alejen las sospechas de una manipulación política. Este órgano, que depende del Ministerio de Justicia, tiene que presentar un escrito en el que argumente con solvencia una postura que satisfaga a Esquerra y que no choque frontalmente con el criterio de la Fiscalía.

Tras la sentencia del TJUE, el Ministerio Público no tardó ni dos horas en pronunciarse en contra de dejar en libertad a Junqueras siquiera para acreditarse en la Eurocámara. El equipo integrado por Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena recordó que Junqueras obtuvo la condición de electo el día 13 de junio, cuando habían pasado 24 horas desde que quedara visto para sentencia el juicio al que se le sometió junto a otros políticos catalanes. "La inmunidad de desplazamiento no hubiera impedido, en ningún caso, la continuación del procedimiento hasta el dictado y ejecución de la sentencia. No está actualmente sujeto a medida cautelar alguna sino ejecutoriamente condenado", indicaban los fiscales en su escrito.

La defensa de Junqueras, sin embargo, remitió su escrito a la Sala el pasado martes exigiendo a la Sala *la "inmediata liberación" de su cliente para que pueda acudir al Parlamento Europeo a obtener su acta de diputado, todo ello como consecuencia de haber sido reconocida su inmunidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pide también Junqueras que se declare en suspenso la tramitación de la causa en el Tribunal Supremo desde el pasado 13 de junio -fecha en la que se proclamó oficialmente a Junqueras como candidato electo a la Eurocámara- y, en consecuencia, decrete la nulidad de la sentencia del 'procés'.

Con este complejo panorama de fondo, la ministra Robles, que además es magistrada de profesión, ha dicho este jueves en la Cadena Ser que quería echar "un capote" a la Abogacía del Estado para defender que se encuentra ante un proceso judicial "complicado" que requiere "prudencia" y "respeto". La titular de Defensa ha asegurado que "no hay ninguna explicación política" al hecho de que aun no se conozca el informe de los servicios jurídicos del Estado y ha subrayado que "los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimiento políticos".

Según Robles, en ERC también saben que "los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimientos políticos", porque tienen en su ámbito "juristas importantes". "Dejemos que los procedimientos judiciales sigan su cauce. Máximo respeto al Tribunal Supremo, y sin duda a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado", ha remarcado. Pero a medida que se dilatan los plazos, se corre mayor riesgo de que el partido independentista catalán dé pasos que contribuyan a exacerbar aún más los reproches y las descalificaciones de la derecha hacia la negociación que lleva a cabo el candidato socialista a la investidura. Un claro ejemplo es el tuit que el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, publicó para reaccionar al discurso de Navidad del Rey.

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