La Comunidad de Madrid detecta hasta 200 contratos con la cláusula que nutrió la ‘caja B’ del PP

La mayoría de estos contratos con la cláusula del 1% estarían vinculados a obras en carreteras autonómicas

La Comunidad de Madrid ha detectado cerca de 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda relacionados con la trama Púnica que supuestamente sirvieron para financiar actos del PP de Madrid entre 2009 y 2013. Así lo han confirmado fuentes del grupo parlamentario de la Asamblea Unidas Podemos Izquierda Unida, que solicitó información de este tipo de contratos públicos en una pregunta escrita remitida al Gobierno regional.

En la respuesta registrada el pasado 19 de noviembre, adelantada por la Cadena Ser, el Gobierno regional detalla cerca de 200 contratos con esa cláusula del 1 %, mecanismo que, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, utilizó el PP supuestamente para financiarse irregularmente entre 2004 y 2014.

Dicha cláusula obligaba a las empresas adjudicatarias de contratos de obras de la Comunidad a destinar un 1 % del presupuesto de la obra en concepto de publicidad y a contratar a una empresa para promocionarlas, si bien la investigación judicial apuntaba que ese sistema pudo servir para financiar al PP madrileño.

La mayoría de los contratos que contenían esa cláusula y que se enumeran en la respuesta del Gobierno regional a la diputada de IU en la Asamblea madrileña Sol Sánchez, están vinculados a obras en carreteras autonómicas. Además, algunos de ellos están relacionados directamente con la empresa Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte) que fue extinguida en el año 2011.

No obstante, el Ejecutivo madrileño asegura en su respuesta que “no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas” que contuvieran esa misma cláusula.

Unidas Podemos espera que la Audiencia Nacional amplíe su investigación, aunque no descarta acudir a la Fiscalía Anticorrupción de ser necesario. Además, desde el Parlamento madrileño seguirán exigiendo las facturas para conocer el monto, según ha explicado a Efe Sol Sánchez, portavoz adjunta del grupo parlamentario.

La diputada autonómica de Izquierda Unida considera “tremendamente grave” que durante la crisis económica “mientras la gente lo estaba pasando mal aquí algunos estaban utilizando la contratación pública y las externalizaciones para, habrá que probarlo, financiarse. Eso sí que era un chiringuito”.

“¿Cómo un 1 % se puede reservar para publicidad en un contrato para desratización de edificios? ¿Qué hacían? ¿Una nota de prensa cada vez que acaban con una rata? No se sostiene”, subraya Sánchez.

El juez del caso Púnica estima que la caja B del PP madrileño se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de la expresidenta Esperanza Aguirre y mediante varios mecanismos, uno de ellos el del llamado 1 %. Así consta en el auto de imputación de Aguirre, donde señala que esa cláusula se introdujo en contratos de ocho consejerías, como la de Sanidad, y da una cantidad total aproximada de 5 millones de euros desviados de esta forma entre 2006 y 2008.