El PSOE afronta su reunión clave con ERC para una investidura que podría celebrarse entre Navidad y Fin de Año

Este próximo martes se celebrará la tercera reunión entre el PSOE y ERC sobre la investidura de Pedro Sánchez. Pero no será una cita más. A medida que pasan los días y las indiscreciones y filtraciones amenazan la integridad de un proceso que se ha pretendido mantener en la máxima discreción, aumenta el riesgo de que se impongan las presiones de quienes desean verlo naufragar. De ahí que desde el Gobierno se siga insistiendo en celebrar la investidura cuanto antes. Su opción favorita era la semana del 16 de diciembre, pero la coincidencia con otros eventos que afectan directamente a los republicanos la convierten prácticamente en inviable. Aun así, ni Moncloa ni Unidas Podemos, el potencial socio de coalición de los socialistas, renuncian a celebrarla antes de fin de año.

Es lo que transmitió el líder de Unidas Podemos el viernes, en una conversación informal con los periodistas el día de la Constitución, el pasado viernes, cuando dijo que el pacto programático con el PSOE está muy avanzado, que solo faltan por cerrar algunos flecos, que habrá acuerdo con ERC y que la investidura podría ser antes de Navidad o antes de Nochevieja, sin descartar que sea entre el 26 y el 31, aunque para ello haya que habilitar el fin de semana que hay entre el 26 de diciembre y el Fin de Año. No descartó que el pleno se convoque en enero, pero se mostró convencido de que el panorama estará mucho más despejado después del 21 de diciembre, cuando ERC reúne a su congreso nacional para definir la hoja de ruta del partido después de haber elegido ya a su dirección.

Pedro Sánchez, por su parte, dijo ese mismo día que tiene ya cerrada la estructura del que será el primer Ejecutivo de coalición en España y que debería poner fin a la “crisis” de Cataluña mediante las “herramientas” que ofrece la Constitución, en cuyo marco situó también el posible acuerdo PSOE-ERC. El líder socialista defendió el proceso negociador con el partido independentista básicamente porque la legislatura que comenzó el martes pasado, la decimocuarta, será la que encauce la crisis de Cataluña, que no puede seguir “abierta” más tiempo, según sus palabras. Las soluciones vendrán de la propia Constitución, destacó, e incluso dio un paso más, toda vez que las negociaciones con ERC no están aún resueltas: el acuerdo al que llegue el PSOE con esta formación será “constitucional”.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, y otras fuentes del Gobierno incidieron en esta idea. De hecho, es la que el propio Sánchez lanzó nada más llegar al Congreso. A su juicio, la Constitución cuenta con herramientas para solucionar los “conflictos sociales y políticos” del país, entre ellos la “crisis política y territorial” de Cataluña.

Si la Carta Magna sirvió para crear el Estado de las autonomías y ha servido para consolidarlo, servirá también para poner remedio a la “mancha” que a diario aparece en los medios de comunicación, según dijo. Esa “mancha” es la crisis de Cataluña. Otra de las ideas fundamentales que planteó el presidente en funciones es la necesidad de que ahora prime el encuentro entre “diferentes”, y así, acabe otra crisis, la de la gobernabilidad. Para zanjarla se vislumbra como clave la reunión que este próximo martes tendrán en Barcelona los equipos negociadores del PSOE y de ERC, la tercera.

La mayor dificultad ante esa tercera cita es superar el recelo de Esquerra ante un nuevo ‘pacto del Majestic’, un acuerdo que solo se centre en una mejora de las competencias y los recursos destinados a Cataluña y nada más. Esta vez, los republicanos quieren poder esgrimir que se ha producido un salto cualitativo, es decir, que realmente se está discutiendo del ‘conflicto político’, el concepto que tanto trabajo ha costado introducir en el debate. De hecho, ERC ha advertido expresamente de que no dará el paso formal de cambiar el ‘no’ por la abstención mientras no haya una constatación real de que habrá una mesa de diálogo sobre el “conflicto político” catalán, de su composición y método de trabajo y garantías de cumplimiento. En cualquier caso, los republicanos tienen las mismas ganas de llegar a un desenlace positivo que los socialistas y Unidas Podemos, hasta el punto de que tampoco descartan una investidura antes de fin de año.

A favor de esa tesis juega el hecho de que el Rey haya decidido celebrar la ronda de consultas con los partidos que tienen representación parlamentaria esta misma semana. Será entre el martes 10 y el miércoles 11. Pedro Sánchez será el último en acudir a las consultas del monarca el miércoles a las seis y cuarto de la tarde, tras dos jornadas maratonianas. Después, se sabrá si el Rey le propone o no como candidato a la investidura.

Dicho esto, Pablo Iglesias deja la puerta abierta a que el debate se programe para enero, que es cuando parece más probable a tenor de todo lo que está marcado en rojo para estos próximos días de diciembre. Además del congreso de ERC previsto para el 21, lo que se presenta como un evento crucial es el pronunciamiento de la justicia europea sobre la inmunidad del líder de los republicanos, Oriol Junqueras, que cumple 13 años de condena por sedición. Si el Tribunal de Estrasburgo reconoce que adquirió la condición de eurodiputado por la elección de los votantes y sin necesidad de pasar el trámite de acatamiento de la Constitución en el Congreso de los Diputados, quedaría libre y solo sería posible que terminara de cumplir condena si el tribunal europeo concediera su suplicatorio a la justicia española. Eso sentaría un precedente para los demás prófugos reclamados por el Tribunal Supremo –Puigdemont y los exconsellers Comín y Ponsatí- y daría un vuelco a la situación en la que se encuentra el llamado ‘conflicto catalán’.

De momento, una posible decisión de Estrasburgo favorable al líder independentista se ha visto allanada por la postura de tres magistrados del Tribunal Constitucional español que se pronunciaron hace unos días en contra de la decisión de la mayoría, que fue la de avalar la prisión preventiva que en su día acordó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y ratificó el instructor Pablo Llarena cuando la causa aterrizó en el Tribunal Supremo, en noviembre de 2017.

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