La legislatura más fragmentada tendrá a Batet repitiendo en el Congreso y Pilar Llop al frente del Senado

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propondrá a Pilar Llop como nueva presidenta del Senado, en sustitución de Manuel Cruz, y que Meritxell Batet siga presidiendo el Congreso. Ambos nombramientos habrán de hacerse efectivos este próximo martes, 3 de diciembre, cuando se constituyan las dos Cámaras y eche a andar formalmente la legislatura. Dos mujeres serán la tercera y la cuarta autoridad del Estado y, además, el nombramiento de Llop es una señal a favor de reformar la lucha contra la violencia machista en un momento en que la extrema derecha de Vox se ha empeñado en cuestionarla. 

Y es que LLop es una juez especialista en violencia machista que abandonó la carrera judicial en 2015 para adentrarse en la política. Antes de tomar ese decisión, su último destino judicial fue el juzgado de violencia de género número 5 de Madrid. Anteriormente, de 2011 a 2015, fue letrada del Gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con responsabilidades como la jefatura de la Sección Observatorio Violencia Doméstica y de Género, la secretaría de la Comisión de Igualdad, la secretaría del Foro Justicia y Discapacidad y el Comité de Dirección del CGPJ.

Llop accedió en 1999 por turno libre a la carrera judicial y ya en 2004 había ascendido a magistrada. Dejó la carrera en 2015 para ser diputada por el grupo socialista en la Asamblea de Madrid hasta 2018. Allí ejerció además como portavoz del PSOE en las comisiones de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, y en la de Justicia. El 14 de julio de 2018 dio un paso más al ser nombrada por Pedro Sánchez delegada del Gobierno para la Violencia de Género, en sustitución de María José Ordóñez. El puesto lo ocupó hasta abril de 2019, y desde el pasado 11 de julio de este año es senadora por designación de la Asamblea de Madrid.

En cuanto al hasta ahora presidente del Senado, Manuel Cruz, podría saltar al Gabinete como cuota del PSC y como gesto hacia Cataluña en una legislatura marcada por la dependencia de ERC. Una salida lógica sería que Cruz asumiera la cartera de Política Territorial, que dejó Batet y que ahora está en manos de Luis Planas, encargado solo del despacho ordinario de los asuntos del departamento. Durante su presidencia de la Cámara alta, Cruz ha tenido que salir al paso de la acusación de plagio con la que se trató de empañar su larga trayectoria académica como filósofo.

La propuesta de nombrar a Llop, así como la de que Batet repita como presidenta del Congreso, serán trasladadas este lunes a la Ejecutiva Federal del PSOE, que decidirá los nombres de los candidatos socialistas a ocupar las Mesas y las direcciones de los grupos parlamentarios de ambas cámaras. Sánchez no podrá presidir la reunión porque desde primera hora de la mañana tiene agenda relacionada con la inauguración de la cumbre del clima de la ONU COP25. En ausencia del secretario general, presidirá la Ejecutiva la presidenta del partido, Cristina Narbona.

Un día después, el martes, se constituirán las nueva Cortes con la cifra más alta de partidos representados en el Congreso de toda la democracia. Serán 16 -19 si se contabilizan las confluencias de Unidas Podemos- y habrá varios estrenos: Más País, la CUP, Teruel Existe y el Bloque Nacionalista Galego, que ha vuelto a la Cámara Baja después de cuatro años. El regreso del BNG, además, eleva a 29 el número de diputados que defienden posturas nacionalistas radicales e independentistas. Junto a la formación gallega, que tendrá un representante, hay que situar los 13 diputados de ERC, los 8 de JxCat, los 5 de EH Bildu y los 2 de la CUP.

La extrema derecha, por su parte, tendrá la representación más alta de los últimos tiempos.  Vox ha pasado de tener 24 a 52 escaños, de los que 29 son debutantes, entre ellos el general retirado Alberto Asarta, el expresidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, el doctor Antonio Salvá, padre de una víctima de ETA, y el deportista extremo Rafael Fernández Lomana, hermano de televisiva Carmen Lomana.

En Ciudadanos, ni la retirada de Albert Rivera tras la debacle electoral ni la renovación del 40% de sus candidatos en las listas ha traído grandes novedades al Congreso ya que los diez diputados que han conseguido acta ya la obtuvieron tras el 28-A. La renuncia del líder, eso sí, ha dado el escaño al abogado del Estado Edmundo Bal, cuarto en la lista por Madrid, que se había quedado fuera. En Barcelona, Fernando de Páramo anunció que abandonaba la formación, dejando paso a José María Espejo-Saavedra, quien ahora es la propuesta de la formación naranja para ocupar un lugar en la Mesa del Congreso. También regresa, ahora como diputado de Más País, Íñigo Errejón, quien aterrizó por primera vez en el Congreso tras las elecciones de diciembre de 2015, cuando ejerció como portavoz parlamentario de Podemos. Para su compañera Marta Higueras, concejala en el Ayuntamiento de Madrid, sí será la primera vez.

El cordón sanitario a Vox y las fórmulas de acatamiento 

Pero al margen de la representación de las distintas formaciones y de los estrenos, hay dos asunto que acaparan toda la atención de cara a la sesión constitutiva del martes. Uno es la elección de las Mesas del Congreso y el Senado. El PSOE y Unidas Podemos han promovido un ‘cordón sanitario’ para evitar que Vox tenga representación en el órgano de gobierno del Congreso. El PP, que con sus votos tiene asegurados al menos dos puestos, ha rechazado sumarse al veto, pero tampoco ha aclarado si prestará o no votos al partido de Abascal. En el caso de que no triunfe el cordón sanitario contra ellos, los de Santiago Abascal, que con 52 diputados son la tercera fuerza parlamentaria, pueden conseguir por sí solos dos puestos en la Mesa del Congreso (una Vicepresidencia y una Secretaría).

El PSOE y Unidas Podemos, que suman 155 diputados y aspiran a copar cinco de los nueves puestos de la Mesa, tienen ya el apoyo expreso de PNV, Más País y Compromís para tratar de excluir a Vox, pero su problema es que deben triplicar esos 52 diputados en cada votación para poder superar a los de Abascal, pero el precio se ‘encarece’ más si Vox recibe apoyos externos y aún más si además quieren retener la Vicepresidencia Primera del Congreso. En medio se cruza Ciudadanos, que con sus 10 diputados presentará un candidato a la Mesa del Congreso, lo que puede facilitar a PSOE y Unidas Podemos arrebatar a Vox uno de los asientos dando sus votos sobrantes al partido naranja. Así las cosas, un reparto posible sería tres plazas para PSOE, dos para Unidas Podemos y para el PP, uno para Vox y otro para Ciudadanos.

Concluidas las votaciones, los nueve diputados elegidos ocuparán sus puestos en la Mesa presidencial y la nueva presidenta irá solicitando de los demás diputados el juramento o promesa de acatar la Constitución. En esa ronda de juramentos o promesas, se podrán escuchar las distintas fórmulas pensadas por los partidos para acatar la Constitución, como el ya clásico “por imperativo legal” que suelen utilizar los independentistas de Esquerra, Junts y Bildu y ahora la CUP.

En la pasada legislatura, algunos diputados de Unidas Podemos prometieron la Carta Magna “por la democracia y los derechos sociales”; el presidente de Vox, Santiago Abascal, juró “por España” y los diputados de ERC o Junts la acataron “con lealtad” al mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017. Unas fórmulas que la Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Unidas Podemos, dio por válidas pese a las protestas del PP y Ciudadanos, que llevaron el asunto al Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal, no obstante, aún ni siquiera ha admitido a trámite estos recursos.

La exigencia del PP para un mayor control sobre los acatamientos 

Para evitar nuevas “humillaciones” a la legalidad institucional, desde el PP ya han pedido a Batet que ella o quien ocupa la Presidencia este martes controle las distintas fórmulas de acatamiento. Este viernes, la propia presidenta les replicó que si vuelve a ser elegida tratará los acatamientos de la Constitución de la misma forma que hizo el pasado mes de mayo, pues entiende que su deber es seguir aplicando el Reglamento y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Fuentes socialistas recuerdan que algunas de las fórmulas que el PP quiere evitar fueron utilizadas hace más de un año, en junio de 2018, cuando quien presidía el Congreso era la ‘popular’ Ana Pastor, sin que nadie pusiera objeción a las mismas. Según figura en el Diario de Sesiones de aquel día, los diputados de ERC Carolina Telechea y Joan Margall prometieron sus cargos por “la libertad de los presos y exiliados” por “la República catalana” y subrayando que lo hacían “por imperativo legal”, y no se les puso problema alguno.

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