La Fiscalía critica que el Supremo “optara” por una sentencia “a la baja” en la causa del 1-O

La Fiscalía se ha opuesto a los incidentes de nulidad presentados ante el Supremo por los líderes del 'procés', argumentando que la sala ha optado por una "tipificación penal más benigna" al condenar por sedición, aunque con sus actos incurrieran en elementos del delito de rebelión. En sus informes, el ministerio público pide así al Supremo que desestime los incidentes de nulidad presentados hasta ahora por las defensas de los líderes independentistas condenados por delitos de sedición y malversación por el proceso independentista.

En siete diferentes escritos -relativos a Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y también en respuesta a los no condenados con cárcel Santi Vila, Meritxetll Borrás y Carles Mundó- el Ministerio Público señala que no concurre ninguna de las causas de nulidad previstas en la ley y que se intenta sencillamente cubrir un trámite para poder acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

Queda pendiente conocer el criterio de la Fiscalía frente a peticiones similares realizadas por los tres condenados restantes, que son Oriol Junqueras, Raül Romeva y Carme Forcadell, quienes aún están en plazo de presentarlos según han aclarado fuentes del alto tribunal.

En los escritos suscritos por los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadena se dice, respecto a la subsunción de los hechos en el delito de sedición que hizo la Sala, que ello era previsible y que al atribuir a algunos de los condenados este delito y el de malversación hubo “pulcritud dogmática y respeto al principio de legalidad”.

Más críticos con la decisión de la Sala presidida por Manuel Marchena son los escritos firmados por Javier Zaragoza y Jaime Moreno, que al referirse a la desproporción de las penas alegada por las defensa responden que aún cuando el tribunal haya considerado finalmente que los hechos cometidos no tuvieron suficiente eficacia lesiva para el orden constitucional, “es lo cierto que el propio relato de hechos probados acredita el desbordamiento de los contornos legales propios de la sedición y la incursión de los mismos en la ejecución de algunos elementos típicos de la rebelión”.

“Es decir el tribunal ha optado por una tipificación penal a la baja respecto a unos hechos que bien pudieran, haber tenido un encaje normativo más riguroso“, añaden en los escritos referidos a los recursos de Sánchez, Rull y Forn.

Señalan que en el otoño de 2017 en Cataluña “existió un levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica” con “actos de alzamiento público y violento, pensados y diseñados de antemano” para “impedir por la fuerza y fuera de las vías legales la aplicación de la ley y el cumplimiento de resoluciones judiciales”.

En su escrito, el ministerio público reprocha a algunas defensas que usen el incidente de nulidad para cubrir “un trámite” para ir al Tribunal Constitucional en amparo e incluso censura que intenten “construir artificialmente una apariencia de parcialidad” en el tribunal del “procés” que “sirva en instancias distintas para minar la credibilidad e imparcialidad del tribunal”.

Este último argumento lo esgrime la Fiscalía en respuesta a la defensa de Jordi Cuixart -que considera que no le ha juzgado un tribunal imparcial-, consciente de que el líder de Òmnium Cultural, como todos los demás condenados, agotará todas las vías y acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) después de pasar por el Constitucional.

Varios de los condenados alegaron también que se había vulnerado su derecho de reunión y a la libertad ideológica y de expresión, pero los fiscales sostienen que “esos derechos no sufrieron, pues no cabe expresión del derecho al margen de la ley”. “No eran derechos, eran levantamientos hostiles contra las resoluciones judiciales”, “actuaciones delictivas de extraordinaria gravedad contra el orden público”, recalcan en uno de los escritos.

Las filtraciones

Los fiscales mencionan la “lamentable situación” producida por las filtraciones previas a que se hiciese pública la sentencia y “la pérdida de confianza” en la Justicia que ello genera, si bien indica que el texto de ésta no apareció en los medios, sino que éstos avanzaron una condena por sedición, “se ignora si con conocimiento del texto o en mera hipótesis aventurada”. Aun así, para la Fiscalía, este episodio no condicionó la independencia del tribunal.

reconoce la Fiscalía una “equivocación” en los hechos probados de la sentencia -que atribuyó a la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa las competencias en Educación y determinadas actuaciones para mantener abiertos los colegios el fin de semana del 1-O, pero considera que se trata de “un mero error material” que no incide en el juicio de culpabilidad.

La sentencia del “procés” condenó a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de entre 9 y 12 años a Carme Forcadell, los Jordis y a cinco exconsellers por sedición, en tanto que a los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs les condenó a penas de inhabilitación.