6 años de cárcel para Griñán y 9 de inhabilitación para Chaves, ambos expresidentes andaluces y del PSOE

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación en la conocida como 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación. Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla pasado casi un año desde el final del juicio y cerca de nueve desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa. La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación.

De los 21 acusados, dos han sido absueltos, el interventor general de la Junta de Andalucía entre el 2000 y el 2010, Manuel Gómez, y el jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2008, Francisco del Río. Estas son las 19 condenas:

1. Manuel Chaves

Presidente de la Junta de Andalucía (1990-2009).

Delito: prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación.

2. José Antonio Griñán

Consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) y presidente de la Junta (2009-2013).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 6 años de cárcel y 30 años de inhabilitación.

3. Gaspar Zarrías

Consejero de Presidencia (1996-2009).

Delito: prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación.

4. José Antonio Viera

Consejero de Empleo (2000-2004) y presidente de IFA e IDEA (2003-2004).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 7 años y un día de prisión y 18 de inhabilitación.

5. Antonio Fernández

Consejero de Empleo (2004-2010), viceconsejero de Empleo (2000-2004) y presidente de IFA e IDEA (2001-2003).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 7 años y 11 meses de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación.

6. Magdalena Álvarez

Consejera de Economía y Hacienda (1994-2004).

Delito: prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación.

7. Francisco Vallejo

Consejero de Innovación y presidente de IFA e IDEA (2004-2009).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 7 años y un día de prisión e inhabilitación de 18 años y un día

8. Carmen Martínez Aguayo

Consejera de Hacienda (2009-2013) y viceconsejera (2004-2009).

Delitos : malversación y prevaricación.

Condena a 6 años y dos días de prisión e inhabilitación de 15 años y dos días

9. Francisco Javier Guerrero

Director general de Trabajo (1999-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a siete años y once meses de prisión e inhabilitación de 19 años y seis meses

10. Juan Márquez

Director general de Trabajo (2008-2010).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a siete años y un día de prisión e inhabilitado por 18 años y un día.

11. Agustín Barberá

Exviceconsejero de Empleo (2004-2010).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 7 años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación.

12. Jesús María Rodríguez Román

Viceconsejero de Innovación (2005-2010) y vicepresidente de IFA e IDEA (2005-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a seis años y dos días de prisión e inhabilitación de 15 años y dos días

13. Lourdes Medina

Secretaria general técnica de Empleo (2008-2012).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 8 años y seis meses de inhabilitación

14. Juan Francisco Sánchez García

Secretario general técnico de Empleo (2000-2004) y de Innovación (2004-2010) y director de Administración y Finanzas del IFA y de IDEA (2010-20112)

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación

15. Javier Aguado

Secretario general técnico de Trabajo (1994-2000), exjefe de Recursos Humanos del IFA (2001-2003) y secretario general técnico de Empleo (2004-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación

16. Miguel Ángel Serrano

Director general del IFA y de IDEA (2004-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a seis años y seis meses de prisión así como inhabilitación durante 17 años

17. Jacinto Cañete

Director general del IFA y de IDEA (2008-2009).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 8 años y seis meses de inhabilitación.

18. José Salgueiro Carmona

Consejero de Hacienda (2004) y viceconsejero (1990-2004).

Delitos: prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación

19. Antonio Vicente Lozano

Director general de Presupuestos (2002-2009).

Delitos: prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación

Por lo que se refiere a Chaves y Griñán, los dos principales responsables de los Gobiernos andaluces que promovieron o toleraron los mecanismos a través de los que se articuló el caso de corrupción, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla señala que ambos eran “plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos” en que participaron.

Por lo que se refiere a Griñán, la sentencia establece que tuvo conocimiento de cómo consignaba la actividad del pago de las ayudas el IFA-IDEA en su presupuesto, y aprobó que figuraran como ingresos, las cantidades recibidas vía transferencia de financiación, del programa 31L, y que se incluyeran dentro del apartado “otros gastos de explotación”, para equilibrar las cuentas. “Y ello, a sabiendas de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos, pues únicamente se limitaba a pagar”. El programa 31L es el que el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero bautizó en una declaración policial como “fondo de reptiles”. De ahí salieron a lo largo de más de una década fondos para prejubilaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), así como ayudas directas a empresas y ayuntamientos. La presupuestación de “gastos ficticios” evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda “conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario haber presupuestado los citados gastos ficticios”.

La cantidad que se repartió sin control entre el año 2.000 y el 2.009 asciende, según quedó acreditado en el juicio, a 680 millones. Más de 6.000 trabajadores de empresas en crisis recibieron ayudas de la Junta de Andalucía, lo que no significa necesariamente que no tuvieran derecho a percibirlas sino que el sistema de reparto fue irregular, cuando no abiertamente ilegal. Se cree que algunos de estos trabajadores eran “intrusos”, que no trabajaban en las empresas por las que se beneficiaron de las ayudas. El “procedimiento específico” tenía por objeto eludir los controles, la fiscalización, las bases reguladoras y la convocatoria pública, así como los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad. El propio Griñán manifestó en 2015 al término de su declaración en el Tribunal Supremo por los ERE irregulares en Andalucía aquella famosa declaración que no hubo “un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude” y eso significa que “alguno de los controles pudo fallar”.

En el caso de Manuel Chaves, presidía el Consejo de Gobierno cuando se empezaron articular las primeras ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial a finales de los 90, y en el año 2000 y “la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto”. Fue bajo su presidencia cuando a partir del 18 de abril del año 2000, se optó por la utilización de la transferencia de financiación al IFA, en lugar de tramitar expedientes de subvenciones excepcionales. “Este cambio -señala la sentencia- no era un cambio menor, un mero cambio del tipo de expediente, sino que suponía un cambio en la presupuestación. Por ello, resulta impensable que el Consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo”. Además, “este cambio en la clasificación económica del gasto, mediante el uso de la transferencia de financiación, suponía que, al traspasarse los fondos desde la consejería de empleo al IFA, se iba a omitir la fiscalización previa de las ayudas que se pensaban seguir dando con cargo a esa partida”.

La Consejería de Empleo, en el punto de mira y la más castigada por el fallo

Como estaba previsto, las penas más altas son las que afectan a la Consejería de Empleo, en concreto las que han recaído sobre el extitular de ese departamento, Antonio Fernández -7 años y 11 meses de prisión- y el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, sobre quien ha recaído la misma condena. A ambos se le imputa un delito de malversación.

Sobre Fernández, dice la sentencia que “tomó decisiones tan importantes como la adoptada a partir de la sesión del Consejo Rector de 27 de mayo de 2003, de implantar el criterio de calcular las ayudas sociolaborales por lo que iba a recibir cada trabajador, y no el conjunto, aun cuando se pagase y se firmase el convenio por la totalidad o una parte. Con lo cual se evitaba la deliberación y votación en el Consejo Rector de toda ayuda que superase el 1.200.000 €, así como su ratificación por el Consejo de Gobierno”. Sobre todo, permitió que el Director General de Trabajo “dispusiera de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”.

A partir del año 2001, las ayudas las pagaba directamente el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), a través de un convenio marco firmado entre su presidente, Antonio Fernández, entonces viceconsejero de Empleo, y el que era máximo responsable de este departamento, José Antonio Viera. Este convenio dejaba en manos del director general de Trabajo, el principal imputado en la causa, Javier Guerrero (condenado a siete años y once meses de prisión), la facultad de ordenar al IFA el pago de las ayudas, pese a que Guerrero, según el tribunal, “carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones”.

De Guerrero, dice la sentencia que “participó en la tramitación de las modificaciones presupuestarias, entre ellas las de los años 2000 y 2001, que introdujeron en el programa 22E, el uso inadecuado de las trasferencias de financiación. Con lo que suponía de dejar cumplir los requisitos de la normativa de subvenciones, para seguir dando ayudas al margen de este procedimiento”. De esta manera, eludió los requisitos legalmente establecidos para su otorgamiento, así como la fiscalización previa por parte de la Intervención. “Del examen de la documentación -continúa el texto-, se desprende que lo que realmente se articuló fue un procedimiento para el pago de cantidades a las que se comprometía la Consejería de Empleo ante empresas, sindicatos, colectivos de trabajadores y personas físicas, sin sujeción a procedimiento alguno, en la asunción de dichos compromisos”. A juicio del tribunal, Guerrero “fue quien generó el déficit, al contraer obligaciones muy por encima del crédito presupuestario”.

Seis años de cárcel, como a Griñán,  les han caído también a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, al ex interventor general Manuel Gómez, al ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA) Jacinto Cañete y a la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina. Han sido condenados también a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta en el caso de Aguayo y ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial en el caso de Cañete y Lourdes Medina.

Las transferencias de financiación produjeron, entre otros efectos, la inexistencia de expedientes de subvenciones lo que, además, impidió la fiscalización por parte de la Intervención de la Consejería de Empleo. La aplicación presupuestaria que utilizó la Consejería de Empleo para el pago de las  subvenciones sociolaborales, fue la 440.51 ‘Transferencia Financiación IFA”, a pesar de que este crédito presupuestario no está previsto para tal fin. Martínez Aguayo, según la sentencia, “conocía tales extremos” ya que “intervino en la elaboración de los presupuestos de los años 2005 a 2009. Habiéndose incluido en los anteproyectos de presupuestos el uso de la transferencia de financiación al IFA, dentro del programa 31L, a sabiendas de que su finalidad era la concesión de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo”.

Una de las procesadas más conocidas, Magdalena Álvarez, que fue consejera de Economía y Hacienda entre el 2 de agosto de 1994 y el 7 de febrero de 2004, participó en la aprobación de la modificación presupuestaria de 28 de julio de 2000, en la sesión del Consejo de Gobierno, y mientras estuvo al frente del departamento consintió el “uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron, incrementando el programa 22E y luego el 31L, en lo relativo a las transferencias de financiación al IFA, en materia de relaciones laborales”. Esta fórmula se utilizó por primera vez en los presupuestos del 2002 y, a partir de ahí, “el necesario cuadre del presupuesto del ente hasta el ejercicio 2009 obligaba a compensar los ingresos presupuestarios de las transferencias de financiación, con un incremento presupuestario ficticio de otros gastos de explotación. Así, año tras año se introdujeron en el presupuesto de IFA-IDEA gastos ficticios que nunca se iban a producir”.

Cinco años de instrucción y un año de juicio

Este ‘macrojuicio’ quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción. Para su elaboración, el juez Juan Antonio Calle Peña ha trabajado con mucha intensidad durante los últimos meses, con periodos de dedicación exclusiva, y precisamente el pasado miércoles venció la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del TSJA concedió al presidente de la sala.

Desde los últimos días de octubre del año pasado el juicio vivió su fase final con la exposición de las conclusiones definitivas e informes finales de las partes, Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las 21 defensas. Cabe recordar que el juicio comenzó con 22 acusados pero las acusaciones retiraron sus cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.

Con total seguridad esta sentencia acabará en el Tribunal Supremo, el cual tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que “le llevará años”. Durante el turno de derecho a última palabra, 19 de los 21 ex altos cargos encausados se limitaron a dar las gracias a la Sala, a excepción de los dos expresidentes. Chaves afirmó que no tenía “nada que añadir, salvo expresar el reconocimiento a la labor del tribunal y que las intervenciones de la Fiscalía y los abogados de las defensas”, indicando además que había sido “un cúmulo de conocimiento e información, una experiencia vital”, mientras que Griñán mostró su “pleno convencimiento y apoyo” a lo dicho por su letrado en agradecimiento al tribunal por su actuación y apoyo a la Sala.

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