Torra se autoinculpa por los lazos en busca de su inhabilitación: ‘Sí, desobedecí. La orden era ilegal’

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido este lunes que no cumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral porque era "ilegal" y de "imposible" cumplimiento". "Sí, la desobedecí", ha dicho textualmente en respuesta a una pregunta de su abogado, Gonzalo Boye. Torra se ha sentado en el banquillo de los acusados por desobediencia y afronta una petición de inhabilitación de hasta dos años, lo que condicionará el calendario electoral en Cataluña, dependiendo de lo que tarde en pronunciarse el Tribunal Supremo, a cuya puerta va a llamar sin duda el 'president' si la sentencia es condenatoria.

La impresión generalizada es que Torra busca su inhabilitación, que tardaría unos meses hasta que la sentencia se firme tras los oportunos recursos, para apartarse de la primera línea política como un mártir del independentismo y dejar vía libre a una candidatura de JxCat para las elecciones autonómicas que podría encabezar Carles Puigdemont, si la justicia europea le reconoce finalmente su inmunidad como eurodiputado, o Artur Mas una vez que haya finalizado el periodo de inhabilitación que le impuso el TSJC por desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional que prohibían la celebración del referéndum del 9-N. Esa inhabilitación será historia el próximo mes de febrero.

Por lo que se refiere a Torra, la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros, una condena que Vox, acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condene al presidente catalán por desobediencia Torra no sería apartado del Govern hasta que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia.

El promedio del alto tribunal para resolver recursos no suele ser inferior a los nueves meses, lo que dilataría hasta al menos el año próximo una eventual inhabilitación del presidente catalán. En este caso, no obstante, podrían acelerarse los tiempos. En el momento que Torra quede inhabilitado, el paso lógico sería sustituirlo en la presidencia de la Generalitat, lo que requeriría un debate de investidura que tiene pocas posibilidades de prosperar. Los 34 diputados de Junts y los 32 de Esquerra suman 66 de los 135 escaños, lo que hace inviable la elección de un candidato ni siquiera en segunda votación, por mayoría simple. Los cuatro diputados de la CUP ya han anunciado que son partidarios de adelantar las elecciones y que no apoyarán a un candidato a president, con lo que unirían sus votos a los de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú Podem y el PP. Eso abocaría a una convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña que podría producirse justo antes del verano. Los comicios se celebrarían entre 40 y 60 días después.

En el caso de que para entonces aún no se haya pronunciado el Supremo sobre una eventual condena del TSJC, Torra tampoco podría ser candidato a las elecciones en aplicación del artículo 6.2 apartado b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que declara inelegibles a “los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.

De momento, durante su juicio y a la pregunta de su abogado, Gonzalo Boye, sobre si cumplió “si o no” la orden de la JEC, Torra ha sido taxativo: “No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia”.

La defensa cuestiona que este sea un “juicio imparcial”

Previamente, la defensa del presidente de la Generalitat ha pedido la nulidad del juicio. La abogada Isabel Elbal, que le representa junto a Gonzalo Boye, ha denunciado que en el procedimiento se han vulnerado derechos fundamentales y ha cuestionado que Torra pueda tener un “juicio imparcial”, tras una instrucción “muy parcializada”. “Es palmario y evidente que no se respeta el derecho a la presunción de inocencia. Es tan evidente que, según la opinión publicada, (Torra) va a ser condenado. Ha habido regueros de tinta sobre el análisis de la situación política en Cataluña cuando sea inhabilitado. Es tan evidente y tan palmario que no debería proseguir el juicio”, ha asegurado.

Como ya hiciera en varias ocasiones en fase de instrucción, la defensa ha insistido en plantear la nulidad de la causa contra Torra por desobediencia, al cuestionar no solo la imparcialidad de los miembros de la Junta que le conminaron a retirar los lazos amarillos, sino también del magistrado instructor, Carlos Ramos, y del propio presidente del TSJC y de la sala que juzga el caso, Jesús María Barrientos, por haber emitido opiniones, en el caso del presidente del TSJC en público, en relación a los hechos que motivaron la querella. Elbal ha asegurado que la defensa no tiene “ninguna confianza” en la sala que juzga al presidente catalán y ha argumentado que en la causa se han vulnerado derechos fundamentales de Torra, como el derecho a un juez imparcial o a la presunción de inocencia, por lo que ha sentenciado: “Todo lo que empieza así de mal, no puede acabar bien”.

Enmarcado en el contexto político que vive Cataluña, la defensa de Torra se ha preguntado si “hay algún juez” en esta comunidad capaz de “enjuiciar” al presidente de la Generalitat por el “acto político” de exhibir unos símbolos: “Evidentemente, esto es una anomalía democrática, tienen la oportunidad histórica de salvar el sistema democrático”, ha indicado la letrada. En el caso de que el tribunal desestime su petición de nulidad, como así ha sido, la defensa de Torra ha pedido que se suspenda el juicio para dar tiempo de poder citar como testigos a los miembros de la JEC que ordenaron la retirada de los lazos, ya que, si no comparecen, supondría un “agravio comparativo” y se vulneraría su derecho de defensa. Para la letrada de Torra, la declaración como testigos de los miembros de la JEC es “sumamente importante”, por lo que ha pedido que se admita su solicitud y se suspenda el juicio para que puedan ser citados y puedan ejercer su defensa en “igualdad de armas”.

Según la defensa, los miembros de la JEC tendrían que aclarar en el juicio por qué asumieron competencias que correspondían a la Junta Electoral Provincial de Barcelona y por qué adoptaron decisiones que “desbordan” sus atribuciones, llegando “a un extremo al que nunca habían llegado contra el presidente de la Generalitat”. Además, la defensa quiere preguntar a los miembros de la JEC si existe algún “posicionamiento político” para “criminalizar” a Torra por “un gesto político como es exhibir pancartas en solidaridad con los presos políticos”.

Mandato popular ‘de quita y pon’ y rifirrafe con el presidente del tribunal

Antes de su autoinculpación proclamando que sí desobedeció a la JEC, el propio Torra ha alegado que las órdenes de la Junta Electoral Central para que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos eran “ilegales”, dado que este no es un órgano “superior jerárquico” al jefe del ejecutivo catalán. Tras negarse a contestar a la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por Vox, Torra ha cuestionado en respuesta a su defensa las instrucciones que le dio la Junta Electoral al considerar que este órgano carecía de competencias para emitirlas, por lo que acusa a sus miembros de haber prevaricado.

Lo que no ha explicado Torra en ningún momento es por qué considerando la orden ilegal y carente de competencias para emitirla a la Junta Electoral Central, renunció al ‘mandato popular’ al que ha apelado en todo momento para justificar su intento de burlar a ese órgano y acabó descolgando la pancarta con un lazo amarillo en apoyo a los políticos presos para sustituirla por otra en defensa de la libertad de expresión. El lazo ya no era de color amarillo, sino blanco con una franja roja, y el ‘president’ esperó al último minuto, cuando ya había expirado el plazo establecido por la JEC, para hacer la sustitución. Pero cuando la acometió dio la epalda a ese mandato que según él, y el independentismo en general, está por encima de la legalidad y es de obligado cumplimiento.

Por cierto que la negativa de Torra a responder a Vox ha provocado un toque de atención del presidente del tribunal por la argumentación que ha esgrimido el ‘president’. “Este país ha sufrido cuarenta años de dictadura fascista, y no responderé” a las preguntas de Vox, ha dicho Torra. En este punto, el juez Barrientos ha hecho esta advertencia a Torra: “No le permitiré ninguna manifestación ofensiva o descalificadora a ninguna de las partes” que forman parte de este juicio: “No voy a permitir este tipo de descalificaciones”, ha reiterado. El presidente de la Generalitat ha esgrimido que sus argumentos para rechazar las preguntas de la acusación popular “no son ninguna descalificación”, y ha avanzado que tampoco iba a responder al interrogatorio del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía ha pedido a la sala que rechace las peticiones de la defensa de Torra y ha negado que exista un “complot” por parte de los miembros de la Junta Electoral. Además, ha descartado que los magistrados cuestionados por la defensa estén contaminados: “No se puede concebir que los jueces estén en burbujas y no puedan dar nunca una opinión”, ha indicado Bañeres, que ha defendido que un juez puede ser crítico sobre cualquier tema y ello no es argumento para recursarlo. Al término del juicio, que se ha sustanciado en un solo día, el Ministerio Público ha mantenido su petición de un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha entrado a las 8.50 en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), acompañado de su mujer y arropado por una comitiva de partidos y entidades, y más de 500 personas. Han formado parte de la comitiva, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Roger Torrent; miembros del Govern; miembros de JxCat, ERC, CUP, Demòcrates, ANC, Òmnium y la AMI; el expresidente del Govern, Artur Mas y el abogado de Torra, Gonzalo Boye. Además, han estado miembros y diputados de los partidos, tanto del Parlament como del Congreso, también se ha podido a la exalcaldesa de Badalona Dolors Sabater y al expresidente del Parlament Joan Rigol, entre otros.