La sentencia de los ERE se dará a conocer el 19 de noviembre

El juicio contra 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía quedó visto para sentencia en diciembre de 2018

La sentencia de la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta de Andalucía, en la que están acusados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como varios exconsejeros y exaltos cargos, se conocerá el próximo 19 de noviembre a partir de las 12.00 horas.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, encargada de enjuiciar el caso, ha dictado este martes una providencia en la que cita ese día a procuradores y acusados para notificarles la sentencia, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018 tras 152 sesiones desarrolladas durante más de un año, un tiempo en el que el tribunal oyó a más de 120 testigos, 9 peritos y los 21 acusados, quienes se enfrentan a peticiones de condena de hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación.

En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía pidió 10 años de inhabilitación para Chaves y para los exconsejeros Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, el exviceconsejero José Salgueiro, el exjefe de los Servicios Jurídicos Francisco del Río y el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano por prevaricación, y entre 6 y 8 años de cárcel para otros quince acusados, entre ellos Griñán, por ese mismo delito y otro de malversación.

En el uso de su derecho a la última palabra, Chaves dio las gracias al tribunal y destacó que las intervenciones de todos los letrados habían supuesto “una experiencia vital” para él.

Casi un año más tarde se sabrá si Chaves, Griñán y una veintena de exconsejeros, exviceconsejeros y ex altos cargos de las consejerías de Empleo, Hacienda, Innovación y la agencia pública IDEA que formaron parte de sus gobiernos entre 2001 y 2010 son condenados por crear un “procedimiento específico” para dar 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas de forma arbitraria y sin control.

Otra posibilidad es que la Sección Primera entienda que el procedimiento de concesión y pago de las ayudas no era ilegal, al margen de las posibles irregularidades que se produjeran en la gestión y ejecución del crédito, enjuiciadas en piezas separadas para cada ayuda concreta.

Los responsables políticos que sean condenados o absueltos en esta pieza política no podrán ser juzgados en el resto, de acuerdo con el criterio que está siguiendo el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La sentencia, además, no será firme y admitirá recurso ante el Tribunal Supremo.

Las 152 sesiones celebradas entre el 13 de diciembre de 2017 y el 17 de diciembre de 2018 ocupan más de 680 horas de grabación e hicieron que los tres magistrados escribieran en algunos casos “cinco o seis cuadernos y 300 folios sueltos” que han tenido que revisar, junto a las pruebas documentales que obran en 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete de anexos.

La deliberación y confección de la sentencia, que tendrá más de 1.700 folios, fue de tal envergadura que la Sala de Gobierno del TSJA liberó al ponente a partir del 26 de febrero para que se centrase en la redacción del documento. La primera dispensa fue prorrogada primero en septiembre y después a finales de octubre.

El 9 de abril, además, el TSJA eximió parcialmente de participar en juicios y ponencias entre el 22 de abril y el 28 de junio a las otras dos magistradas de la causa, Pilar Llorente y Encarnación Gómez. La sentencia fue calificada por Lorenzo del Río, presidente del TSJA, como “la más complicada de la historia judicial de España”.