Reino Unido rechaza la euroorden contra Ponsatí y Sánchez denigra a la Fiscalía diciendo que la controla

Las autoridades de Reino Unido han contestado este miércoles a la orden de detención europea dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatí que la petición "es desproporcionada" con arreglo a su legislación, por lo que no le darán trámite, según un documento recibido por la Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea) dependiente del Ministerio del Interior. El juez Llarena, que instruye la causa por el ‘procés’ emitió el martes una nueva orden europea de detención y entrega contra Ponsatí, fugada a Escocia, por un delito de sedición tras descartar el de malversación a la luz de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido ha determinado que la euroorden es desproporcionada de acuerdo con la legislación de Reino Unido porque la sedición en la legislación británica es una cuestión de orden público y no un delito contra el Estado, como se entiende en España. Así lo ha determinado un abogado británico especialista en derecho penal internacional.

Llama la atención el hecho de que, en un proceso cuyo cauce es la comunicación directa de juez a juez, haya decidido intervenir la autoridad policial británica. El abogado de Ponsatí, que tenía intención de hacer entrega de su cliente este mismo jueves, ha anunciado que retrasará al menos una semana esa decisión. “Hay contradicciones flagrantes en una orden de detención muy dispersa que se extiende hasta 59 páginas, y que salta de la rebelión a la sedición. Solo hace mención a la señora Ponsatí en dos páginas, y la acusa de sedición sin especificar con claridad su papel”, ha dicho Aamer Anwar.

Por ahora, la respuesta sólo se refiere al sistema Sirene de cooperación policial entre países, por lo que habrá que esperar a que se pronuncie el sistema judicial escocés. Hay que tener en cuenta, no obstante, que estamos en plena precampaña electo5ral en el Reino Unido, donde habrá elecciones el próximo 12 de diciembre, y que el Partido Nacionalista Escocés podría arrebatar un buen número de escaños al Partido Conservador en un territorio que se ha mostrado muy beligerante contra la entrega de la exconsejera. De hecho, ya se habían preparado protestas contra la eventualidad de que se produjera.

El fiasco sobre la orden de detención y entrega contra Ponsatí se ha producido en un momento de confusión sobre el efecto que unas declaraciones del presidente del Gobierno en funciones puedan tener en la Justicia belga cuando evalúe si debe entregar o no a España a Carles Puigdemont.

Una de las afirmaciones de Pedro Sánchez durante el debate televisivo del lunes que más sorprendieron fue la de que si vuelve a gobernar, tras las elecciones del 10-N, traerá de vuelta a España a Puigdemont. El compromiso llamó la atención porque supone ignorar la separación de poderes y el papel que corresponde a la Justicia en todo lo relativo a una eventual detención y entrega del expresidente catalán. “¿Cómo piensa traerlo, saltando con los geos desde un helicóptero?”, se preguntaba este miércoles en tono irónico el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la Cadena Ser. La respuesta se la ha dado el propio candidato socialista desde los micrófonos de RNE y ha servido para perseverar en el error y enfadar a todas las asociaciones de fiscales.

“La Fiscalía depende del Gobierno, pues ya está….” La frase es muy polémica porque ahonda en esa negación de la separación de poderes que ya le han reprochado al presidente en funciones y porque contradice la defensa que hacía el propio gobierno de la independencia de la Fiscalía cuando desde el Govern se pedía algún gesto de cara al juicio a los exlíderes del ‘procés’, especialmente de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que finalmente fueron tumbados por los votos independentistas en el Congreso de los Diputados.

La afirmación del presidente ha provocado ya la airada reacción de todas las asociaciones de fiscales, desde la más conservadora a la más progresista.

Los fiscales recuerdan que, aunque al fiscal general del Estado lo elige el Gobierno, tanto la Constitución como su propio Estatuto Orgánico establecen que ellos actúan “con plena objetividad e independencia” en defensa de la legalidad. La función del fiscal general es, según el artículo 124 de la Constitución, “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados (incluido el Ejecutivo), así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado en Twitter el “escándalo permanente en el que vive instalado el Estado heredero del franquismo”, en alusión al comentario de Sánchez sobre el vínculo de la Fiscalía con el Ejecutivo. “De acuerdo, sí, un escándalo, pero es el escándalo permanente en el que vive instalado el Estado heredero del franquismo”, ha recalcado Torra. En otro tuit, Torra se ha hecho eco del comunicado en el que la Asociación de Fiscales le recuerda a Sánchez que la Fiscalía no cumple órdenes del Ejecutivo, y ha agregado: “Es kafkiano”.

Para la cabeza de lista de JxCat al Congreso por Barcelona, Laura Borrás, las declaraciones de Sánchez son un “anuncio de secuestro” que supone una “regresión de derechos fundamentales” que debe ser “muy preocupante para los demócratas en España. “No sé si ahora es sheriff Pedro Sánchez o cómo va esto, porque, que sepa yo, Puigdemont está en Bélgica pendiente de resolver judicialmente una euroorden”, ha criticado. “Serán los jueces belgas quienes deberán de decidir qué es lo que ocurre”, ha añadido, criticando que Sánchez pueda hacer “como promesa electoral” prometer que “va a traerlo”. “Es como si estuviese en el ‘Far West’, hiciera de shérif, no sé cómo lo va a traer si va a utilizar los métodos del GAL, ¿va a enviar a los GEOS… como lo va a hacer?”, se ha preguntado.

En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, Puigdemont también ha criticado las palabras de Sánchez, que a su juicio confirman que “no hay separación de poderes. “Pedro Sánchez acaba de hacer su ‘¿y la Europea?’ con que Rajoy acreditó su ignorancia”, ha añadido, comparando sus palabras con el momento en el que el expresidente popular Mariano Rajoy preguntó en 2015 si los catalanes seguirían teniendo la nacionalidad española y europea si se separara Cataluña de España.

A todas estas críticas se ha unido desde la cárcel el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien en una entrevista ha asegurado estar “harto” de las “las amenazas y de la inmadurez” de Sánchez. En declaraciones a SER Catalunya, Junqueras ha criticado que el PSOE “amenaza cada día con el 155, ataca la escuela catalana, la televisión y los medios públicos catalanes, niega la democracia porque quiere prohibir los referéndums”, por lo que su formación no solo no tiene “nada que hablar” con esta formación. “Nos encontrará delante suyo. Tenemos que derrotarlo en las urnas, -ha añadido el líder republicano- porque es la única forma que entienda que a Cataluña se la debe escuchar y se la tiene que respetar”.

Sánchez, por otra parte, ha justificado la recuperación del delito de organización de referendos ilegales porque el independentismo catalán está amenazando con volver a retomar la vía unilateral. El líder del PSOE ha advertido de que consultas como la del 1 de octubre de 2017 que “cuestionan la integridad territorial” de España son elementos de “discordia” y de “enquistamiento de la situación política en Cataluña”, donde la mayoría de ciudadanos son partidarios de permanecer en España.

Sánchez ha explicado que cuando el lunes en el debate anunció que traería al expresidente fugado de la Generalitat Carles Puigdemont a España se refería a que la Fiscalía, que depende del Gobierno, pidió al juez instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, que reactivase la euroorden contra el líder independentista. “Espero que más pronto que tarde Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española”, ha señalado, precisando que todo depende del tiempo que la justicia belga tarde en responder a esta solicitud.

Ante la amenaza de radicales independentistas de interferir en la jornada electoral en Cataluña, ha señalado que se han desplegado “un número importante” de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha subrayado que “todas las instituciones” -también la Generalitat de Cataluña- tienen el debate de garantizar el “normal discurrir de la jornada electoral”. Como ya hiciera en entrevistas anteriores, ha advertido de que alterar la jornada electoral puede derivar en “responsabilidades penales contundentes”.