El Gobierno quiere liquidar la ‘república digital catalana’ y que la Fiscalía investigue a la Mesa del Parlament

El Gobierno cree que la Mesa del Parlamento catalán ha podido desobedecer la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) de que no debata sobre el derecho de autodeterminación ni sobre la Monarquía, por lo que ha reclamado al tribunal que se dirija a la Fiscalía para que investigue si se han cometido delitos. Lo hizo la semana pasada cuando admitió a trámite una propuesta de los grupos independentistas para volver a debatir sobre esos asuntos que el tribunal de garantías ha dejado fuera de su ámbito de competencias. Además, el Consejo de Ministros que se ha adelantado a este jueves un real decreto ley para "poner punto final al proyecto del independentismo de la república digital" catalana, un golpe de efecto antes de las campaña electoral que ha avanzado el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Sánchez ha avisado en una entrevista en Onda Cero de que “ni habrá independencia offline ni online”. El real decreto ley obliga a que todos los servidores de las administraciones públicas del Estado español deban estar localizados en la UE en lugar de en paraísos digitales, ha precisado. Esto tendrá como consecuencia, según el jefe del Ejecutivo en funciones, que no se puedan utilizar las redes para “fines espurios” como se teme que está haciendo ya la Generalitat, porque el Gobierno tiene “más de una intuición” al respecto. Sánchez ha explicado que con este decreto se pretende controlar, “al amparo de la democracia”, el “potencial mal uso” que haga la Generalitat para la construcción de esa “república digital”. Eso es algo que, a su juicio, persigue “violentar al Estado en el mundo online”.

Preguntado entonces sobre si este intento de violentar al Estado por parte del independentismo sería razón suficiente para adoptar medidas extraordinarias en Catalunya, Sánchez ha comentado que la medida es una forma de anticiparse “desde la proporcionalidad” a los proyectos independentistas, pero también ha aclarado que “si se dan pasos mayores, nunca he negado el uso de la ley de Seguridad Nacional ni de la Constitución”, ha advertido.

La ‘república digital’ no es algo que la Generalitat esté pergeñando en secreto. El conseller de políticas digitales, Jordi Puigneró, ha explicado públicamente que su departamento trabaja en la construcción de una especie de red social que pretende construir una república catalana virtual no constreñida a un espacio físico que hoy por hoy no es posible controlar para llevar a cabo esa ruptura del Estado. La república en la que trabaja el Govern requeriría de unas estructuras de las que también participaría el denominado Consell de la República creado en Bruselas por el expresident Puigdemont y el resto de consellers que decidieron abandonar Catalunya tras la DUI.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que el real decreto ley para poner fin a este proyecto se publicará el próximo martes en el BOE, por tanto no inmediatamente, porque ha recibido “algunos ajustes” en el cónclave gubernamental. La dirigente ha justificado la aprobación de la legislación “por razones de interés general urgente”. Puigneró, por su parte, ha comparecido para decir que el real decreto ley es un “golpe de Estado. “Sánchez está anunciando un golpe de Estado digital en Cataluña. Sánchez ha desconectado no solo de Cataluña, sino del progreso social y digital del siglo XXI”, ha dicho y ha añadido que “asistimos a una prueba descarnada de la deriva antidemocrática en la que ha entrado el Gobierno del PSOE. Estamos delante de un 155 digital”.

Calvo, por otra parte, ha instado al Tribunal Constitucional a dirigirse a la Fiscalía en el caso de que considere que los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña han cometido algún delito al incumplir, de forma reiterada, sus resoluciones. La Mesa del Parlament admitió la semana pasada a trámite una propuesta de Junts, ERC y la CUP donde reiteraban su disposición a debatir sobre asuntos como la autodeterminación y la Monarquía, pese al apercibimiento del TC de que no lo hicieran, al haber sentencias previas de este tribunal negando que puedan hacerlo.

“Pedimos al Constitucional que considere si se ha traspasdo esa línea, si ha desautorizado el apercibimietno que él mismo hizo y que se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que se puedan tener”, ha asegurado la vicepresidenta que, además, ha informado de la petición de un informe urgente al Consejo de Estado para impugnar el debate sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los políticos juzgados por el ‘procés’ y que tuvo lugar el 17 de octubre. “No corresponde en el respeto a la separación de poderes que ningún parlamento debata una sentencia de los tribunales”, ha dicho Calvo, que ha dejado claro que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional contra este debate aunque el Consejo de Estado no lo comparta (sus informes no son vinculantes para el Consejo de Ministros).

Precisamente este jueves el Tribunal Constitucional ha vuelto a recordar al Parlament que tiene el deber de no tramitar las propuestas de resolución y declaraciones que tengan un obvio contenido inconstitucional. En concreto, ha sentenciado que la Mesa ni siquiera debió admitir a trámite la moción en la que se ratificaron los “objetivos políticos” de la resolución del 9-N de 2015 para avanzar hacia la independencia de Cataluña, un texto que ya había anulado previamente. El tribunal de garantías ha amparado al grupo PSC-Units al estimar que la Mesa vulneró sus derechos políticos e incumplió “su deber de respetar lo resuelto por este tribunal” ya que en realidad debía haber inadmitido a trámite la propuesta de la CUP al referirse a una resolución -la del 9N- que había sido declarada inconstitucional.

La Abogacía defenderá a los policías y reclamará por daños en los bienes

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha anunciado también que se ha ordenado a la Abogacía General del Estado que defienda judicialmente a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en Cataluña y que reclame en los procedimientos penales que se abran por los daños en bienes en los disturbios callejeros de grupos independentistas. La defensa en los tribunales no incluye a los Mossos d’Esquadra porque, según ha explicado Calvo, el Gobierno “no puede invadir competencias que no tiene” para ofrecer este tipo de protección en una policía autonómica. “No existe ninguna posibilidad porque no hay ningún convenio”, ha detallado.

La decisión de “acompañar en las dificultades que encuentren” los policías y guardias civiles se ha encargado al Ministerio de Justicia que, según ha precisado la vicepresidenta, ha firmado este mismo jueves “una encomienda” para que la Abogacía General del Estado se persone en este tipo de procedimientos.

En concreto, según la exposición de Calvo, los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contarán con asistencia jurídica por parte de la Abogacía General del Estado en los casos en los que hayan sufrido “agresiones físicas, amenazas o acusaciones de denuncias falsas”. “El Gobierno ha decidido la protección de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, ha dicho Calvo, subrayando que la asistencia jurídica se ofrecerá en aquellos procedimientos que se siga contra los agentes por los actos relacionados en el ejercicio de sus funciones.

En su intervención, Calvo ha añadido que, en el ámbito de sus competencias, la Abogacía “también se va personar en nombre de la Administración General del Estado en cualquier procedimiento penal cuando se hayan producido daños a los bienes del Estado”.