El independentismo desafía al Constitucional con una resolución para defender la autodeterminación

JxCat, ERC y la CUP han pactado una propuesta de resolución en el Parlament que rechaza la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "procés", exige la libertad de los líderes independentistas presos y proclama que la Cámara autonómica seguirá debatiendo sobre la autodeterminación y la reprobación de la monarquía pese a los reiterados avisos del Tribunal Constitucional, que en las últimas semanas ha tumbado todos los acuerdos parlamentarios sobre cuestiones que contravienen la legalidad. Es más, el tribunal de garantías alertaba al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a todos los miembros de la Mesa sobre las posibles consecuencias penales si seguían ignorando sus apercibimientos.

Los tres grupos independentistas de la cámara catalana han acordado un texto conjunto que incluye un total de 15 puntos, en respuesta a las condenas dictadas la semana pasada por el Supremo contra los líderes del “procés”, pero en el que se aprovecha para ‘colar’ asuntos que, pese al cuidado que han puesto para evitar una nueva impugnación, rozan peligrosamente el incumplimiento de las resoluciones del TC.

La propuesta de resolución no ha sido tramitada por la vía de urgencia extraordinaria y, por tanto, no es probable que se vote en el pleno que arrancará este miércoles. El próximo pleno se celebrará pasadas las elecciones del 10-N, el 12 y 13 de noviembre. Fuentes de la presidencia del Parlamento explican que si la propuesta ha sido tramitada es porque, a pesar de ser consciente de las consecuencias que puede tener, lo que no puede hacer la cámara es “restringir” el debate.

De hecho, los letrados de la Mesa ya han avisado de que esta propuesta de resolución contradice los autos del Tribunal Constitucional desde el momento que manifiesta su voluntad de “reiterar” la reivindicación de la autodeterminación y la reprobación de la corona. Y lo que hizo el tribunal fue precisamente avisar de que no se repitieran votaciones de resoluciones como las que ya han sido impugnadas. “El Parlament reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”, dice textualmente el controvertido párrafo de la propuesta de resolución.

Por lo que se refiere a la sentencia, los tres grupos alertan de que “limita el ejercicio de los derechos fundamentales”, enmarcándose en una “deriva autoritaria” del Estado que afecta al conjunto de los ciudadanos y no sólo a aquellos que son independentistas. En el marco de la defensa del derecho a la libertad de expresión, los independentistas consideran un “escándalo democrático” la condena de 11 años y medio de cárcel a la ex presidenta del Parlamento Carmen Forcadell por haber permitido que el Parlamento “se pudiera hablar de todo”.

En esa línea, los tres grupos apuestan por defender “sin fisuras” la libertad de expresión de todos los parlamentarios y, en consecuencia, advierten de que el Parlament “reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la Monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”. Tres cuestiones que han figurado en los últimos meses en sendas resoluciones parlamentarias que luego han sido suspendidas por el Constitucional.

Los promotores del texto afirman el “carácter estrictamente cívico y no violento del movimiento independentista” y denuncian la “criminalización generalizada de la disidencia política”. También alertan los grupos firmantes de que el fallo del Supremo establece un “precedente inaceptable” a partir del cual todas las formas de protesta “podrían convertirse en un delito de sedición”. Y cita como ejemplos las protestas para detener desahucios o el corte de una calle por una manifestación. La propuesta de resolución destaca que ambas actuaciones “podrían convertirse en delito de sedición”.

El texto también argumenta que otros parlamentos de todo el estado español se posicionan sobre cuestiones que desbordan su ámbito competencial pidiendo, por ejemplo, que se aplique el 155 en Cataluña, sin que ello implique “ninguna impugnación” por parte del Gobierno español. Es más, los grupos independentistas defienden que lo puedan seguir haciendo en defensa de la representación política y la libertad de expresión. Y recuerdan que la propia cámara catalana “ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde el año 1989 sin que esto haya sido objeto de persecución y censura por parte de las instituciones del Estado. En consecuencia, se compromete a seguir haciéndolo si esta es la voluntad de los diputados y diputadas”.

En el argumentario en el que se basa todo este texto, se destaca que la competencia autonómica no puede definir “los límites” de lo que se puede hablar en el Parlamento. “Los representantes legítimos del pueblo de Cataluña han de poder situarse políticamente en cuestiones como la invasión de Turquía en el Kurdistán, la crisis de refugiados o la emergencia climática”, recoge el texto como ejemplos.

La CUP, que está detrás de la propuesta, le ha puesto ya algunos reparos como que pueda ser utilizada como “cortina de humo para tapar la falta de acción política del gobierno (de la Generalitat), la falta de liderazgo político institucional y su subordinación y complicidad con el operativo policial” que ha derivado en cientos de heridos en la última semana marcada por los disturbios. La CUP lamenta que el ejecutivo catalán no haya estado “a la altura” y que, además, “haya ayudado el Estado en la represión policial y judicial”.

Ante las posibles consecuencia que pueda tener la resolución una vez que haya sido votada, el presidente del Parlament se ha mostrado dispuesto a afrontarlas: “Si hay consecuencias desde un punto de vista judicial, y por tanto personal, de los miembros del Parlament y de su presidente, las asumiremos. Asumiremos todas las consecuencias que conlleve defender que aquí se pueda hablar de todo”. Desde la presidencia del Parlament se insiste en que la Mesa no se puede convertir en un órgano censor y se apela a la libertad de expresión de los diputados y el derecho de representación política.

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