Operación policial en Cataluña por supuesta corrupción que salpica al ‘conseller’ Buch

La Policía Nacional ha registrado este lunes la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACMC) en una operación contra una nueva trama que habría amañado concursos públicos y desviado fondos al 'procés'. Las investigaciones, que ha desvelado 'El Confidencial', salpican al actual consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch, que fue presidente de la entidad entre 2011 y 2018, y que colaboró activamente con el movimiento independentista durante el otoño de 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal y se declaró unilateralmente la independencia.

Los fondos supuestamente desviados se habrían utilizado para financiar actividades e iniciativas relacionadas con la ofensiva independentista, entre ellas los viajes de alcaldes de partidos soberanistas a Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont.

La candidata de JxCat al 10-N Laura Borràs ha considerado este lunes que esta operación contra la Asociación Catalana de Municipios (ACM) forma parte de una “razia” contra el independentismo. En una rueda de prensa en el Parlament, Borràs ha afirmado que interpretan esta operación como “una nueva razia contra el independentismo”, en este caso contra una “columna vertebral” como es el municipalismo. “Ya no hay casualidades a estas alturas; han puesto en marcha todos los mecanismos”, ha juzgado Borràs.

En la misma línea ha valorada otra operación, en este caso dirigida por la Audiencia Nacional, contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública, en el marco de la cual se ha ordenado el registro de Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, en la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 16 de Barcelona y que permanece bajo secreto de sumario, se ha registrado también la agencia Viajes Alemany de Vic (Barcelona), que supuestamente gestionó el viaje de los alcaldes a Bruselas, y otra situada en la capital catalana.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, se centra en averiguar si la ACM -entidad que agrupa a ayuntamientos de la órbita soberanista- malversó fondos públicos en actividades organizadas por el independentismo y desvió dinero de sus arcas, nutridas de aportaciones municipales, a fines ilícitos.

Uno de los pagos que se investigan está vinculado al viaje de 167 alcaldes independentistas a Bruselas, en un acto organizado por el expresidente catalán Carles Puigdemont el 7 de noviembre de 2017, cuando la presidía el conseller de Interior, Miquel Buch. Fuentes policiales consultadas por Efe han precisado, sin embargo, que hasta el momento el conseller no está siendo objeto de ninguna investigación por esta causa.

Por el momento, las diligencias ordenadas por el juez han consistido en registros y requerimientos de información, sin que se haya practicado ninguna detención, y se centran en el análisis de la contratación de la Asociación.

Los agentes están interviniendo material informático de la ACM y requisando facturas de la entidad desde el año 2014 hasta la actualidad.

La Fiscalía Superior de Cataluña ya abrió una investigación para averiguar si el viaje de los 167 alcaldes para asistir al acto municipalista organizado por Puigdemont había sido costeado con fondos de los consistorios, pero finalmente la archivó al concluir que no había indicios de que lo financiaran los ayuntamientos.

El viaje en avión de los alcaldes fue gestionado por la agencia Viajes Alemany, por encargo de la ACM, que pagó por el mismo un total de 62.900 euros, que ahora se investiga si procedían de fondos públicos.

Por el alquiler del local donde se celebró el acto, se pagaron otros 13.322 euros, que fueron financiados a medias por la ACM y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Agentes de paisano de la Policía Nacional han acudido esta mañana a la sede de esta agencia de viajes y han requerido a sus responsables toda la documentación relacionada con sus contratos con la ACM.

La Fiscalía acordó archivar su investigación contra los alcaldes por el viaje a Bruselas, después de que la ACM acreditara documentalmente que los 167 alcaldes habían ingresado los 300 euros que costaba el desplazamiento y que los que lo habían sufragado con fondos del consistorio habían devuelto después las cantidades correspondientes.