Sánchez no se mueve y Torra pide una ‘mesa de diálogo’ mientras ampara la violencia en Cataluña

La Audiencia Nacional ya investiga delitos de terrorismo de los CDR y ‘Tsunami Democrátic’ que relaciona con Torra y Puigdemont

El presidente catalán Quim Torra ha pedido, desde su doble condición de bombero e incendiario de la nueva y violenta rebelión callejera, una ‘mesa de diálogo’ imposible, con la que pretende ocultar sus claras responsabilidades de orden político y penal en los recientes y crecientes disturbios. Los que, por sexto día consecutivo, han aparecido en Cataluña y amenazan con seguir hasta la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre. 

Torra, con su Gobierno roto y sin apoyo parlamentario de PDeCAT y ERC, se han convertido según las últimas investigaciones de la Audiencia Nacional, en sospechoso directo de colaboración con las actuaciones ‘terroristas’ de los CDR. Así las llama en sus informes internos la Audiencia Nacional y por lo tanto no puede ser interlocutor de un diálogo ‘urgente’ con el Gobierno de Pedro Sánchez como el que ahora pide desde la Generalitat. 

El presidente en funciones Pedro Sánchez, que se niega a adoptar medidas especiales (Ley de Seguridad Nacional o 155) en Cataluña para impedir y no solo rechazar la violencia creciente. Y no lo hace porque llegó al poder con los votos de los partidos de Junqueras y Puigdemont, y porque sabe que puede necesitar a ERC en una próxima investidura. Lo que, por otra parte, le impide ordenar a la Fiscalía del Estado investigar a Torra por su colaboración con los violentos CDR, como ya se sabe en la Audiencia Nacional.  

Y todo ello en medio de una batalla campal diaria en Cataluña que puede convertirse en el Waterloo electoral de Sánchez el 10-N. Como las mentiras de José María Aznar durante los atentados islamistas del 11-M en Madrid provocaron en 2004 la derrota de Mariano Rajoy por José Luís Rodríguez Zapatero. 

Sánchez considera que los 12 escaños que el PSC logró en Cataluña en los comicios del pasado 28 de abril son imprescindibles para su victoria y por ello se niega a aplicar en Cataluña la Ley de Seguridad Nacional o el artículo 155 de la Constitución, aunque ello le puede hacer perder muchos votos y escaños en el resto de España. 

Lo que está ocurriendo en Cataluña da la razón a los tres magistrados del Tribunal Supremo que defendieron el delito de ‘rebelión’ en la sentencia de los golpistas del ‘procés’. Porque ahora emerge en su ‘violento esplendor’ el verdadero organigrama del golpe catalán de 2017 y su violenta ‘fuerza de choque’ a la que habrá que añadir su enorme aparato de financiación y propaganda que está por desvelar.

España es, en estos momentos, un país indignado que sigue con estupor los graves acontecimientos de Cataluña donde de momento se han registrado, según anunció el ministro de Interior Grande Marlaska: más de 300 heridos entre agentes de las Fuerzas de Seguridad, más 260 vehículos de esas Fuerzas destrozados, más de 100 carreteras cortadas, 250 incendios en Barcelona y otras ciudades catalanas y agresiones en el aeropuerto de El Prat y las estaciones del AVE e innumerables destrozos urbanos.

Lo que hace que en Cataluña la mayoría de la población, democrática y constitucional, vive -como declaraba ayer Inés Arrimadas- ‘aterrorizada’ y se siente desamparada por el Gobierno nacional español. Porque ‘terror’ es la palabra que ahora se aplica a las investigaciones de la Audiencia Nacional. 

El lugar desde donde se detuvo y mandó a prisión a un comando terrorista de los CDR que estaba listo para atacar y sembrar en el territorio catalán. Y en cuyas investigaciones han aparecido los nombres de Torra y Puigdemont relacionados con los CDR y la plataforma Tsunami Democratic que se acaba de desarticular. 

Sánchez sigue hablando de ‘convivencia y el diálogo’ -Voces o este último que ahora reclama con urgencia Torra- para justificar los que han sido, para llegar él al poder y para renovarlo, sus temerarios pactos (Frankenstein, los llamó Rubalcaba) con los partidos separatistas ERC y PDeCAT que lideran el preso y condenado Oriol Junqueras y el prófugo Carles Puigdemont. 

Pero si Pedro Sánchez pensará más en España, y no solo en su ambición personal, debería reconocer que el problema catalán, y a la vista está, no es de ‘convivencia’ sino de orden público y legalidad. Y que no puede haber diálogo (como el que ahora pide Torra) con quienes amparan, alientan y justifican la violencia en Cataluña y desafían sin cesar -Torra anunció otro referéndum ilegal- otro referéndum de autodeterminación para un nuevo desafío del orden constitucional.

Y mucho menos podría Sánchez (si renueva el poder tras el 10-N) conceder indultos a los delincuentes golpistas—sediciosos y malversadores, según el Supremo- y a la vez reincidentes, que niegan el menor arrepentimiento y que anuncian su regreso al nuevo desafío frontal del orden constitucional. Esos indultos que provocarían un clamor de indignación nacional, supondrían la desautorización del Tribunal Supremo en España y ante Europa y una clara humillación de nuestro país frente al golpismo catalán.

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