Puigdemont queda en libertad con cautelares tras notificarle el juez belga la euroorden

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, huido a Bélgica en 2017, tendrá que comparecer el próximo 29 de octubre ante un juzgado de primera instancia de Bruselas, después de que un juez de instrucción haya considerado que no goza de inmunidad como europarlamentario electo.

El Tribunal Supremo español reactivó el pasado lunes una euroorden solicitando a Bélgica la entrega del líder independentista por presuntos delitos de malversación y sedición, tras conocerse la sentencia a penas de hasta 13 años de cárcel a los políticos juzgados en la causa del “procés”.

El líder de JxCat compareció voluntariamente este jueves ante la Policía Federal belga y fue trasladado a la Fiscalía de Bruselas, donde ha pasado la noche en “privación de libertad” y donde le ha tomado declaración un juez de instrucción, explicó el Ministerio Fiscal en un comunicado y en rueda de prensa. “Puigdemont no ha consentido su entrega a las autoridades españolas”, indicó la Fiscalía.

El juez de instrucción le ha dejado en libertad sin fianza y con medidas cautelares, exigiéndole que declare una residencia fija, que esté a disposición de las autoridades judiciales y prohibiéndole salir de Bélgica. Fuentes oficiales indicaron que “los servicios de policía” de Waterloo, donde reside, adaptarán “su dispositivo de vigilancia y de seguridad a la situación” judicial de Puigdemont.

Su defensa argumentó ante el magistrado que Puigdemont estaría amparado por inmunidad parlamentaria como eurodiputado electo tras las elecciones del pasado 26 de mayo, extremo que rechaza el Parlamento Europeo y España y que no ha convencido al juez de instrucción belga.

La ley electoral española exige que los europarlamentarios electos se personen en Madrid para prometer acatar la Constitución y retirar su acta para ser proclamados como miembros del Parlamento Europeo, pero Puigdemont ha llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que aún no se ha pronunciado. “Tras las verificaciones efectuadas por el juez”, el magistrado ha considerado que “no tiene ese privilegio de inmunidad parlamentaria”, señaló el portavoz de la Fiscalía.

Se le ha citado, por tanto, el próximo 29 de octubre ante un tribunal de primera instancia que, a partir de esa vista, decidirá sobre su entrega o no a las autoridades judiciales españolas. Ante la decisión de esa corte cabe recurso en apelación, primero, y en casación, después. El plazo normal del proceso es de un máximo de 60 días que pueden ampliarse a 90, si bien podría prolongarse excepcionalmente más allá de los tres meses.

Antes de que la Fiscalía explicara la situación judicial de Puigdemont, el político con residencia en la localidad belga de Waterloo compareció ante la prensa allí congregada y, además de aportar su versión sobre su situación procesal en Bélgica, respondió a preguntas de los medios.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña hizo una condena genérica de la violencia, pero evitó expresamente pronunciarse sobre los disturbios generados durante los últimos cuatro días en varias ciudades de Cataluña por grupos de independentistas radicales. “Ahora me voy a poner al día, tengo que hablar con mi equipo, con los consellers que están en el exilio, con mi familia, voy a tomar el pulso de estas últimas horas”, ha comentado, sin aportar más valoraciones sobre los episodios violentos registrados desde el pasado lunes, más allá de que le habían “informado” de que la pasada noche en Barcelona “había grupos neonazis que estaban pegando a gente”.

“Conozco bien a la gente organizada que se comprometió con las urnas, la gente que organizó las manifestaciones y, para nada, nunca los he visto haciendo uso de ningún tipo de violencia”, ha resumido.

Puigdemont también ha evitado responder sobre qué valoración hace sobre la actuación de los Mossos d’Escuadra frente a los disturbios y dijo no conocer “directa ni indirectamente” a los responsables de la nueva plataforma Tsunami Democràtic que canaliza las protestas desde que se conoció la sentencia, más allá de haber respaldado la iniciativa a través de las redes sociales.

“Yo mismo la apoyé en un tuit. Pero desconozco completamente quién, quiénes la están organizando”, ha añadido Puigdemont sobre esa herramienta digital.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ordenado este viernes a la Guardia Civil clausurar las páginas web de la plataforma Tsunami Democràtic, promotora de las movilizaciones contra la sentencia del “procés”, en el marco de una investigación por indicios de delitos de terrorismo.

A la pregunta específica de si tiene constancia de que la violencia en Barcelona corre a cargo de grupos organizados o infiltrados, Puigdemont ha indicado que lleva “bastantes horas desconectado de lo que está pasando”.

“Yo no estoy ahí, no puedo saber nada”, ha puntualizado al ser preguntado por si había sido informado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien el miércoles atribuyó la violencia a “grupos de infiltrados”.

La Fiscalía belga anunció que las traducciones solicitadas a España de la euroorden cursada contra Puigdemont por Llarena ya están en poder de las autoridades belgas y han sido entregadas en un plazo menor que el anunciado por las autoridades españolas. A continuación la Fiscalía procederá a un “análisis en profundidad” de la misma, ha señalado el Ministerio Público belga en un comunicado a propósito de la tercera Orden de Detención Europea (ODE) cursada contra el expresidente de la Generalitat.

La Audiencia Nacional cursó una primera euroorden en noviembre de 2017, inmediatamente después de la huida de Puigdemont a Bélgica, que fue suspendida al pasar el caso al Tribunal Supremo. Se reactivó en marzo de 2018, lo que posibilitó la detención de Puigdemont en Alemania. Pero el tribunal regional de Schleswig-Holstein rechazó su entrega por rebelión y sólo la admitió por malversación, extremo que Llarena rechazó al considerar que sería injusto con los acusados que no habían huido y debían responder por todos los delitos que se les imputaban.