La sentencia del ‘procés’ castigará por sedición a los líderes del 1-O con penas a partir de los 12 años

La sala del Tribunal Supremo que ha juzgado el "caso procés" tiene previsto publicar su sentencia este lunes, tras haber decidido por unanimidad condenar a los líderes independentistas por un delito de sedición, en concurso con otro de malversación. Una de las claves de esta sentencia es establecer la sutil distinción entre la violencia que en el otoño de 2017 condujo a un delito de sedición y no a uno de rebelión. Una vez que se ha llegado a esa conclusión, parece que la pena más grave, la que recaerá sobre el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, no superará los 12 años. Mientras tanto, el independentismo se prepara para responder en la calle a la decisión del Supremo e incluso ensaya la respuesta. 

La diferencia entre rebelión y sedición reside en que según el tribunal los líderes del procés no la previeron como parte de su plan hacia la independencia de Cataluña. El delito de rebelión está incluido en el título de los delitos contra la Constitución del Código Penal (472 y siguientes) y castiga a quienes se alcen violenta y públicamente para, entre otros objetivos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. También encaja en el mismo tipo a quienes actúen con violencia para derogar la Constitución, despojar de sus prerrogativas al rey, disolver las Cortes o sustituir un Gobierno por otro. La clave para acusar y condenar por este delito está en el uso de la violencia.

En España, hasta el momento, solo se ha condenado por rebelión a los autores del intento de golpe de Estado de 1981. Sus líderes, Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch, fueron condenados a 30 años de prisión. Esa es la pena máxima prevista en el ordenamiento jurídico español para el delito de rebelión. Con ella se castiga a los líderes y solo cuando se hayan esgrimido armas, causado estragos o ejercido violencia grave contra las personas.

El Supremo considera acreditado que hubo al menos dos jornadas del otoño de 2017 en las que estalló la vilencia: la concentración ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre y los altercados dentro y fuera de colegios electorales el 1-O, cuando se produjeron las cargas policiales contra quienes participaron en el referéndum ilegal pese a las reiteradas resoluciones del Tribunal Constitucional prohibiendo su celebración. El tribunal considera que lo que se produjo es un delito contra el orden público previsto para quienes “sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales” (artículo 544 y siguientes del Código Penal).

Aunque los políticos independentistas no participaron directamente en los tumultos, el tribunal les sitúa en su organización, como promotores de las concentraciones que desencadenaron los incidentes. La sedición está penada con entre cuatro y ocho años de prisión, que puede elevarse hasta los ocho a diez años para los líderes y llegar a entre 10 y 15 para las autoridades que incurran en este alzamiento público y tumultuario.

La Abogacía del Estado, que acusó a Junqueras y a los demás exconsejeros encarcelados por sedición en concurso medial con malversación, pidió para ellos penas de entre 11,5 y 12 años de cárcel. La condena de Junqueras podría incluso superar esos años aunque sin acercarse a los 25 que solicitaba la Fiscalía. La clave está en que aunque las penas previstas para la malversación también son elevadas -la malversación superior a los 250.000 euros, como es el caso, conlleva hasta 12 años de prisión- no se suman aritméticamente a las que se apliquen por sedición. Unas y otras se aplicarán en concurso medial puesto que uno de los delitos no se puede producir sin el otro y eso significa una sustancia rebaja de las condenas.

Para el expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como para el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, la Abogacía del Estado solicitó diez años -Forcadell- y 8 -los ‘Jordis’- puesto que ninguno de los tres está acusado de malversación. Los otros tres acusados, los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, serán previsiblemente condenados solo por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de cárcel.

La expectación ante la histórica sentencia contra los doce líderes independentistas que se han sentado en el banquillo es máxima, al tiempo que arrecian las críticas por las filtraciones de los últimos días sobre el fallo, lo que ha llevado al presidente de la sala, Manuel Marchena, a advertir que “todo está abierto” hasta que lo firme el último magistrado.

La notificación de la sentencia, cuyo impacto en las filas independentistas y la vida política española marcará las precampaña del 10-N, se espera para este lunes aunque podría retrasarse hasta el martes. En cualquier caso, no puede aplazarse más allá del 16 de septiembre, que es cuando habría que decidir una posible prórroga de la prisión provisional a los “Jordis”, que este miércoles cumplirán dos años en preventiva. Casi el mismo tiempo que lleva Oriol Junqueras y Joaquim Forn, desde el 2 de noviembre de 2017, unos meses más que los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ellos desde el 23 de marzo de 2018.

Al margen de las condenas, el otro asunto relevante serán las inhabilitaciones que el tribunal imponga a los acusados, que pueden bloquear seriamente sus carreras políticas sin poder aspirar a ejercer cargo público alguno. Para algunos podría ser ‘una muerte política’, si bien no cabe duda de que ese capítulo está en un segundo plano que es el que menos preocupa a los acusados.

Fuera del estricto ámbito jurídico, capítulo aparte merece la acogida que tenga la sentencia en Cataluña por parte de los partidos y entidades independentistas, que llevan tiempo preparándose para un fallo que prevén condenatorio. Más allá de las protestas y movilizaciones que se sucederán a lo largo de los días (incluida una huelga general el 18), desde el Govern, su president Quim Torra ya ha avalado abiertamente la “desobediencia civil” y ha abogado por una respuesta firme y serena desde el Parlament, pero sin salirse del terreno del “voto y la palabra”. Y fuera de Cataluña, en Waterloo (Bélgica), Puigdemont dice estar preparado si, tras la sentencia, el juez instructor, Pablo Llarena, reactiva la euroorden contra él, lo que es previsible que suceda en cuanto se cierre el capítulo del juicio contra los líderes del ‘procés’ que sí han afrontado sus responsabilidades ante la Justicia.

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