Exteriores acusa a Torra de crear una red de ‘embajadas’ para forzar “la separación de España”

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación considera que las delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el exterior son "herramientas necesarias" para que el Gobierno catalán lleve a cabo su política para la "separación de España". Estas oficinas, alega, no pretenden la "legítima proyección exterior" de Cataluña, sino "un fin inconstitucional como es la creación de una 'estructura de Estado' al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista".

Así lo señala la Abogacía del Estado en el recurso que ha interpuesto, por cuenta del Ministerio de Exteriores, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que solicita, como medida cautelar, que se impida la apertura de tres nuevas delegaciones de la Generalitat, concretamente las de Argentina, Túnez y México. El Govern nombró este martes a los delegados de esas oficinas.

Exteriores ha recurrido los decretos de creación de estas oficinas, que se aprobaron antes de que el Ministerio emitiera el informe preceptivo y, además, ha pedido medidas cautelares para “evitar perjuicios de difícil o imposible reparación a la imagen de España y a la política exterior española”.

De no adoptarse esta medida cautelar, dice el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se permitiría que las nuevas oficinas “sigan la ruta ya marcada y exhaustivamente ejecutada” por las actuales delegaciones para la “realización continua de actuaciones contrarias al interés general”.

Es la primera vez que este Gobierno pide a los tribunales que paralicen unas ‘embajadas’ en el mismo momento de su creación. En septiembre de 2018, Exteriores recurrió la apertura de las oficinas que habían sido cerradas en aplicación del artículo 155, pero por motivos formales, y asumió que solo podría actuar contra ellas si sus acciones fueran contrarias a la ley.

Así lo detectó en el caso de las oficinas de Ginebra, Berlín y Londres y el pasado julio pidió al TSJC su cierre cautelar. Sin embargo, el tribunal lo rechazó alegando que debía haberlo pedido cuando recurrió su creación. Es lo que hace ahora en el caso de Túnez, México y Argentina.

En su texto, la Abogacía del Estado argumenta que la creación de las delegaciones no puede analizarse solo desde el punto de vista “formal o literal”, sino que debe “encuadrarse en las actuaciones” de la Generalitat en los últimos meses y años.

Estas actuaciones, dice, demuestran que la creación de esta red exterior pretende dotar a la Generalitat de un “sujeto de Derecho Internacional” y que está “subordinada al objetivo secesionista”. El Gobierno de Torra ha abierto 12 delegaciones, que se suman a la de Bruselas, que no fue cerrada por el 155.

El texto también señala que “desde 2012 la Generalitat se haya en estado de rebeldía institucional, que culminó en los sucesos de 2017” y que “es obvio que no cabe esperar que los actuales dirigentes secesionistas contribuyan a la defensa de los intereses de un Estado al que ya consideran ajeno”.

El recurso, de 25 páginas y fechado el 26 de septiembre, incluye declaraciones del presidente catalán, Quim Torra, en las que deja clara su apuesta por la “internacionalización” del proceso secesionista, y detalla también actuaciones de varios de los delegados que ya están en funciones.

En la apertura de Washington, el entonces consejero catalán llamó a trabajar “con la expectativa de que Cataluña cuente con un reconocimiento de su condición de país”. El delegado en Londres, Sergi Marcén –señala el texto– “desarrolla sistemáticamente una actividad contraria a los intereses del Estado”. Desde su delegación se creó la web del Grupo interparlamentario para Cataluña, “punta de lanza del secesionismo en el Parlamento británico”. Marcén apoya explícitamente a Gibraltar, contradiciendo la unidad de acción exterior española.

El delegado en Ginebra, Manuel Manonelles, ni siquiera se ha puesto en contacto con la Embajada de España en Suiza y “aprovecha la complejidad del sistema federal suizo para buscar nichos y trasladar mensajes”. También da “impulso” a actos de ONG en el entorno de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en los que se pone en cuestión la calidad democrática del país y “recientemente ha ampliado su ámbito de actuación al Consejo de Europa” en Estrasburgo.

De este modo, el recurso argumenta que el papel de las delegaciones en el proceso secesionista es doble: difundir la visión de la Generalitat y “crear las estructuras administrativas que sustituyan a las del Estado”.

De hecho, advierten de que esta red exterior puede crear confusión en otros países porque puede transmitir la idea de que Cataluña tiene, en el ámbito constitucional interno español, “un estatuto jurídico privilegiado en materia de acción exterior” distinta a la de otras comunidades autónomas y cercana a la de un sujeto de Derecho Internacional, “cuando es evidente que no es el caso”.

Aparentar que Cataluña tiene competencias

Por lo tanto, defiende que sus actuaciones son “contrarias al ordenamiento vigente, y en particular a los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional, coordinación y cooperación y servicio al interés general”, todos ellos recogidos en la Ley de Acción Exterior de 2014.

El escrito se apoya en doctrina ya fijada por el Tribunal Constitucional sobre la acción exterior de las Comunidades Autónomas y su constatación de que la política exterior es competencia exclusiva del Estado, por lo que estas no pueden ser sujeto de relaciones internacionales.

Eso, a juicio de la Abogacía, se contradice con los propios decretos de creación de las nuevas oficinas, que les atribuyen la tarea de “promoción y coordinación de las relaciones bilaterales de la Generalitat con las autoridades de los respectivos países, así como con los organismos internacionales con presencia en los distintos Estados”.