El TSJC da a Torra 48 horas para que retire el lazo y la pancarta de apoyo a los presos del Palau

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, retirar en un plazo de 48 horas la pancarta de apoyo a los políticos presos de la fachada del Palau de la Generalitat, a raíz de un recurso presentado por la asociación Impulso Ciudadano. El mismo tribunal, por otra parte, ha aplazado el juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar los lazos en campaña electoral, al no poder resolver a tiempo las recusaciones que este planteó contra los magistrados que deben juzgarlo. La sala civil y penal del TSJC acuerda suspender el juicio, que estaba previsto para el miércoles y jueves de la próxima semana, y señalarlo para el 18 de noviembre, una vez transcurridas las próximas elecciones generales.

La sala contenciosa del TSJC acuerda descolgar la pancarta y el lazo amarillo de apoyo a los presos, como medida cautelar mientras resuelve sobre el fondo del recurso presentado por Impulso Ciudadano, asociación liderada por el exdiputado de Cs en el Parlament José Domingo.

La asociación presentó el pasado 27 de mayo un recurso contencioso ante el TSJC en el que pedía que se condenara a la Generalitat a retirar la pancarta con el lazo amarillo, y que se la obligara a hacerlo cautelarmente mientras se dictaba sentencia, alegando que su exhibición vulnera el “deber de objetividad” que debe presidir la actuación de cualquier administración pública.

El TSJC ha estimado la medida cautelar planteada por la asociación y requiere “de forma personal” a Torra que retire el cartel al reconocer que el hecho de que se exhiba en el Palau de la Generalitat puede provocar una “afectación objetiva” sobre los ciudadanos que “no se alineen con la opción ideológica representada por dicha pancarta”.

La sala, integrada por cuatro magistrados de lo contencioso, apunta que es aplicable al caso de la pancarta una sentencia del TSJC que en 2016 estableció que exhibir la estelada en un edificio público debe ser considerado partidista y que ese tipo de lugares deben regirse por el principio de “neutralidad institucional que, si bien reforzado en los períodos electorales, debe mantenerse en todo momento”.

Esos argumentos avanzados en el auto son los que han motivado el voto particular del magistrado Eduard Paricio, quien, no obstante, coincide con la mayoría de la sala en que es procedente la medida cautelar solicitada. Para este magistrado, que a diferencia del auto redacta su voto particular en catalán, el auto se “extralimita en lo que respecta a la incorporación de argumentos o alusiones relativos al fondo”, que en su opinión no deberían adelantarse en aras del “criterio de apariencia de buen derecho”.

El juez reprocha a sus compañeros sus pronunciamientos jurisprudenciales sobre la neutralidad política de las instituciones públicas o la libertad de expresión, que cree pueden ser contrarios a derecho si se han manifestado “antes de escuchar los motivos de fondo y la prueba aportada y de valorar cuáles son los derechos comprometidos”.

La asociación Impulso Ciudadano, que el pasado mes de julio también presentó un recurso para que el Ayuntamiento de Barcelona retirara el lazo amarillo de su fachada, está liderada por el exdiputado de Cs en el Parlament José Domingo, que años atrás dejó el partido naranja por discrepancias con Albert Rivera y que el pasado 12 de septiembre desde Madrid hizo un llamamiento a sumarse a las entidades constitucionalistas en Cataluña para frenar al independentismo.

El juicio de los lazos no interferirá en la campaña electoral

En cuanto al aplazamiento del juicio, el motivo es que todavía no ha sido “procesalmente posible” concluir la instrucción del incidente de recusación que la defensa de Torra presentó contra el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y la magistrada del Alto Tribunal Mercedes Armas, dos de los jueces que componen la sala designada para juzgarle.

La posibilidad de que el TSJC tuviera tiempo de resolver el incidente presentado por Torra antes del juicio era remota, después de que el presidente catalán pidiera el pasado martes una tercera recusación, la del magistrado Carlos Ramos, quien debe resolver la planteada contra sus compañeros Barrientos y Armas.

En esa nueva petición, Torra solicitaba apartar a Ramos alegando que está “estrechamente vinculado” al PSC, porque fue nombrado magistrado a propuesta del Parlament y a instancias de este partido, que, añadía el presidente de la Generalitat, “ha destacado enormemente por su interés” en que el presidente catalán dimita o convoque elecciones.

Quim Torra ya había pedido al TSJC, sin éxito, que suspendiera el juicio previsto para la semana próxima porque coincidía con el debate de política general del Parlament y sugirió que sopesaba no acudir a la vista, lo que no es imprescindible para su celebración, dado que al afrontar una pena inferior a dos años de cárcel podría ser juzgado en ausencia.

Con el aplazamiento acordado ahora, Torra será juzgado después de las elecciones generales, inicialmente previstas para el 10 de noviembre, y con toda probabilidad una vez que el Tribunal Supremo haya dictado la sentencia del caso procés”.

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en la campaña de las elecciones generales del 28A.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide además al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que multe a Torra con 30.000 euros y que se acuerde su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito “local, autonómico, estatal o europeo” durante el tiempo de condena.