Ana Julia Quezada, declarada culpable de asesinato con alevosía pero sin ensañamiento

El jurado popular ha declarado a Ana Julia Quezada culpable del asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, así como de sendos delitos de lesiones psíquicas y otros tantos contra la integridad moral a Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del menor muerto el 27 de febrero de 2018 en Níjar (Almería).

El jurado ha considerado probado, por unanimidad en todos sus puntos, que la acusada estableció una relación sentimental análoga a la matrimonial con Angel, conviviendo con éste y con el pequeño de 8 años, cuando al niño le correspondía estar con su padre.

De esta forma, Quezada, Ángel y Gabriel se desplazaron el 23 de febrero del 2018 a una finca de la abuela paterna del menor en Las Hortichuelas Bajas, en Níjar. Cuatro días después, sobre las tres y media de la tarde, Gabriel le dijo a su abuela y a la acusada que se iba a jugar con unos primos que vivían cerca.

“La acusada, inmediatamente después de marcharse Gabriel de la vivienda, se subió a su vehículo e interceptó al niño, instándole a que le acompañara a la finca sita en Rodalquilar (Níjar) y, ante la “confianza generada” por ésta al ser una “persona íntimamente vinculada a su entorno familiar desde que inició la relación con su padre, accedió a marcharse” con ella.

Destaca que la finca se encontraba en un lugar alejado y deshabitado, a unos cinco kilómetros de la casa de la abuela, así como que la acusada era consciente de su superioridad respecto del niño, por la diferencia de edad y complexión, ya que el niño media 1,30 metros y pesaba 24 kilos”.

Una vez en la finca, de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o pared de la habitación y, tras el impacto del niño, “procedió la acusada, con sus propias manos a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento” como consecuencia de la oclusión de los orificios respiratorios, por asfixia mecánica por sofocación.

El jurado ha tenido en cuenta la agravante de parentesco y que “quitó la vida voluntariamente a Gabriel de forma sorpresiva y repentina, sin posibilidad de defensa ni de reacción por parte del niño”

Sin embargo, descarta el ensañamiento o que golpease al niño con el palo de un hacha y lo dejase aturdido hasta asfixiarlo, como mantenía la acusación particular, descartando la atenuante de confesión que apreciaba la defensa, negando asimismo el relato de esta última.

Respecto a los delitos de lesiones psíquicas y contra la integridad moral a los padres, recuerda que la búsqueda se prolongó durante once días, periodo durante el que Quezada “simuló encontrarse afligida y compungida, alentando los ánimos de los familiares y generando falsas expectativas sobre la aparición del niño, involucrándose en las labores de búsqueda, desarrollando una actitud de simulación, fingimiento y farsa publica y notoria”.

También el jurado apunta que el 3 de marzo, con la intención de “distraer la atención en la búsqueda del niño y con la finalidad de dirigir las sospechas sobre su expareja”, colocó una camiseta de Gabriel sobre unas matas en un cañaveral de un paraje apartado y de difícil acceso, que conocía por haber vivido allí un mes, para “añadir más sufrimiento a los padres”.

Afirma que el día 11 de marzo la acusada se trasladá a la finca de Rodalquilar y desenterró el cuerpo del niño, para envolverlo en una toalla e introducirlo en el interior del maletero de su vehículo, abandonando la finca.

Además, destaca que los padres padecen un estado de conmoción emocional, un trastorno de estrés postraumático y de adaptación, que precisa tratamiento continuado de farmacoterapia y psicoterapia, previéndose una evolución crónica, y una “disrupción completa en sus actividades cotidianas con dificultad de adaptación a la nueva realidad”.

En el caso de la integridad moral, añaden que el 9 de marzo “fue convocada una manifestación por las calles de la ciudad de Almería y, durante los actos celebrados en la Diputación Provincial y en la Puerta de Purchena, la acusada proclamaba que el menor iba a aparecer, portando una camiseta donde aparecía la cara del niño y poda leerse, “Todos somos Gabriel”. De esta forma quiso de modo deliberado “vilipendiar, humillar y vejar” a los padres.

Diez años de cárcel pueden sumarse a la condena de prisión permanente revisable

Ana Julia Quezada se enfrenta, además de a la prisión permanente revisable que la va a convertir en la primera mujer en España condenada a esta pena como autora de un asesinato con alevosía, a un total de hasta diez años de cárcel por causar lesiones psíquicas a los padres de Gabriel Cruz y por dañar su integridad moral con su comportamientos y actitudes durante los once días de búsqueda del pequeño al que ya había quitado la vida.

Tras la lectura del veredicto este jueves en audiencia pública y tras diez horas de deliberación, la fiscal Elena Fernández ha solicitado la condena a prisión permanente revisable y penas de tres años de cárcel por lesiones psíquicas a Ángel Cruz, agravadas por el parentesco al mantener una relación sentimental con él, y de dos años y nueve meses de prisión por las lesiones psíquicas ocasionadas a Patricia Ramírez, madre del pequeño.

La acusación particular se ha sumado a la solicitud de la pena de prisión permanente revisable -el actual Código Penal no contempla otra para el tipo delictivo que ha considerado probado el jurado- pero ha incrementado con respecto al Ministerio Público las penas interesadas por los dos delitos de lesiones psíquicas, que se elevan a tres años cada una por la “extraordinaria gravedad de las lesiones”.

A esto hay que sumar penas de dos años de cárcel por cada uno de los dos delitos contra la integridad moral de Ángel Cruz y Patricia Ramírez que ha estimado acreditados las siete mujeres y los dos hombres que han emitido el veredicto tras la celebración de una vista oral que se inició el pasado día 9.

Por su parte, la defensa, tras advertir en sala de que no existe arco de penas para el delito de asesinato con alevosía, ha pedido a la magistrada-presidente del tribunal, Alejandra Dodero, que imponga la pena que estime procedente y “que no puede ser otra que la que establece el Código Penal.

Con respecto a los otros cuatro delitos por los que ha sido declarada culpable Quezada, ha solicitado la pena mínima en los dos tipos dado “la ausencia de antecedentes penales” y de forma subsidiaria, que la condena no supere la mitad inferior del arco de penas ya que “entendemos que el comportamiento estaba previsto en la necesidad de ocultar lo ocurrido” y que no hubo “dolo con independencia de lo que el jurado ha valorado y que respetamos enormemente”.

En este caso, ha solicitado tres meses de cárcel por cada uno de los delitos de lesiones psíquicas y seis meses de prisión por los delitos de atentado contra la integridad moral.

La fiscal también ha fijado 200.200 euros de costas por el dispositivo de búsqueda que se desplegó alrededor de Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), entre febrero y marzo de 2018 y la responsabilidad civil en 300.000 euros a cada uno de los progenitores por el daño moral, y de 85.000 euros, también para cada uno de ellos, por las secuelas de las lesiones psíquicas y los gastos médicos y farmacológicos. Para la abuela paterna ha fijado una indemnización de 160.000 euros para reparar el daño causado.

La acusación particular ha mantenido la responsabilidad civil en 250.000 euros para cada uno, mientras que la defensa ha asegurado en sala que ha acreditado la insolvencia de Ana Julia Quezada.

Sobre otras medidas, el Ministerio Público ha interesado que se le prohíba acudir, residir o acercarse al lugar de residencia de los afectados por un periodo de 30 años, además de alejamiento a más de 1.000 metros tanto de los padres como de la abuela paterna durante el mismo tiempo al tiempo que ha contemplado la libertad vigilada. La misma medida pero por periodo de cinco años ha pedido en el caso de los delitos de lesiones psíquicas