Poder Judicial y Fiscalía subrayan la ‘imperiosa obligación’ de acatar la sentencia del ‘procés’

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha destacado la "imperiosa obligación" de todos los españoles de "acatar la sentencia que se dicte" en el juicio del "procés", "sea cual sea el sentido de la misma", y ha añadido que en este asunto la Fiscalía ha actuado "de manera autónoma". También el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes, ha reclamado respeto a la decisión judicial después de que políticos y organizaciones independentistas hayan caletado el ambiente previo a la publicación de la sentencia con llamamientos a "desobediencia civil" y a las manifestaciones de protesta.

En su intervención en el acto de apertura del Año Judicial celebrado en la misma sala del Supremo que acogió el juicio por el 1-O, Segarra ha dedicado un apartado a Cataluña afirmando que, “frente a la extraordinaria gravedad de los hechos” que se juzgaron, la respuesta de la justicia “ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la ley”. “Precisamente en este momento creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma”, ha dicho Segarra.

La fiscal general ha recordado las palabras de Descartes: “La primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país”. Y ha apuntado que el normal funcionamiento de las institucionales “y singularmente del sistema de Justicia, es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia”. A su juicio, una convivencia que, “desde el respeto a la diversidad y a la libertad de opinión, habrá de seguir siendo garantizada en todo el territorio nacional mediante la única forma posible en un Estado democrático: el respeto a la ley”.

Lesmes, por su parte, ha mostrado su “gratitud y reconocimiento” a todas aquellas personas que “hicieron posible el desarrollo normal de la vista oral” contra los exdirigentes independentistas con especial mención a las acusaciones y defensas por su “profesionalidad y rigor”. Pero ante todo ha puesto en valor el trabajo de los siete magistrados del tribunal quienes, según sus palabras, han representado “una vez más el compromiso de nuestros jueces con la defensa de los valores del Estado de derecho proclamados por la Constitución”, como así se lo ha trasladado al presidente del tribunal, Manuel Marchena.

El presidente del poder judicial ha definido el juicio del “procés” como “el paradigma de esos miles de procesos que se celebran todos los días en nuestro país, dirigidos por jueces anónimos”. Juicios, ha añadido, que “se construyen sobre los pilares de la responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos, sin distinguir entre grandes y pequeños pleitos”.

En cuanto a Segarra, la fiscal general ha cargado contra el “deficiente” sistema de la euroórdenes, que tiene “debilidades” que urge reformar a la vista de las decisiones de los tribunales belgas y alemanes, los cuales se excedieron de sus competencias al entrar a valorar las OEDE de Carles Puigdemont y otros huidos del “procés”. La orden de detención y entrega es cuestionada por el Ministerio Público tras haber sido denegada por los jueces belgas y por el Tribunal alemán de Schleswig-Holstein la que solicitaba extraditar a España a Puigdemont por malversación y no por rebelión.

Entiende la Fiscalía que se han realizado “tareas de valoración” sobre el grado o intensidad de algunos elementos del tipo penal que, a su juicio, “exceden abiertamente” las funciones encomendadas por la normativa de la OEDE a los jueces de los estados miembros. Tal fue el caso del tribunal alemán que entró a “valorar la voluntad” de Puigdemont “sin fundamento en la práctica de prueba alguna”, lo que llevó a “un verdadero enjuiciamiento del fondo”. Una actitud que pone de manifiesto las “debilidades” de un sistema que “se ha mostrado deficiente” y que, por tanto, “deberían ser resueltas en próximas reformas”.

Entre esos problemas, señala “los problemas de acceso urgente” de las autoridades judiciales españolas a servicios de traducción y “las enormes carencias detectadas en las traducciones”. Pero sobre todo alerta de las “notables discordancias entre los países intervinientes” en la ejecución de las euroórdenes, cuando, por ejemplo, Bélgica aludió a un problema formal en la petición del Tribunal Supremo que Alemania no cuestionó luego con Puigdemont. Una situación que, a su juicio, “evidencia una quiebra en el principio de confianza mutua” que sostiene la cooperación judicial, lo que “debería llevar a un análisis en profundidad a fin de ser corregido para el futuro” para que “la OEDE pueda responder adecuadamente a los objetivos para los que fue creada”.

Eso si, la Fiscalía apunta a los jueces y no a los fiscales europeos, ya que “la sintonía mostrada con las Fiscalías de otros países miembros de la UE” – todas ellas respaldaron la entrega sin condiciones- “no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales”, lo que les ha dejado “una sensación agridulce”.