Cataluña llevará al Gobierno a los tribunales para reclamarle el pago de 874 millones pendientes

La Generalitat de Cataluña ha lanzado un nuevo pulso al Estado en vísperas del otoño caliente independentista que se avecina por la esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. El Govern tiene previsto llevar al Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales para reclamarle el pago de 874 millones de euros correspondientes a los adelantos de financiación pendientes del ejercicio 2019, que no se han hecho efectivos porque el Ejecutivo central están en funciones. Además, su vicepresidente económico, Pere Aragonès, ha invitado al resto de gobiernos autonómicos a sumarse a la demanda.

“Les avanzo que llevaremos al Gobierno a los tribunales para que se paguen los recursos de los adelantos de financiación del año 2019 que son nuestros, de los ciudadanos de Cataluña, que nos corresponden por ley y que están reteniendo de forma irregular desde nuestro punto de vista“, ha anunciado el vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, en el Parlament.

El republicano ha indicado que la exigencia se concretará -si el Govern lo autoriza el próximo martes- en un recurso contencioso-administrativo por incumplimiento de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Además, Aragonès ha invitado al resto de gobiernos autonómicos a sumarse a la demanda, ya que ha destacado que el impago de los anticipos de 2019 afecta a todas las comunidades, no solo a Cataluña.

“Invito al resto de gobiernos de las comunidades autónomas a hacer lo mismo y, si hace falta, la demanda pueda ser compartida, estamos a su disposición, pero actuaremos con la máxima celeridad”, ha recalcado Aragonés.

Aragonès ha destacado que, más allá de esta deuda correspondiente al 2019, el Gobierno acumula otros déficits con la Generalitat, como la liquidación del IVA de 2017, que suman más de 1.300 millones de euros.

Pediré que se haga efectiva la transferencia de un dinero que ya se ha recaudado y que está en la caja del Gobierno central“, ha dicho el vicepresidente de la Generalitat, que ha cargado contra el ahogo financiero del Estado. Y ha insistido: “El Gobierno central tiene retenidos los aumentos de la financiación de 2019, que son 874 millones de euros que son fruto de una mayor recaudación, que ya hemos pagado y que nos corresponden por ley y que se retienen por las arcas del Estado de forma irregular”.

El vicepresidente del Govern ha puesto encima de la mesa una reclamación de 1.317 millones de euros en concepto de los adelantos de 2019, pero también de un IVA bloqueado de 443 millones causado por un cambio del sistema de recaudación impulsado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2017.

Ha comparado los 1.317 millones reclamados al Ejecutivo central al presupuesto de tres grandes hospitales catalanes como el de Vall d’Hebron, Bellvitge y Can Ruti o a un montante mayor que todo el presupuesto de la Conselleria de Interior.

Ha criticado que existe un compromiso previo del Gobierno para llevar a cabo una modificación que impida el bloqueo de estos millones en concepto del IVA, que también afecta al resto de comunidades autónomas, ha lamentado.

El vicepresidente de la Generalitat ha acusado el Gobierno de no transferir los adelantos a las comunidades para “mostrar que la administración general del Estado va muy bien y que las comunidades autónomas van muy mal”.

“Y se permiten decir que ponemos demasiadas prótesis de cadera”, ha lamentado respecto a la carta enviada a la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, para pedirle reducir el gasto en estas partidas, algo que la consellera se ha negado a aplicar. “Ellos no hacen el trabajo y nos quieren castigar a nosotros“, ha criticado Aragonès, que se ha negado a reducir el gasto en servicios sanitarios, y especialmente en lo que refiere a listas de espera.

Ha criticado que el Ejecutivo central se escude en el hecho de que está en funciones para no transferir los recursos a las CCAA, y le ha reprochado que apruebe transferir recursos para gastos militares y envíe cartas a la Conselleria de Salud: “No están en funciones para decirnos que recortemos en prótesis de cadera o determinados órganos del cuerpo humano, especialmente en estos aspectos hemos disparado el gasto”.

Hacienda: “El Gobierno está en funciones”

El Ministerio de Hacienda ha recordado este miércoles a la Generalitat que el Gobierno comparte la necesidad de actualizar las entregas a cuenta pendientes con las comunidades, pero que para ello hace falta un Gobierno que no esté  en funciones.

Así, según han señalado fuentes del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero, esta necesidad se plasmó en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que la titular de Hacienda llevó al Congreso y que fueron rechazados en la Cámara Baja, precisamente con el voto en contra de ERC y PDeCAT.

“La postura es la misma, anuncie lo que anuncie la Generalitat. El Gobierno entiende que hay que actualizar las entregas a cuenta y así lo incluyeron los Presupuestos, pero para eso hace falta que haya Gobierno”, han señalado estas fuentes.

Desde Hacienda han recordado que la liquidación pendiente del IVA, fruto de un cambio normativo desarrollado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, “también se arreglaba en los Presupuestos” ya que, han recordado estas fuentes, se contabilizaba en los ingresos autonómicos un mes adicional pese a que “hubo mucha burla”.

Puig cuestiona la vía judicial

Por su parte, el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ha cuestionado que llevar al Ejecutivo central a los tribunales para reclamar el pago de los adelantos de financiación pendientes de 2019 sea “la vía correcta”. “Cada Gobierno puede entenderlo de una manera o de otra”, ha afirmado Puig durante una visita al Espai Sanitari Campanar-Ernest Lluch de València junto a la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, sobre el anuncio del Gobierno catalán y la invitación de este a que otras comunidades se sumen.

Puig ha recordado que el Gobierno valenciano intentó en un momento determinado plantear un litigio de carácter judicial respecto a la financiación autonómica, al entender que estaban “asistidos por la razón” en tanto que “cualquier informe objetivo” señala que la Comunitat Valenciana es “la peor financiada”.

No obstante, ha considerado que hay que “ir al fondo de la cuestión”, que es que debe haber un Gobierno que tenga “competencias y capacidad para poder sustentar lo que es una financiación justa, y para eso pues es bastante importante que haya un Gobierno, no un Gobierno en funciones”.

El presidente ha afirmado que “ojalá hubiera una vía” para que estas liquidaciones a cuenta se puedan producir y ha recordado que hubo voluntad por parte de la ministra de Hacienda de que fuera así, pero “parece ser que la Abogacía del Estado no lo permite”. “En cualquier caso, más allá de la confrontación, nosotros estamos por el diálogo y por la solución más que hacer partidismo o hacer confrontación de todo lo que tiene que ver con la financiación”, ha manifestado.

Por su parte, la ministra de Sanidad ha señalado al ser preguntada cuándo se pagará a las autonomías el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) que comparte las afirmaciones de Puig, pues se está trabajando sin Presupuestos y es necesario un “nuevo Gobierno que funcione de manera más firme” y tenga capacidad de actuar.

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