La Fiscalía pide imputar al BBVA como persona jurídica por el ‘caso Villarejo’

El Ministerio Público acusa a la entidad por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Villarejo que impute al BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los servicios que contrató del excomisario José Villarejo y se ha opuesto a la petición del banco de personarse como perjudicado.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón deberá ahora decidir si imputa a la entidad bancaria como persona jurídica tal y como pide la Fiscalía dentro de la pieza del caso en la que investiga el espionaje que encargó el BBVA al excomisario en 2004, ante una OPA hostil de Sacyr, y que se prolongó hasta 2017.

En un comunicado, la Fiscalía informa de que esta petición se ha producido después de analizar la documentación en papel y digital incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 dentro de la operación Tándem, así como los documentos aportados por el propio BBVA.

Todos ellos acreditarían, dice el ministerio fiscal, que los pagos “ilícitos” a la empresa de Villarejo, Cenyt, “afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal” y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía Nacional.

Describe también las acciones que serían constitutivas de los tres delitos que atribuye al banco y requiere al juez que pida a la entidad que designe a una persona que la represente y comparezca en su nombre.

Así, explica que el delito de cohecho activo se le imputaría porque las contrataciones a Villarejo tuvieron como objeto “múltiples servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito” cuando Villarejo aún era policía en activo y por tanto su cargo era incompatible con estas labores.

Los “múltiples” delitos de descubrimiento y revelación de secretos derivarían de la información a la que consiguió acceder Villarejo de manera ilegal para aportar al BBVA, que supone, según la Fiscalía, “una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria”.

Finalmente, el delito de corrupción en los negocios (o entre particulares) se pudo producir porque, según Anticorrupción, alguno de los directivos del BBVA investigados “habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones”.

En el informe al juez, la Fiscalía se opone además a la solicitud del BBVA de personarse en el caso Tándem en condición de acusación particular como parte perjudicada por el excomisario Villarejo.

Esta petición se produce después de la comparecencia como investigados a una decena de cargos actuales y pasados de la entidad, entre ellos el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano, al que impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión que ya ha abonado.

Casi todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar por estar secreta la causa y el juez tiene previsto citarles de nuevo cuando levante el secreto de estas diligencias, según informaron a Efe fuentes jurídicas.

Las fuentes consultadas señalaron que la mayor parte de los investigados manifestaron su interés en colaborar con la justicia en el momento en que se levante el secreto de esta pieza, la número 9 del llamado caso Tándem.

De todos los llamados a declarar por este asunto, el juez, a petición de la Fiscalía, solo impuso medidas cautelares a Corrochano, que también se negó a prestar declaración.

En esa ronda declaraciones, el juez y los fiscales del caso se desplazaron a la prisión de Estremera (Madrid) para interrogar a Villarejo, que confirmó la existencia de contratos con el BBVA, pero negó que fueran para realizar “ningún tipo de espionaje”. En el caso de la OPA hostil de Sacyr en 2004, afirmó que se trató de un acto defensivo del banco.