El TSJC abre juicio oral contra Torra por desobediencia al mantener los lazos amarillos

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) Carlos Ramos ha acordado enviar a juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, o alternativamente de denegación de auxilio, por no retirar en campaña los lazos amarillos de los edificios públicos.

La causa arrancó en marzo a instancias de la Fiscalía General del Estado, cuya petición de condena supondría por tanto una retirada temporal del escenario político del actual ‘president’ de la Generalitat, un año y ocho meses si prosperara la petición de la Fiscalía. Torra declaró el 15 de mayo ante el TSJC por esta causa y admitió haber desobedecido, tras lo que el tribunal  ha declarado ahora la competencia de la Sala de lo Civil y Penal para enjuiciar lo ocurrido.

El auto del TSJC explica que la Generalitat, con Torra a la cabeza, acordó exhibir en la fachada de edificios públicos “diversos símbolos o emblemas, tales como banderas esteladas y/o lazos amarillos, solos o integrados en carteles en los que aparecían lemas con los que se demandaba la libertad de quienes se denominaban en ellos ‘presos políticos’”. Según sostiene el escrito, estos símbolos “son considerados propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos”, por lo que “no pueden ser exhibidos por las Administraciones y por los poderes públicos durante los periodos electorales, sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad”.

La JEC, tras la denuncia de varios partidos, dio un “plazo máximo de 48 horas para la retirada de dichos símbolos partidistas de las sedes de la Generalitat poco después de las 19.00 horas del 13 marzo. Torra, antes de expirar el plazo, emplazó a la JEC a reconsiderar el acuerdo, solicitud que fue denegada el día 18, que fue cuando la Junta le dio un nuevo plazo de 24 horas, es decir, hasta las 15.00 horas del 19 de marzo, acompañando la orden con la advertencia sobre las “responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir (Torra) de persistir en su desobediencia”.

Ese mismo día, Torra encargó un informe al Defensor del Pueblo catalán para que se pronunciase “sobre algunos aspectos comprometidos en la retirada de los símbolos, si bien más adelante se supo que ya lo tenía en su poder y que en dicho informe se le recomendaba cumplir con lo ordenado por la JEC. El tribunal atribuye la petición del informe a un presunto intento de “disimular” su designio de incumplir el mandato de la JEC. La aclaración del informe inicial llegó el día 20 marzo 2019 con la misma recomendación”

El mismo día 19, la Generalitat decidió “mantener la pancarta con un lazo amarillo y el lema de “Llibertat presos polítics” que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, porque no estaba conforme con lo decidido por la JEC en su Acuerdo del 18. Al día siguiente, la Generalitat emitió un comunicado: “El jefe del Govern reitera que no ha dado ni dará ninguna orden como le ha exigido la Junta Electoral Central”. El 21 de marzo la Generalitat cubría el “lazo amarillo” con una pancarta del mismo tamaño y formato e idéntico lema ‘Llibertat presos polítics i exiliats’ pero sustituyendo el lazo por otro de “color blanco cruzado por un grueso trazo de color rojo, simbología que fue también expuesta al mismo tiempo en otras sedes públicas dependientes de la Generalitat”.

El 21 de marzo, la JEC ordenó retirar todos “los símbolos partidistas en cualquier de los edificios públicos dependientes de la Comunidad Autónoma”, sin que por el mismo se impulsara ni se controlara su ejecución, de manera que ese día los símbolos seguían en los mismos lugares o había sido sustituidos “por otros con idéntico significado partidista.  La JEC exigió entonces a los Mossos quitar toda la parafernalia independentista, una orden que se cumplió a primeras horas de la tarde del 22 de marzo.

Rechazo de la petición de recusación del instructor

Ayer, jueves, el TSJC inadmitió la petición de recusación del magistrado instructor de la causa contra Torra y confirmó su procesamiento. El TSJC no admite a trámite la solicitud de recusación formulada por Torra porque es un “notorio abuso de derecho que entraña, además, un fraude procesal perpetrado” para apartar de la causa al juez natural.

El juez Ramos, en su auto, denuncia que la petición de recusación se presente “con el objetivo de dilatar indebidamente la tramitación de la causa, como pone de manifiesto el hecho de que esté fundada, por un lado, en motivos imaginarios, ilusorios o arbitrarios, sobre los que no se aporta ni se ofrece principio de prueba válido”. El magistrado añade que en el escrito de recusación presentado no consta la firma del recusante y que no aporta ni ofrece “principio de prueba alguno digno de dicha consideración en relación con los motivos que se aducen y la causa que se alega: el interés directo o indirecto en el pleito o causa”.

Además, desestima el recurso de reforma contra el auto de transformación de procedimiento y confirma el procesamiento de Torra: afirma que al admitir la competencia de la JEC y, por tanto, el sometimiento de la Generalitat y de su presidente a sus decisiones y órdenes en materia electoral, incluidas las sancionadoras, “debe admitirse también -indiciaria, presunta y provisionalmente- que la JEC es autoridad superior”.