Primer revés a la ‘cruzada’ de Almeida contra Madrid Central: la Justicia paraliza su moratoria a las multas

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid ha aceptado el recurso presentado este viernes por Ecologistas en Acción y Greenpeace y ha ordenado suspender cautelarmente la moratoria de multas aplicada desde el pasado lunes en Madrid Central. En el auto fechado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada D. Jesús Torres Martínez detalla que procede a suspender "la eficacia del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno del pasado 27 de junio". De esta forma, el juzgado devuelve Madrid Central a su estado original, por lo que los conductores que accedan indebidamente a este área de bajas emisiones recibirán la sanción en vigor hasta el pasado lunes, 1 de julio.

En concreto, suspende el punto tercero de su parte dispositiva consistente en “establecer un periodo de aviso en relación al acceso de bajas emisiones de Madrid Central mientras el sistema automatizado de control de acceso y de detención de infracciones de esta zona se somete a auditoría”, es decir, la moratoria de las sanciones.

La juez entiende que corresponde a las corporaciones locales el “control de las actividades susceptibles de afectar al valor del medio ambiente, y adoptar de forma eficaz las medidas necesarias y suficientes para impedir las persistencia de aquella contaminación y facilite el disfrute por las personas del derecho a un medio ambiente adecuado para desarrollo de estas, posibilitando la protección de otros valores, igualmente, protegidos e interrelacionados con aquél, como son el derecho a la salud”.

De lo expuesto “se puede colegir el interés público que la protección de los valores referidos implica y la necesidad que en coherencia con la actuación de las Administraciones Públicas para hacerlos operativos, los Tribunales deban respaldar con eficacia aquella actuación que viene avalada con la presunción del principio de legalidad”, apuntan.

En su escrito también alude al Tribunal Constitucional, que llevó “a mantener que la protección del Medio Ambiente se constituya como límite legítimo a la actividad económica, tratando de armonizar los intereses en conflicto, utilizando como parámetro de esta armonización el ‘interés general'”.

Ante estos fundamentos, la juez entiende que la no adopción de la medida de suspensión cautelar, en los términos solicitados por la entidad recurrente, “haría perder la finalidad legitima al recurso”.

Además, “se habría producido una evidente emisión de gases contaminantes en la Zona de Madrid Central por la entrada de vehículos contaminantes no autorizados, que al no ser sancionados durante el periodo de aviso, entraran sin limitación ni control alguno, en una zona sujeta a restricciones permanentes como las zonas de Bajas Emisiones y las Áreas de Acceso Restringido.

En este caso, incluyen a Madrid Central, “que en ningún caso ha sido dejada sin efecto por la actuación recurrida, habiéndose implantado definitivamente desde el 16 de marzo de 2019, sin que se aprecie que se haya producido modificación sustancial alguna”.

Por otro lado, la magistrada procede dar audiencia en el Ayuntamiento de Madrid para que en plazo de tres días “alegue por escrito lo que estime procedente”. Transcurrido el plazo, se dictará un auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual “será recurrible conforme a las reglas generales”.

Tras esta decisión, decreta que se comunique “urgentemente” la resolución al Ayuntamiento de Madrid “a fin de que disponga lo necesario para el inmediato cumplimiento de lo acordado”. Contra el pronunciamiento sobre la medida cautelar provisionalísima no cabe recurso pero contra los restantes pronunciamientos sí.

En concreto, se puede interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días desde la notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Daño medioambiental

En su recurso, los ecologistas reclamaban acordar la suspensión inmediata de la eficacia del Acuerdo de la Junta de Gobierno. Los colectivos sostenían que dicho acuerdo “desactiva virtualmente” Madrid Central y “priva de toda eficacia la regulación y limitación del tráfico viario en el ámbito de Madrid Central”.

El recurso presentada por Ecologistas y Greenpeace se basa en “la lesión de los intereses generales urbanísticos y territoriales” que se produciría de ejecutarse de forma inmediata el citado acuerdo”, alegando como motivos “la importancia de la calidad del aire y la situación de la ciudad de Madrid”.

“La solicitud y adopción de una medida cautelar de suspensión de la eficacia de un precepto no es una medida excepcional, sino una medida normal englobada en el derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte recurrente desde el punto y medida que esta guarda proporción y relación con la pretensión que se ejercita en el procedimiento”, recoge el recurso.

“En definitiva, el daño ambiental, especialmente si es grave, irreparable o si es evitable por existir alternativas menos gravosas, debe ser evitado; y es en el incidente de medidas cautelares donde ese principio de prevención tiene su reflejo procesal”, concluye.

Almeida fracasa en su plan de enterrar Madrid Central

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha fracasado en su intento de dejar sin efecto el área de bajas emisiones de Madrid Central, una de las medidas estrellas del anterior Gobierno municipal de Manuela Carmena. El 30 de noviembre de 2018 entró en vigor este área de bajas emisiones, aunque sólo a partir del 16 de marzo comenzaron las multas por incumplimiento de la normativa, con un coste de 90 euros (45 con pronto pago).

Por esta zona, que comprende casi todo el distrito Centro de la capital, sólo pueden circular residentes, coches Eco o Cero o vehículos con etiqueta ambiental de la DGT que vayan a un aparcamiento.

Para vigilar que esta norma se respeta, el Ayuntamiento instaló un total de 115 cámaras, 60 de entrada y 55 de salida, para vigilar el perímetro, donde además hay carteles informativos para alertar a los conductores.

Madrid Central ha sido el principal caballo de batalla de Martínez-Almeida, del PP, que ha pasado de pedir su paralización por “alarma social” a pactar con Ciudadanos la reconversión de una medida respecto a la que existe conciencia ciudadana.

El PP trató de parar en los tribunales Madrid Central porque preveía un “auténtico desastre”, en palabras del entonces presidente autonómico, Ángel Garrido. Los populares calificaron de “fake” la medida porque comenzó sin multas, pero a los pocos días de hacerse con las riendas del Gobierno municipal el PP anunció la moratoria de las sanciones, regresando así a esa misma situación.

La moratoria, que arrancó el pasado 1 de julio, tenía una duración prevista de tres meses, aunque la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), dejó la puerta abierta a reducir su duración si el Ayuntamiento finalizaba antes el diálogo sobre su reconversión y la auditoría del sistema.

Antes de poner fin a las multas, aumentó el debate social y político acerca de la conveniencia de mantener o no Madrid Central. El pasado sábado, dos días antes de la moratoria, miles de personas acudieron a la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de Madrid Central para reclamar al Ayuntamiento de la capital que mantuviera esta medida al ser una “cuestión de salud” desvinculada de los “colores políticos”. Con el mismo argumento, la directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, defendió la continuidad de Madrid Central.

Por su parte, la Plataforma de Afectados por Madrid Central ha suavizado sus críticas al decir ahora que no está “a favor ni en contra” de esta medida, aunque cree que hay “cosas mejorables”.

Tras la moratoria, comenzó la guerra de cifras respecto a los efectos de Madrid Central en la contaminación y en el tráfico y también la batalla judicial.

El Ayuntamiento recurrirá y la oposición aplaude la decisión del juez

Tras conocerse la decisión del juez, el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que volverá a multar “cuanto antes” a los dueños de los vehículos no autorizados que accedan al área de bajas emisiones de Madrid Central, a la vez que recurrirá el auto que reactiva cautelarmente estas sanciones. En una nota de prensa, el Ayuntamiento considera “adecuada y ajustada a derecho” la moratoria de multas establecida en Madrid Central “al haberse producido modificaciones derivadas de los errores en el sistema automático de detección de matrículas”, pero “acatará cualquier decisión judicial al respecto”.

“La postura del equipo de Gobierno sobre Madrid Central sigue siendo la misma y por ello continuará durante estos meses las reuniones con los afectados para plantear un modelo alternativo más eficaz para mejorar la calidad del aire”, han finalizado en un comunicado.

Por su parte, el portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de la capital, Pepu Hernández, ha dicho que con la paralización cautelar de la moratoria “la Justicia defiende que respiremos un aire puro”. “Madrid Central no es una cuestión ideológica. No solo es la izquierda ni los madrileños en las calles, sino la justicia quien defiende que respiremos un aire puro”, ha escrito Hernández en su cuenta de Twitter.

La coportavoz de Más Madrid Rita Maestre ha asegurado que la paralización cautelar es una “buena noticia para los pulmones” de los madrileños y ha insistido en que la decisión de PP y Cs iba “en contra del sentido común” y era una “chapuza”.

En el mismo sentido, el candidato de Más Madrid a presidir la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha celebrado también la restauración de Madrid Central. “La primera batalla perdida de los que vienen sólo a deshacer y a retroceder. Y las que les quedan. Ese es el camino”, ha escrito en Twitter.

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