Congreso de los Diputados

El PP presenta una Proposición para evitar que la banca repercuta los impuestos hipotecarios a los consumidores

El PP quiere claramente liderar la oposición y que Cs no le haga sombra. El ámbito económico será una de sus prioridades. Y para ello está comenzando a presentar propuestas en el Congreso. En concreto, este martes ha presentado una Proposición de Ley para que se elimine el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en toda España para la compra de la primera vivienda.

El objetivo prioritario de esta iniciativa del Partido Popular, es tener en cuenta a sus votantes, por lo que pretende evitar que la banca pueda repercutir los gastos hipotecarios a los usuarios tras aprobarse la ley nueva hipotecaria, en definitiva una transposición de una norma comunitaria que llega con más de tres años de retraso a nuestro ordenamiento jurídico.

Se inicia así el proyecto de revolución fiscal que anunció el PP que aplicaría en su programa electoral y que pretende liderar como oposición tras haber perdido las elecciones generales.

En cambio, en los bastiones donde ya ha conseguido alcaldías o comunidades autónomas estas reformas irán más allá. De hecho el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ya ha anunciado que su objetivo para la capital será rebajar el IBI, el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), incrementando sus incentivos fiscales, así como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (el impuesto de Sucesiones del Ayuntamiento) y eliminar las tasas que aplicó Sánchez Mato a los cajeros bancarios y a los generadores de residuos.

Es una bomba a la línea de flotación del entramado impositivo que había diseñado el ya reprobado concejal por Manuela Carmena, cuando Cristobal Montoro la amenazó con no liberarle los recursos necesarios para que funcionara Madrid si no obedecía los principios aprobados en el Congreso de los Diputados para rebajar el enorme endeudamiento de algunos ayuntamientos, entre ellos el de Madrid.  Esta gigantesca deuda restaba credibilidad al intento del Gobierno de convencer a Bruselas de que se controlaban los gastos de Autonomías y Ayuntamientos.

El documento que ahora ha presentado en el Congreso el GPP, sostiene que para que el sistema hipotecario siga funcionando de forma eficiente es imprescindible “contar con la máxima seguridad jurídica y económica, siendo esta la base del  Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2017”.

Según explica, esta iniciativa no solo pretende  incorporar al ordenamiento español el régimen de protección previsto en la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo, sino que aspira a “no dejar fuera a los autónomos” y a “proteger aún más a las familias ante una de las decisiones económicas más importantes de su vida: la compra de una vivienda y las condiciones de su financiación”.

Para el PP la mera “modificación del artículo 29 de la ley, dispuesta en el Real Decreto Ley 17/2018 de 8 de noviembre, para clarificar que el sujeto pasivo es el prestamista (la banca) y no el prestatario (cliente) para la parte variable del ITP-AJD en los préstamos hipotecarios no resuelve realmente el problema, ya que, a su juicio “las entidades financieras pueden repercutir este impuesto a las familias incrementando el coste de las nuevas hipotecas que concedan”.

Por esta razón, reclaman que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sea ‘0’ para que las entidades no puedan repercutir ese impuesto cuando se contrata una hipoteca en todas las Comunidades Autónomas.

Esta Ley pretende también compensar a las Comunidades Autónomas para que dispongan de los medios necesarios para su funcionamiento, después de todas las decisiones aprobadas para respetar el memorando de entendimiento con la Unión Europea.

España ha cumplido con Bruselas, pero ahora todos los partidos quieren que las CCAA puedan cumplir con sus votantes. Será uno de los debates que orientarán en los próximos meses el modelo autonómico que quiere cada partido, incluido el modelo que se quiere para Cataluña, lo que da idea de la complejidad del proyecto. Estamos hablando de altas finanzas.