El Defensor del Pueblo pide más oferta de alquiler social para colectivos vulnerables

También censura el elevado precio de la luz, el cobro de comisiones bancarias y las carencias en la sanidad

El Defensor del Pueblo ha reclamado un cambio en la política de vivienda para contar con una mayor oferta pública a favor del alquiler social que debería destinarse a los colectivos más desfavorecidos y ha pedido a las administraciones más recursos y rapidez para atender situaciones de emergencia social.

En este sentido, en opinión del Defensor del Pueblo “no ha habido política de vivienda” y esto ha derivado en la realidad actual, en la que las administraciones no cuentan con viviendas suficientes para dar respuesta inmediata a las necesidades sociales más urgentes, como desahucios de unidades familiares con menores de edad.

En su informe anual, el Defensor del Pueblo ha insistido en que a lo largo de la crisis económica, y en función de las medidas de austeridad adoptadas a partir de 2010, se ha vivido un retroceso en la política de vivienda que ha conducido a España a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social “en un bien tan esencial”.

Asimismo, el Defensor del Pueblo se ha mostrado “especialmente” preocupado por las consecuencias de la venta de vivienda pública a empresas privadas y ha pedido, por ello, que se creen procedimientos específicos de adjudicación de vivienda protegida para los afectados.

En el contexto actual, ha abogado por un cambio en la política de vivienda ya que considera “urgente” formular una oferta pública a favor del alquiler social que debería destinarse a los grupos que más han sufrido los efectos de la crisis económica.

Entre ellos, cita a las familias con menores a cargo o con personas con discapacidad; mujeres solas con cargas familiares; familias constituidas por personas en situación de desempleo o que perciben una baja retribución; jóvenes que no han podido alcanzar la emancipación residencial y mujeres víctimas de violencia de género.

Por todo ello, ha pedido a las administraciones que se doten de recursos suficientes y busquen nuevas vías, más rápidas y eficaces, para atender las situaciones de emergencia social, sobre todo cuando hay menores implicados.

“Son casos que requieren soluciones inmediatas ya que la necesidad de vivienda y urgencia es mayor“, subraya el Defensor del Pueblo.

Además, ha recomendado a comunidades autónomas y ayuntamientos que creen una base de datos única que coordine los distintos Registros Públicos de Demandantes de vivienda.

También ha subrayado que tras la investigación realizada en 2018 con los ministerios de Fomento y de Justicia por el incumplimiento de las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de vivienda social y desahucios, ha reclamado a ambos departamentos un análisis coordinado del Dictamen del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Sobre todo, teniendo en cuenta que en 2017 ésta determinó que España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desahuciada en 2013 sin que se le proporcionara una vivienda alternativa.

Entre las quejas recibidas en materia de vivienda por la institución, destacan aquellas derivadas de problemas con la adjudicación de viviendas de protección pública, por ayudas en materia de vivienda, o por la venta de vivienda de protección pública a empresas privadas.

“Elevado precio” de la luz

El informe también critica “la elevada cuantía de la parte fija de la factura” de la luz, lo que supone “una preocupación para muchas familias”. El Defensor del Pueblo destaca el “alto número de quejas” que recibió durante el pasado año por el bono social eléctrico.

En el documento, la institución denuncia que el marco normativo referido al suministro eléctrico no está adaptado a la realidad social y a las exigencias constitucionales, aunque valora la elaboración de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, cuya medida más reseñable es la supresión del peaje al autoconsumo de energía eléctrica.

Además, destaca las medidas llevadas a cabo en 2018 en esta materia como las referidas a favorecer la información de los consumidores y las realizadas contra las prácticas comerciales engañosas para el cambio de comercializadora.

Cobro de comisiones bancarias

En otro apartado, el informe del Defensor del Pueblo censura el cobro de determinadas comisiones bancarias por parte de las entidades financieras, sobre todo en el caso de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.

El texto considera que “no es razonable” considerar como servicios adicionales -y cobrar por ello- el ingreso de efectivo en cuentas de terceros por lo que insta a la administración a atajar esta práctica

También lamenta la ineficacia de las reclamaciones y mecanismos extrajudiciales habilitados por la banca para compensar a sus clientes por la comercialización, entre otros productos, de hipotecas con cláusulas suelo abusivas, y afea la falta de colaboración de algunas entidades.

“Importantes carencias” en la sanidad

Francisco Fernández Marugán también señala que las quejas planteadas por la institución en materia de sanidad muestran “importantes carencias” en el nivel de Atención Primaria del sistema público de salud en forma de precarización y falta de medios”, lo que “exige una reacción efectiva” de todos los poderes públicos, que pudiera concretarse en un acuerdo estatal que garantice la suficiencia del sistema, adaptado a las diferencias territoriales y necesidades en cada comunidad autónoma.

Entre las carencias de atención primaria, el texto destaca la insuficiente dotación humana y las condiciones de precariedad laboral, además de otras cuestiones de carácter estructural y organizativo.

También señala que las principales quejas en el ámbito de la sanidad pública derivan de la atención específica a determinadas enfermedades o síndromes y el desplazamiento y derivación de pacientes entre comunidades autónoma y destaca que la fortaleza del Sistema Nacional de Salud depende en alto grado de “la dedicación y excelencia de sus profesionales”.