Interior eliminó con fondos reservados el rastro del robo a Luis Bárcenas

El comisario García Castaño reconoce la compra de un ordenador para que Francisco Martínez consultara los móviles robados al extesorero

La Operación Kitchen sigue aportando datos hasta ahora desconocidos. El comisario Enrique García Castaño, uno de los mandos policiales que dirigió la operación, declaró ante la Audiencia Nacional la compra, con fondos reservados, de un ordenador potátil para que el exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, consultara en secreto la información sustraída a Luis Bárcenas, según publica este lunes El Mundo. 'El gordo', como se le conoce en las altas esferas, señaló entre la relación de pagos uno en concreto, denominado como "Equipo informático SES (Secretaría de Estado de Interior)", que correspondería con la compra del equipo.

La compra engloba según siempre la declaración que hace pública El Mundo, un pendrive en el que se volcó, sin orden judicial, el contenido íntegro de varios teléfonos móviles del extesorero del PP.

El comisario aseguró el pasado martes que Francisco Martínez estaba al tanto de la operación armada en 2013 para espiar al extesorero tras estallar el escándalo de la contabilidad paralela de la formación. Según informaron medios nacionales, García Castaño declaró al magistrado que entregó a Martínez un pendrive con información extraída de los móviles del extesorero popular gracias a su chófer, Sergio Ríos, que actuó como confidente policial. Esta nueva confesión se suma a la ya realizada por este exalto cargo policial en la que admitió entrar de forma ilegal en uno de los inmuebles del extesorero del PP.

A García Castaño, antiguo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, se le investiga por supuesta “organización criminal” por su colaboración con el excomisario José Manuel Villarejo.

García Castaño está investigado por su presunta pertenencia al clan “parapolicial” que lideró durante años el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, con quien según la instrucción, habría venido colaborando de forma “estable” en contextos como este operativo ejecutado dentro de la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino a partir de 2013 y sufragado con fondos reservados, como los que se usaron para captar de confidente al chófer de Bárcenas, también investigado.

Cuando fue llamado a declarar el pasado 26 de marzo, García Castaño explicó que el dispositivo se desplegó con el conocimiento de la Secretaria de Estado de Seguridad que dirigía Francisco Martínez y en la participación de otros policías, como el ahora comisario Andrés Gómez Gordo, persona considerada próxima a la exsecretaria General del PP María Dolores de Cospedal. Defendió, no obstante, que el objetivo era descubrir los fondos ocultos y testaferros de Bárcenas.

Añadió además que él mismo se encargó de entrar discretamente en uno de los inmuebles de Bárcenas, un estudio donde restauraba muebles su mujer Rosalía Iglesias. El objetivo era hacerse con esa documentación que, según la tesis que manejan los investigadores, habrían tratado de conseguir para que no llegase al juez que instruía la trama Gürtel.

García Castaño dijo que en su entrada en aquel inmueble no encontró los discos duros que buscaba y planteó la posibilidad de que el chófer de Bárcenas hubiese dado antes con ellos, en cuyo caso, podría habérselos entregado a Andrés Gómez Gordo dado que ambos tenían relación.

A juicio a partir del viernes

El juicio, que comienza este viernes a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial de Madrid, sentará en el banquillo de los acusados a la extesorera del partido Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno. La formación política es la primera que es acusada penalmente como persona jurídica. Todos ellos están acusados por la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles que utilizaba el extesorero del PP en la sede de la calle Génova de Madrid. El partido, como persona jurídica, solo responde por un presunto delito de daño informático.

En este juicio no existe acusación particular, ya que el propio Bárcenas se retiró del procedimiento en septiembre de 2016 y que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa por entender que no existen “indicios relativos a ciertos extremos esenciales”. Además, sostiene que la única versión sobre estos hechos es la de Bárcenas, que la considera “inverosímil y contradictoria”.

Así las cosas, sólo ejercen acción penal contra ellos Izquierda Unida, Adade y el Observatori Desc, por lo que el Ministerio Público pide la absolución para los acusados o, en su caso, la aplicación de la ‘Doctrina Botín’, es decir, evitar mantener un procedimiento judicial sólo con la acusación popular, tal y como lo consiguió el banquero fallecido Emilio Botín.

Izquierda Unida es la acusación popular que interesa las condenas más severas para los acusados. Solicita que el PP sea penado con una multa de 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que a Navarro, Durán y Moreno se les imponga cuatro años y seis meses de prisión por estos dos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.

Por su parte, el Observatori Desc solicita para la extesorera del PP la pena de dos años de cárcel por un delito de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado y el informático interesa la imposición de una condena de un año y once meses y un año y diez meses, respectivamente, por las mismas conductas penales. Para la formación política pide la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y prohibición de recibir donaciones por un plazo de cinco años.

Asimismo, estas dos acusaciones consideran necesario que los cuatro acusados indemnicen a Bárcenas como perjudicado con la cantidad que reclame.

Por último, Adade considera necesario que el PP sea multado con 109.500 euros por el delito de daño informático y que la extesorera y el abogado de la formación sean condenados con dos años de prisión por ese delito y el de encubrimiento; mientras que para el informático pide solo un año de cárcel.

Bárcenas y Cospedal acudirán como testigos

Aunque no acuse, Bárcenas –que se encuentra en prisión cumpliendo la condena de 33 años y cuatro meses impuesta por la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la trama Gürtel– no se librará de comparecer ante el juez, pues tanto esta acusación como IU le han citado a declarar como testigo.

También acudirá a la Audiencia Provincial la que fuera ‘número dos’ del PP María Dolores de Cospedal a petición de las tres acusaciones por su “condición de superior jerárquica” sobre el informático y la extesorera. Precisamente el escrito de IU y Desc añaden que la exministra de Defensa adoptó la decisión con Navarro de “prohibir la entrada” a Luis Bárcenas a la sede de los ‘populares’, hecho que desencadenó esta causa que ahora se juzga.

Además, las tres destacan que Cospedal habría tenido “conocimiento de los hechos investigados” por la declaración que prestó como testigo ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, durante la instrucción del caso Gürtel y los denominados ‘papeles de Bárcenas’.

La vista oral se iniciará más de un año después de que la juez instructora de Madrid, Rosa María Freire, enviara a juicio a la extesorera de los ‘populares’ Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado Alberto Durán, por los delitos de encubrimiento y daños informáticos y al PP, como persona jurídica, sólo por el segundo de ellos.

La magistrada vio claros indicios de que los documentos almacenados fueron eliminados “a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”.

Retransmisión del juicio

No obstante, aún está por resolver si el juicio se retransmitirá en directo o si finalmente tan sólo se permitirá el acceso a los medios de comunicación a la sala, tal y como han solicitado la Fiscalía y los cuatro acusados.

Según explicó el Ministerio Público en un comunicado, su oposición a la emisión se basa en “garantizar el derecho de defensa” y evitar “que los testigos que hayan de declarar en el juicio oral puedan tener conocimiento de lo que hubiesen declarado otros testigos o, incluso, los propios acusados”. También afirmó que se busca proteger “la identidad e intimidad de aquellos testigos anónimos que han sido llamados a declarar”.

Para el PP, basta con la presencia de periodistas en la sala del juicio para garantizar el derecho a la información, pues “no necesitan la utilización de medios audiovisuales para proporcionar una información veraz a la ciudadanía”.

En el caso de que el juez autorice la retransmisión, la formación política solicita que se adopten medidas tendentes a evitar la identificación de los acusados, testigos, peritos y demás intervinientes y para ello aconseja hacer planos desde atrás o edición para hacer irreconocibles los rostros, “en especial, del representante especialmente designado del Partido Popular que será un abogado externo ajeno al partido”.

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