Bruselas activa el procedimiento para sancionar a Italia por no reducir su deuda

La deuda pública italiana supera el 130% del PIB y seguirá creciendo en los próximos años, llegando a alcanzar el 135,2% en 2020

La Comisión Europea ha activado este miércoles el procedimiento para sancionar a Italia por no haber adoptado medidas suficientes para reducir su deuda pública, que supera el 130% del PIB y seguirá creciendo en los próximos años, en un paso que abre la puerta a una multa de unos 3.500 millones de euros.

Aunque Bruselas también ha aprobado informes similares sobre Bélgica, Francia y Chipre, el Ejecutivo comunitario pone el acento en el caso italiano y señala que está “justificado” abrir un expediente a Roma por su excesiva deuda pública.

Es la segunda vez en los últimos meses que las autoridades comunitarias denuncian la incapacidad del Gobierno italiano para reducir el endeudamiento del Estado. En la anterior ocasión, a finales de 2018, Bruselas canceló el procedimiento después de que Roma cediese y enmendase su presupuesto para este año para adecuarlo a las reglas fiscales europeas.

Ahora, la Comisión Europea reabre el expediente al entender que Italia ha relajado sus esfuerzos presupuestarios. La deuda pública cerró el año pasado en el 132,2% del PIB y crecerá hasta el 133,7% este año y al 135,2% en 2020, según las últimas previsiones de la institución comunitaria.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro, Valdis Dombrovskis, ha recordado que el paso dado por Bruselas no supone la apertura del expediente, ya que antes debe ser confirmado antes por los Estados miembros, pero ha advertido de que “es mucho más que únicamente un procedimiento”.

“Cuando miramos la economía italiana, estamos viendo el daño que están haciendo las recientes decisiones políticas”, ha señalado el letón, quien más tarde ha avisado de que “lo que le pasa a un país de la eurozona le afecta a todos los demás”.

Dombrovskis ha enfatizado que el nivel actual de deuda pública italiana representa una carga media de 38.400 euros para cada ciudadano, a los que hay que añadir 1.000 euros por habitante por los costes de los servicios de deuda.

Además, el informe aprobado este miércoles advierte de que una deuda pública tan elevada “expone al país a problemas de confianza de los mercados”, lo que supone un impacto en los tipos de interés y en los costes de financiación de la economía real.