La Mesa del Congreso suspende a los diputados presos con el aval de los letrados y el apoyo de PSOE, PP y Cs

La Mesa del Congreso ha decidido suspender automáticamente a los cuatro diputados presos que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- pero no ha acordado la medida por unanimidad. Los dos representantes de Unidas Podemos se han pronunciado en contra tras haber solicitado más tiempo y haber criticado la premura con la que se ha abordado este asunto. Sobre la consecuencia más trascendental de la suspensión, el cómputo de las mayorías parlamentarias, no hay precisiones. Según ha detallado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tendrá que ser la secretaría general del Congreso la que lo analice desde un punto de vista técnico para que después resuelva la Mesa.

Lo normal sería que corriera la lista y que los diputados suspendidos fueran reemplazados por quienes iban detrás de  ellos en las candidaturas para el 28-A. Ahora bien, si como ocurrió en el Parlament los grupos se niegan a sustituirlos, eso podría afectar de forma sustancia a las mayorías que se necesitan, por ejemplo, para la investidura de Pedro Sánchez. Habrá que establecer si la mayoría absoluta sigue estando situada en los 176 votos o si se restan de los 350 que componen el pleno los cuatro diputados que ya no ocuparán su escaño cuando se celebre el debate. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno no está buscando ventaja alguna y que solo piensa en los 350 diputados y la mayoría absoluta de los 176. Si esas cifras varían será por una decisión ajena al Ejecutivo, ha precisado.

Batet ha hecho notar que ante una “situación inédita” como la que ha tenido que afrontar por la situación de los cuatro diputados catalanes, se ha buscado “salvaguardar” el poder legislativo y “garantizar” los derechos de los parlamentarios. Ha remarcado que ha procurado tomar las decisiones correspondientes “conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica”, las cuales en ningún caso pueden tener carácter “político” o discrecional.

La Mesa se ha pronunciado tras haber recibido el informe de los letrados del Congreso que avala la suspensión de los cuatro diputados catalanes en prisión preventiva en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en concreto su artículo 384 bis. La suspensión se fundamenta también en el artículo 21 del Reglamento de la Cámara, que dice que un diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando “concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”. La duda sobre este precepto era su planteamiento de petición del suplicatorio, un factor que no se da en este caso y que no se va a dar, ya que el Supremo dejó claro en su auto del 14 de mayo que no lo va a solicitar.

Sin embargo, los letrados dejan claro que el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “debe entenderse de aplicación, también automática y ‘ope legis’ -por ministerio de la ley-, al caso que nos ocupa”. Dicho precepto establece que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. “Por ello -asegura el informe- corresponde a la Mesa del Congreso declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo a los diputados Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Turull. Y, asimismo, le compete señalar el alcance de esta suspensión mientras dure la situación de prisión, adoptando las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal”.

La última parte significa que la Mesa tendrá que resolver además, apuntan los letrados, el alcance de la suspensión, la determinación del número de miembros de derecho de la Cámara durante el tiempo que dure la suspensión, a los efectos del cómputo de la mayoría absoluta, y también la composición de los órganos parlamentarios. Es decir, la Mesa tendrá que fijar el umbral de la mayoría absoluta -176 diputados con todos los parlamentarios, 350, en plena condición como tales-, lo que es clave para, por ejemplo, la sesión de investidura. Y eso es lo que el órgano de gobierno de la Cámara ha encargado estudiar a la secretaría general para después resolver sobre el informe técnico que los letrados le presenten.

En su comparecencia ante los medios, Batet ha justificado el escrito que dirigió al Tribunal Supremo para aclarar las dudas sobre la suspensión, así como el encargo a los letrados del informe, dada la “complejidad” y lo “delicado” de la cuestión y las “divergencias” en los diferentes escritos que las fuerzas políticas dirigieron a la Mesa. Ha subrayado que el encargo del informe ha sido la decisión “más prudente, más garantista y con mayor seguridad jurídica” que se podía tomar.

Críticas de todo el arco: desde los independentistas hasta el PP y Cs

Además de la discrepancia de Unidas Podemos, la suspensión no ha contentado a nadie, como por otra parte era de esperar, sobre todo porque estamos a solo dos días de unas elecciones en las que una vez más el conflicto catalán ha atravesado todo el debate. Es más, tanto la derecha como los independentistas han leído la polémica sobre los diputados presos en términos de intereses electorales. Para la popular Ana Pastor, que es miembro de la Mesa, Batet “ha perdido el tiempo” porque debería haber procedido a la suspensión “por imperativo legal” sin esperar a que se emitiera informe alguno. Para el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villas, la suspensión ha sido posible gracias a esa ‘actitud vigilante’ del partido a la que instiga Albert Rivera para ejercer de líder de la oposición aunque los números le desmientan. Es decir, según Villas si Cs no lo hubiera reclamado, no se habría producido. Los presos suspendidos, por su parte, atacan a Batet por plegarse a los designios del Supremo, como se aprecia en este tuit de Jordi Sànchez y como si fuera posible en democracia desobedecer al tribunal.

“Marchena gana el pulso a Batet El Congreso acaba de suspender, sin el suplicatorio que establece el art. 21.2 del Reglamento Negar la presunción de inocencia y tensar el Reglamento no resuelve nada. Desde la cárcel y como diputado efecto sigo apostando por el diálogo y la democracia”, ha escrito Sànchez. “Nos han suspendido en España pero no lo podrán hacer en Europa! # 26M Un preso político entrando en el Parlamento Europeo es la mejor manera de denunciar la represión del Estado Español, es poner en jaque al Estado ante toda Europa!”, ha opinado Oriol Junqueras también en Twitter.

Los diputados de JxCat Laura Borràs y Jaume Alonso Cuevillas han denunciado un “golpe al Estado de derecho” por parte de la Mesa del Congreso, ante lo que presentarán un escrito de reconsideración como paso previo a recurrir al Constitucional.

 

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