Tras chocar con el TS, Batet pide un informe a los letrados y aplaza la suspensión de los presos

La Mesa del Congreso va a pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la posible suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya). Se ha cumplido así lo previsto después de que el Tribunal Supremo se negara a resolverle la papeleta a la Cámara, desactivando la bronca entre los dos frentes en los que ya se ha dividido la Mesa: PP y Cs, firmes defensores de la inmediata suspensión, y Unidas Podemos, grupo con muchas más dudas sobre la medida. El PSOE da por hecho que los presos serán suspendidos pero sin especificar cuándo. En principio, la Mesa volverá a reunirse este viernes para tomar la decisión definitiva.

En la reunión de este jueves, el PSOE ha hecho frente común con Unidas Podemos para pedir el informe a los letrados para lo que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido una unanimidad a los miembros de la Mesa que no ha sido posible conseguir. Batet ha señalado en rueda de prensa que “el objetivo de la Mesa y de esta Presidencia es preservar el sistema constitucional y garantizar que las decisiones que se tomen respondan estrictamente al Estado de Derecho y con las máximas garantías jurídicas”. Frente a la postura de la formación que lidera Pablo Iglesias, partidaria de dar más tiempo a la elaboración del informe de los letrados, la presidenta quiere resolver el asunto cuanto antes pero, eso sí, despejando toda sospecha de discrecionalidad. “Ante cualquier duda, por pequeña que sea”, considera preferible dejar claro que “toda decisión tiene fundamentos jurídicos sólidos y garantías de que no puede ser calificada como una decisión política”.

Las explicaciones de la presidenta no han servido para frenar la ofensiva que PP y Cs han puesto en marcha contra ella desde la sesión constitutiva del Congreso, el martes pasado, y que obviamente no van a rebajar al menos hasta que hayan pasado las elecciones del domingo. La vicepresidenta tercera del Congreso y representante de del Grupo Popular en la Mesa, Ana Pastor, considera que la Cámara no tenía necesidad de encargar un informe a los letrados porque “la ley es clarísima”. “Los informes jurídicos se solicitan cuando hay dudas jurídicas, pero en este caso la ley es inequívoca, clarísima y de obligado cumplimiento. Aplíquese la ley sin dilación”, ha insistido la que hasta el lunes ocupaba la presidencia que ahora desempeña Batet.

Más duro, el líder del PP, Pablo Casado, ha advertido a la actual presidenta de que incurrirá en prevaricación si no suspende de forma “inmediata” a los presos “golpistas”. A su juicio, su forma de actuar solo busca “ganar tiempo” con el objetivo de “amarrar un puñado de escaños” en las elecciones del 26-M. “Si no lo hace de inmediato -ha dicho- el PP ejercerá las acciones legales oportunas para que quede muy claro que la señora Batet está cometiendo un delito de prevaricación porque está yendo contra la ley en vigor a sabiendas”.

El hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha coincidido con Pastor en que el informe de los letrados es innecesario porque la ley es suficientemente clara sobre la suspensión. Según Girauta, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y Batet “están siendo cómplices de golpistas, que seguirán cobrando”, y lo achaca a que “en el interés del partido de la señora presidenta está no perjudicar sus intereses electorales tomando una decisión a la que está obligada, por la ley”. Es más, sostiene que la no suspensión interfiere en el proceso judicial y puede provocar un conflicto institucional con el Supremo, el Parlamento o la Corona en una “sucesión de peligrosas anomalías” que a su juicio se han desencadenado porque Batet “no cumple con su función”. La que probablemente será su sucesora como portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, califica a Batet de “abogada defensora de Junqueras” y también la insta a dejarse de excusas para dilatar la decisión.

Lo previsible es que el informe de los letrados concluya que las dos normas que pueden hacer posible la suspensión, la LeCrim y el reglamento del Congreso, son “concurrentes”, por lo que no ha lugar al debate sobre cuál de las dos prima sobre la otra y qué institución debe proceder a su aplicación, el Supremo o la Cámara Baja. Todo apunta a que los cuatro diputados quedarán suspendidos desde el próximo lunes.

El Supremo desoye el requerimiento de Batet

La Mesa de ha reunido después de que el Tribunal Supremo denegara, este mismo jueves, el informe que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le había solicitado para aclarar el alcance de la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que ha hecho el tribunal que juzga el “procés” independentista en el Supremo ha sido responder a la presidenta que su auto de la semana pasada ya apuntó la forma de proceder con respecto a los diputados presos y que no le remitirá ningún informe sobre la aplicación del mencionado artículo de la LeCrim porque es “inviable”. En concreto, esto es lo que se expone el oficio firmado por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena:

“La configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido por V.E. De ahí la necesidad de limitarnos a reiterar lo que ya fue razonado en nuestro auto de 14 de mayo de 2019, debidamente comunicado a esa Presidencia mediante oficio de la misma fecha. A lo allí expuesto nos remitimos. La causa penal va a seguir su curso y es misión de esta Sala salvaguardar los fines del proceso”.

La última frase de la providencia alude al que es el principal objetivo del juez Marchena desde que echó a andar el juicio oral contra los responsables políticos del 1-O y de la declaración unilateral de independencia: preservarlo escrupulosamente de cualquier sospecha de extralimitación de los jueces para que el Tribunal de Estrasburgo, en cuyas manos sin duda acabará la sentencia que se dicte, tenga los menos elementos posibles a los que acogerse para dictar su nulidad.

Respecto al artículo 384 bis, la duda sobre su aplicación reside en que, según su redacción, se puede suspender a una persona “que estuviere ostentando función o cargo público” cuando se dicte contra ella auto de procesamiento firme por rebelión y se haya decretado además la prisión preventiva. En este caso, en cambio, los líderes del procés han sido elegidos parlamentarios en las Cortes casi un año después de ser procesados. Por ello, el Supremo considera que es preferible aplicar el artículo 21 del Reglamento del Congreso, que prevé la suspensión de los procesados que estén en prisión preventiva, pero debe ser el Congreso quien lo haga. Lo contrario, según los magistrados, sería “una injerencia” del poder judicial en el político.

Ese es el motivo por el que el tribunal no ha seguido el ejemplo del juez instructor, Pablo Llarena, que sí instó al Parlamento de Cataluña a aplicar el artículo 384 bis, al carecer su reglamento de una regulación específica al respecto. En cambio, el artículo 21 del Reglamento del Congreso establece que un diputado quedará suspendido “cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”, así como “cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria”. El auto del 14 de mayo considera que no tiene sentido la objeción de que en este caso no se ha cumplido el requisito del suplicatorio, toda vez que el Supremo ha rechazado solicitarlo por estar ya en marcha y muy avanzado el juicio contra los líderes del ‘procés’.

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