Batet traspasa al Supremo la potestad de suspender a los diputados presos tras pedirle aclaraciones

El asunto de la suspensión de los diputados presos, los cuatro que están siendo juzgados por haber liderado el ‘procés’, se ha convertido en la gran patata caliente del arranque de la legislatura y el motivo de un insólito cruce de comunicaciones entre el poder judicial y el legislativo, por una parte, y la Fiscalía y el tribunal que preside Manuel Marchena, por otra. La nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado a la Mesa para este jueves con el fin de que aborde la suspensión pero ella ya lo tiene claro: “La función jurisdiccional corresponde al poder judicial” por lo que “el Tribunal Supremo es el competente para determinar las consecuencias de las conductas de quién está juzgando".

Sobre la suspensión no parece haber dudas, salvo las que ya ha expresado el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, próximo a los independentistas. Lo que sí hay es una pugna por ver quién la ejecuta sobre el telón fondo de la campaña para el 26-M, en la que la derecha -PP, Cs y Vox- no van a cejar en su empeño de denunciar supuestos ‘pactos secretos’ de los socialistas con el secesionismo. Lo más probable es que si la Mesa que Batet ha convocado tuviera que pronunciarse, el PSOE votara con populares y naranjas a favor de la suspensión en contra de sus aliados de Podemos, pero no eso no haría que bajaran los decibelios del griterío con el que ha arrancado la legislatura y que se ha prolongado un día después.

Sobre el debate puramente técnico, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha anunciado la presentación de un escrito ante la Sala que juzga el ‘procés’ independentista solicitando que se comunique a las Cortes que deben proceder a la aplicación inmediata del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y suspender de funciones a los cinco parlamentarios presos que han tomado ya posesión de su escaño. La petición de la Fiscalía busca la suspensión de Raül Romeva en el Senado y de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez en el Congreso de los Diputados sin tener que acudir a ninguna interpretación del Reglamento de cada Cámara, que era la opción que había apuntado el alto tribunal en el oficio que remitió la semana pasada a ambas Cámaras.

El artículo 384 bis de la LeCrim ya fue aplicado a algunos de los ahora parlamentarios cuando fueron elegidos como representantes en el Parlament, en los comicios autonómicos del 21 de diciembre de 2017 a instancias del instructor del caso, Pablo Llarena. Ese artículo dice lo siguiente: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión“.

En su escrito, de 5 páginas, que firman los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, se recuerda que el auto de Llarena no buscaba “sino preservar el orden constitucional impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad”. Añadía Llarena que la aplicación de este artículo (el 384 bis) ya cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, que lo estableció por sentencia en 1994, y que por ello la condición de parlamentario “puede ser vista por el legislador como inconciliable con la permanencia del procesado por estos delitos en el desempeño de funciones o cargos públicos o, más sencillamente, como incompatible con la concesión de cualquier permiso de salida de prisión para la eventual realización de actos concretos que suponga ejercicio de tal función o cargo”. La Fiscalía concluye que “para la efectividad y cumplimiento de la citada previsión legal, ambas Cámaras parlamentarias deben proceder a la ejecución sin más trámites de la medida de suspensión en el ejercicio de sus funciones”.

Doble petición al tribunal del ‘procés’ para que ‘se moje’

Coincidiendo con la presentación de este escrito, Batet ha remitido otro al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en el que consulta el alcance del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, la presidenta del Congreso se suma a la petición para que el tribunal del ‘procés’ se implique y resuelva la situación tras la toma de posesión, el martes, de los cuatro diputados que, como el senador Raül Romeva, están en prisión preventiva por el proceso soberanista catalán. A Batet ya le han llovido críticas de la oposición por dirigirse al Supremo antes de reunir a la Mesa y ella se ha defendido subrayando que no ha hecho nada que afecte al fondo de la cuestión, que no es su voluntad obstaculizar a la Mesa y que “hay unas funciones que el reglamento atribuye a la presidencia como es interesarse por cualquier circunstancia que entorpezca la labor de cualquier miembro de la Cámara”.

Batet ha comparecido en el Congreso tras mantener su primera reunión con el Rey para informarle de la sesión constitutiva y cuando le han preguntado si, además de la petición que ha cursado al Supremo ella es partidaria se solicitar también un informe jurídico a los letrados, ha recordado que esa facultad corresponde a la Mesa y no a la Presidencia y que, si así se acuerda, así se hará. Todo apunta que ante el apremio de PP, Cs y Vox, que reprochan que no se haya reunido ya el órgano de gobierno de la Cámara antes incluso de la audiencia del monarca, y las dudas de Unidas Podemos sobre la pertinencia de que sea la Mesa y no el Supremo quien decida sobre la suspensión, el debate derivará al encargo del informe. En este caso, habrá que determinar el alcance del artículo 21.2 del Reglamento de la Cámara, que establece que un diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando “concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”.

Antes de ver al Rey y de comparecer en el Congreso, Batet ha sido entrevistada en la Cadena SER y ha admitido que “todo indica” que los diputados presos serán suspendidos: “De acuerdo con la ley, parece que todo indica esto. La Ley de Enjuiciamiento es bastante clara y el Reglamento del Congreso también”. En cualquier caso y habida cuenta de que habrá que esperar a recibir las aclaraciones solicitadas al Supremo y el informe de los letrados, lo previsible es que la Mesa no tome una decisión sobre los presos hasta la próxima semana, ya después de las elecciones europeas, municipales y autonómicas del próximo domingo.

Entretanto, PP y Cs siguen compitiendo por ver quién hace la declaración más explosiva para acaparar más titulares. Para Albert Rivera, la culpa del retraso no es de los trámites de obligado cumplimiento, sino del PSOE.

A Pablo Casado, se le ha ocurrido que habría que analizar si los diputados independentistas han podido cometer perjurio por acatar ayer la Constitución sabiendo que lo hacían “falsamente” o de forma “ofensiva contra la legalidad”, al usar fórmulas con añadidos sobre los tradicionales ‘sí, juro’ o sí, prometo’. Olvidando lo que dicen la legislación española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no acotan una fórmula concreta de acatamiento, se ha remitido nada menos que a las leyes de Estados Unidos al recordar que en 2008 Barack Obama tuvo que repetir un juramento “por cambiar un adverbio”. En cualquier caso, culpa a la estrategia del PSOE que, según ha dicho, “es lo que parece, verde y con asas”, en referencia a que no le cabe “ninguna duda” de que Sánchez tiene con los independentistas “un pacto de escaños en la investidura por indultos”.

El único que se despega de la corriente a favor de la suspensión es el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se declara partidario de permitir a los diputados presos que ejerzan su cargo en el Congreso, aunque recalcando al mismo tiempo que su formación acatará la decisión del Tribunal Supremo sobre su posible suspensión. Iglesias ha dicho en LaSexta que los diputados presos están en el Congreso porque han recibido el apoyo de la ciudadanía en las urnas. “Lo razonable es que pudieran ejercer su labor de representantes de la gente, lo son igual que lo soy yo, Rivera, Abascal o cualquier diputado”, ha señalado.

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