La suspensión de los presos electos, el estreno de Vox y el 26-M marcan la constitución de las Cortes

Las nuevas Cortes surgidas de las elecciones del 28 de abril se constituyen este martes en una sesión que promete dejar imágenes para la posteridad aún más impactantes que las del arranque de la XII legislatura. Esta vez no habrá bebés en escaños del hemiciclo, pero sí estarán los cuatro diputados que cumplen prisión provisional en Soto del Real por haber celebrado un referéndum ilegal y haber declarado unilateralmente la independencia de Cataluña. A poca distancia, estarán los 24 representantes de Vox, entre los que hay algunos que a su ideología de extrema derecha unen la connivencia con los vestigios del franquismo. Antes incluso de que haya arrancado la XIII legislatura, ya está incubándose la primera gran bronca parlamentaria en respuesta a dos cuestiones: ¿Hay que suspender a los presos diputados? ¿Quién debe tomar la decisión?

Ese es el primer gran reto al que deberá hacer frente Meritxell Batet que, si todo marcha como está previsto, se convertirá este martes en la nueva presidenta del Congreso. Junto a ella, en la Mesa de la Cámara, dos representantes del PP -la predecesora de Batet, Ana Pastor, y Adolfo Suárez Illana-, dos de Ciudadanos -Nacho Prendes y Patricia Reyes-, dos de Unidas Podemos -Gloria Elizo, que como vicepresidenta primera será quien sustituya a Batet cuando se ausente, y Gerardo Pisarello- y dos más del PSOE: una vicepresidencia para el andaluz Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y una secretaría para la balear Sofía Herranz.

En el Senado, el PSOE, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, propondrá al senador del PSC Manuel Cruz para la Presidencia, mientras que la vicepresidenta primera será ocupada por la presidenta del partido, Cristina Narbona, y una secretaría será para el exdirector general de Memoria Histórica, Fernando Martínez. El PP ha propuesto a Pío García-Escudero para la vicepresidencia segunda y a los senadores Rafael Hernando y Salomé Pradas para dos Secretarías; falta que el PNV decida a quién postula para ocupar el séptimo puesto de la Mesa, otra secretaría, que los socialistas han cedido a este partido.

Esas serán las Mesas que tendrán que tomar una decisión sobre los presos del ‘procés’ y si pueden conservar o no su condición de parlamentarios, una vez que este lunes la han adquirido mediante la presentación de credenciales tanto en el Congreso -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- como en el Senado, donde será Raül Romeva quien ocupe un escaño.  El Alto Tribunal ha pasado la patata caliente al Parlamento apelando al artículo 21.2 del reglamento del Congreso: “Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”. De las tres premisas contempladas en la norma -previa concesión del suplicatorio, firmeza del procesamiento y situación de prisión preventiva- se cumplen literalmente las dos últimas, pero no la primera. Y es precisamente por eso por lo que el Supremo estima que debe ser la Mesa del Congreso la instancia que decida si este precepto de su reglamento es aplicable, y en qué términos.

El Supremo, al parecer, no quiere que se le acuse de que invade las competencias del legislativo, como ocurrió cuando el juez Llarena suspendió a los dirigentes independentistas como diputados del Parlament -fueron elegidos en las autonómicas de 2017- tras dictar auto de procesamiento contra ellos por el delito de rebelión y teniendo en cuenta que ya estaban en prisión provisional. El juez aplicó el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal y en un principio les permitió que pudieran delegar su voto en otros parlamentarios de su mismo grupo. Cuando el Supremo confirmó los procesamientos por el delito de rebelión, en julio de 2018, Llarena abrió la posibilidad de que pudieran ser sustituidos. Junqueras y Romeva aceptaron la fórmula. Turull, Rull y Sànchez, en cambio, la rechazaron por considerar que se estaba produciendo una invasión de competencias por parte del poder judicial al interferir en la vida parlamentaria y limitar la autonomía del poder legislativo catalán. En el caso del Parlamento nacional, la delegación de voto es totalmente inviable.

También ocurre que el reglamento del Parlament no contempla la previsión que sí incluyen los del Congreso y el Senado y que el presidente del Supremo, Manuel Marchena, se ha encargado de recordar en el breve oficio con el que les endosa la decisión de suspender a los parlamentarios: “Las previsiones normativas del reglamento de ambas Cámaras para el caso de que un diputado o senador resulte procesado y se declare su prisión son bien expresivas”. Y aunque el artículo del reglamento del Congreso que trata la suspensión no cita específicamente quién debe suspenderlos, en otro artículo se atribuye a la Mesa las tareas del reglamento “que no estén atribuidas a un órgano específico”.

Lo previsible es que, aunque los miembros de la Mesa soliciten un informe jurídico, a los letrados de la Cámara, eviten por todos los medios ir a un conflicto institucional con el Tribunal Supremo. La suspensión de Junqueras no plantea problemas porque el líder de Esquerra ya ha anunciado su intención de renunciar al escaño en el Congreso para sentarse en el Parlamento Europeo, al que se presenta como cabeza de la candidatura de su partido. Distinto es el caso de Sànchez, Turull y Rull. La falta de tres o cuatro diputados, si se empeñan en no entregar el acta a quienes les siguen en la lista, afectaría a la mayoría simple -más síes que noes- abaratando la segunda votación del debate de investidura o la aprobación de los Presupuestos.

PP, Cs y Vox convierten la suspensión de los presos en su prioridad

De momento, la diputada  de JxCat Laura Borràs se ha mostrado convencida de que la nueva Mesa del Congreso no suspenderá de sus funciones a Sànchez, Turull y Rull, evitando referirse a Junqueras que ha ido a las elecciones del 28-A en una candidatura rival y que el 26-M disputara a su formación la hegemonía del independentismo en unos cuantos ayuntamientos. “Ellos están convencidos de que la Mesa del Congreso va a defender los derechos de los diputados, nos han pedido que lo traslademos así, con esta determinación”, ha explicado Borrás ante los medios de comunicación en la Cámara Baja.

En el extremo diametralmente opuesto está Vox, cuya diputada Macarena Olona ha cargado contra el PP y Ciudadanos por cambiar “sillas públicas” a cambio de estar sentados al lado de los “criminales” que apoyan ‘golpes de Estado’ en Cataluña sin haber hecho nada para evitarlo. Olona ha afirmado que quienes han recogido sus credenciales como parlamentarios no han sido políticos sino “cinco criminales que quieren reventar desde dentro la democracia”. Según la diputada de ultraderecha, este lunes se ha evidenciado “el fracaso” de la democracia española por la “inacción de los políticos” ya que, según ella, no es culpa del Tribunal Supremo, cuyos miembros están “atados de pies y manos”. “Vox está para denunciarlo y dar voz a todos los españoles que quieren que se traiga sentido común a las instituciones”, con independencia del sentido de su voto, ha señalado la diputada.

En cuanto a los otros dos partidos de la derecha a los que ha señalado la diputada de Vox como presuntos responsables de que los presos ocupen sus escaños, el líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado que se tomen las medidas que sean necesarias para revertir esa situación. En su intervención en la reunión de los nuevos grupos parlamentarios del partido para el Congreso y Senado, ha calificado de “escarnio” que estos políticos vayan a participar en la sesión constitutiva de las Cortes, y de “provocación” y “ofensivo” que hayan podido entregar hoy sus credenciales. Con toto, una de las reacciones más duras ha sido la del exportavoz en el Congreso y futuro miembro de la Mesa del Senado, Rafael Hernando:

El PP también exigirá que todos los parlamentarios prometan o juren acatar la Constitución “sin odas, interpretaciones, subterfugios, ni humillaciones” a la legalidad, para lo que presentará una iniciativa legislativa para no dejar este juramento a la interpretación de los tribunales. Casado ha subrayado que pretende que “no se permita ese sainete ofensivo a la legalidad” que, según ha dicho, hace cuatro años vivieron con los diputados de Podemos y los independentistas. Nada ha dicho de la posibilidad de que los diputados de Vox reediten la performance de Les Corts valencianas, donde juraron o prometieron el cargo ‘por Dios y por España’ pasándose de un escaño a otro una Biblia, un crucifijo y una imagen de la Virgen.

Ciudadanos, por su parte, sigue empeñado en disputar al PP y a Vox el papel de guardián de las esencias patrias y por eso su líder, Albert Rivera, ha anunciado que en cuanto se constituyan la Cortes pedirá la suspensión inmediata de los diputados presos “que han intentado dar un golpe en Cataluña”. “Aquí se sientan los que defienden la soberanía nacional, no los que han intentado liquidar España”, ha subrayado Rivera, insistiendo en que no se pueden sentar en el escaño hasta que no se resuelva la sentencia del “procés”. De hecho, ha asegurado que tiene ya preparado el escrito para registrarlo “al minuto siguiente” de que se constituya la Cámara.

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